Política

Senadora del MAS habla de modificar el cuestionado proyecto de ley; otra prevé su aprobación en un mes

Una representación del Gafilat llegará a Bolivia para evaluar sus recomendaciones.

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Mientras la senadora del MAS se abrió a la posibilidad de modificar algunos artículos del proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, su colega de partido Virginia Velasco sostuvo que esa norma debe ser sancionada hasta el 15 de noviembre porque el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) llegará a Bolivia para evaluar sus recomendaciones.

“Vamos a socializar la Ley 218 con representantes de organizaciones e instituciones en Tarija para escuchar sus preocupaciones siempre y cuando tengan un fundamento técnico o legal porque hay disponibilidad de subsanar, enmendar o modificar algún artículo”, dijo la senadora Alarcón.

Por su parte, la senadora Velasco dijo a El Deber: “Estoy preocupada por el cumplimiento de las observaciones de la Gafilat, para que Bolivia no ingrese a la lista negra porque la evaluación será el 15 de noviembre”.

Este jueves se prevé el arribo de una comisión del Senado para reunirse este jueves en instalaciones de la Asociación de Municipios de Tarija.

“El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, del que Bolivia es parte, nos recomienda que los artículos del proyecto estén en una sola normativa. No se está creando ningún tipo penal nuevo ni modificando, lo único que se está haciendo es sistematizando”, dijo Alarcón ante una pregunta formulada por El Deber.

Entre tanto, la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, dijo que “no se puede anular algo que todavía no ha sido emitido, estamos en una etapa de evaluación, de hacer conocer, de socialización; por tanto, no puedes anular algo que no ha sido promulgado. Hasta la solicitud no es coherente”, indicó Espinoza en una conferencia de prensa este miércoles.

A la fecha, el tratamiento del proyecto normativo está congelado en la Cámara de Senadores en tanto se socializa con los sectores que se declararon afectados por su contenido. El lunes cívicos, gremiales, políticos y autoridades opositoras impulsaron un paro de actividades para rechazar su debate.


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