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Como nunca antes en la historia, las sociedades necesitan desarrollar su espíritu crítico para buscar la verdad en una época donde los proyectos totalitarios utilizan la estrategia de la desinformación en las redes de comunicación para crear post verdades que transforman los hechos a la medida de sus intereses políticos.
Desde Stalin hasta Putin, desde Perón hasta los sátrapas de Cuba, Venezuela, Nicaragua o Bolivia, los caudillos autoritarios no dudan en utilizar la mentira para mantenerse en el poder. Hablan constantemente de la muerte, del nacionalismo y del sacrificio, pero llegado el momento huyen cobardemente. Los populistas defienden una identidad étnica o cultural en la que su supervivencia depende de la desaparición de otras comunidades y la aniquilación de la diversidad.
Así, hoy el mundo ve sorprendido cómo el Presidente Ruso, Vladimir Putin, utilizó el engaño y la mentira para apoderarse militarmente de un país soberano, demostrando su total desprecio por el derecho internacional.
Mientras las democracias del mundo condenan este acto de Putin, que atenta contra la paz internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, regimenes autoritarios de América Latina, como los de Cuba, Venezuela y Bolivia, apoyan a Rusia o emiten comunicados en los que evitan condenar la unilateral agresión territorial a Ucrania. Otros lideres populistas, como el ex Presidente Donald Trump, también han elogiado la capacidad de argucia y la “sabiduría“ de Putin. Eso demuestra que el desprecio por la verdad y los comportamientos antidemocráticos corren en las venas de los populismos tanto de izquierda como de derecha.
Por su parte, el gobierno boliviano, contrariando el principio histórico de la política exterior del Estado de condenar las agresiones y las anexiones territoriales por la fuerza, no ha sido capaz de condenar la invasión armada a Ucrania. Este apoyo de Luis Arce a Vladimir Putin pone de manifiesto la verdadera naturaleza del régimen en un momento en que Bolivia vive uno de los episodios más preocupantes de su historia, donde muy pocos perciben las consecuencias que la mentira y los impulsos retorcidos en el comportamiento del gobierno tienen para el futuro del país.
Nunca se han expresado en forma más clara las patologías de una democracia atrofiada que durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce. Lamentablemente, los bolivianos y la opinión publica internacional no logran exponer la esencia antidemocrática y tóxica del gobierno que hasta hoy ha logrado tergiversar la historia de lo que ocurrió en Bolivia desde que asumió el poder Evo Morales.
Diversos hechos ocurridos en las ultimas semanas, demuestran el peligro de esas narrativas falsas. Como los que sufren de paranoia, el gobierno interpreta siempre la realidad en el sentido de su obsesión, a la cual se adapta todo. Han demostrado una gran capacidad para evitar que los temas que les afectan pasen desapercibidos ante la opinión pública y en su lugar imponen los relatos que les son favorables.
Cito algunos ejemplos de cómo el gobierno evade los temas preocupantes para el país, así como su capacidad para generar narrativas falsas:
Diversas operaciones internacionales antidroga llevadas a cabo por la DEA y la policía europea, indican que el Chapare es hoy una pieza esencial para el suministro de cocaína a las organizaciones del crimen organizado internacional. Además, procesos abiertos en un tribunal de Nueva York señalan que quienes dieron protección a organizaciones del narcotráfico fueron los Jefes de la Lucha Antidrogas de Bolivia durante el gobierno de Evo Morales, quien era y es el Presidente de la Asociación de Productores de Coca del Chapare, zona donde, según las Naciones Unidas, más del 90% de la producción de hoja de coca está dirigida a la producción de droga.
Esta información, en cualquier país democrático, hubiese causado un terremoto político, o al menos el inicio de una investigación sobre las actividades de las organizaciones del narcotráfico en su territorio. En Bolivia no. El gobierno logra constantemente que otras noticias desplacen a las que le incomodan. Es también el caso la petición de los Estados Unidos para que, en aplicación del Tratado bilateral de Extradición suscrito con Bolivia, se extradite al Coronel Maximiliano Dávila, ex Director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico durante la presidencia de Evo Morales, a quien han puesto precio a su cabeza. Estas acusaciones, que constituyen para Bolivia un antecedente en extremo peligroso, deberían hoy estar en el centro de la discusión en el espacio público para impedir una mayor penetración del crimen organizado en el país.
Otro ejemplo es la inexplicable irresponsabilidad con la que se condujo el tema marítimo boliviano en la Corte Internacional de Justicia de La Haya y que no tuvo consecuencias para el gobierno de Evo Morales que utilizó narrativas falsas para desvirtuar esa catástrofe histórica. También es previsible que muy pronto nuevamente suceda lo mismo en La Haya con el diferendo sobre las Aguas del Silala con Chile, episodio que lo inició Evo Morales con una insólita amenaza a Chile el 23 de marzo de 2016, precipitando la demanda chilena a Bolivia en La Corte Internacional de Justicia, cuyo resultado seguramente será reinterpretado por el actual gobierno, convirtiendo una nueva derrota en una engañosa y falsa victoria.
Finalmente, ante la incredulidad general, el gobierno viene llevando a cabo una estrategia sistemática para borrar la realidad histórica de los últimos años. La ilimitada capacidad de engaño de Evo Morales y sus operadores políticos hace que pretendan borrar hechos tan obvios y contundentes como el Referéndum del 21 de febrero de 2016; el fraude electoral con auxilio de operadores mexicanos; la renuncia y fuga vergonzosa de Evo Morales; y la transición constitucional refrendada por el Tribunal Constitucional, después de negociaciones entre parlamentarios del MAS, partidos políticos, Iglesia Católica, y la veeduría de las Naciones Unidas y la Unión Europea, que avalaron la transición de Jeanine Añez por lo que en derecho internacional se conoce como el “Estado de Necesidad“ frente a la imposibilidad constitucional de que se produzca un “vacío de poder“ y el peligro de violencia.
Estos hechos demuestran el grado de anomia moral y legal con el que se administra el Estado en perjuicio de una sociedad que ve con impotencia los abusos de un gobierno en el que la primera víctima ha sido la verdad. La única opción es la resistencia pacífica frente a este avasallamiento de quienes hoy gobiernan Bolivia. Los ciudadanos tienen el derecho a ser gobernados con la verdad.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
