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La Semana Política: faccionalismo masista y obsecuencia en el TCP

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La implosión del MAS

La pugna al interior del oficialismo llegó a un verdadero momento de inflexión en esta semana, acercándose a un punto de no retorno. Según la vocera del ala evista, Susana Bejarano, en el MAS “hay tensión pero no división”, mientras que Evo Morales señala por su parte que “no hay división pero sí traición”.

Lo que hay, podríamos agregar, es la ruptura del verticalismo que caracterizó a ese partido desde su fundación, y una total inadecuación del caudillo ex presidente para la democracia interna. Ruptura generada por el propio Evo con su fuga a México y Argentina, periodo en el que los mandos medios del masismo entrevieron la oportunidad de autogobernarse.

También hay una situación extremadamente delicada para Morales, en el marco de una nueva etapa interamericana de lucha contra la narcopolítica, que ha llevado al pedido de extradición y captura de un ex mandatario de Honduras, al ofrecimiento de una recompensa millonaria por quien fuera el jefe de la “lucha antidrogas” del evismo, Maximiliano Dávila, y a una orden internacional de detención contra el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, de quien se desconoce con certeza el paradero actual.

La “dictadura interna” en el MAS, de la que habló un diputado expulsado de esa formación, tendrá que vérselas con nuevas generaciones dirigenciales del oficialismo, en gran medida espoleadas por el vicepresidente, con un beneplácito silencioso y sonriente desde la primera magistratura.

Fallos del TCP

Pero no todas son malas noticias para Morales. En días recientes, el obsecuente Tribunal Constitucional Plurinacional falló a su favor sobre la inhabilitación de la que fue objeto en el 2020, cuando pretendió postularse como senador. La sentencia abre dos posibilidades: el cobro del ex mandatario de un lucro cesante cercano a los 200.000 dólares y el enjuiciamiento de los vocales electorales, que podría llevar a que el masismo profundice su influencia sobre el TSE.

Otro fallo del TCP emitido en la semana expulsó del ordenamiento jurídico al delito de sedición, algo que, de existir una justicia independiente, debería conducir al archivo del caso “Golpe I”. Sin embargo, el ministro Iván Lima se apresuró a decir que el proceso seguirá, por las figuras de “terrorismo y conspiración”.

Acuerdo en reglamento para Defensoría

Una pequeña luz de concertación y manejo institucional se encendió en la ALP, con el acuerdo tripartito sobre el reglamento de selección para el nuevo Defensor del Pueblo. El consenso parece haber sido facilitado por Choquehuanca, en su calidad de presidente nato del Legislativo, con lo que su discurso conciliador habría sido llevado por primera vez a la práctica desde que asumió la vicepresidencia del Estado.

“Dictadura técnico-administrativa”

Sin embargo, Choquehuanca debe lidiar con estructuras dejadas en la vicepresidencia por Álvaro García Linera, como lo sugirió su principal asesor, Rafael Bautista, quien renunció al cargo hablando de la existencia de una “dictadura técnico-administrativa”.

“El laberinto burocrático que creíamos inicial es infinito”, dijo, acusando a una “mezquina y torva mirada de la burocracia, convertida en poder desnudo e instrumento de dominación y represión continua”.

Camacho y el vicegobernador

También llamó la atención durante la semana la polémica suscitada en torno a un supuesto decreto departamental, por el cual el gobernador Luis Fernando Camacho habría delegado sus funciones en el secretario de gestión institucional, antes de viajar al Brasil.

La norma, publicada y luego borrada de la Gaceta Oficial, iría en contrarruta de lo estipulado en el Estatuto Autonómico cruceño, donde se indica claramente la sustitución temporal de la máxima autoridad departamental por el vicegobernador, electo en las urnas para ese cometido.

*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo


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Emilio Martinez

Escritor y analista político

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