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La lucha contra la corrupción ha sido una de las principales banderas del gobierno del Movimiento Al Socialismo; incluso, Evo Morales decía que ese partido era la reserva moral de la humanidad. Y si bien se hicieron algunos esfuerzos como la sanción de la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010 (Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”), la Ley N° 974 de 4 de septiembre de 2017 (Ley de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción), entre otra normativa, no se ha cumplido el objetivo de la política boliviana de los últimos quince años: CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN.
El gobernante debe predicar con el ejemplo; es decir, la lucha contra la corrupción no puede quedarse en retórica ni en manos de funcionarios corruptos, puesto que cuando los ciudadanos observan que las autoridades se corrompen (por comisión, omisión o complicidad), sus discursos a favor de la transparencia en el ejercicio de la función pública no produce ningún efecto educativo positivo.
La lucha contra la corrupción y sus efectos perversos es una lucha política, donde el éxito o fracaso dependerá de la convicción del gobernante. En el caso particular del gobierno de Evo Morales y sus aliados periféricos, la magnitud de la corrupción, arbitrariedad, impostura, despilfarro, delitos y abusos practicados por el régimen se hacen más que evidentes. Esta lucha necesita de una firme voluntad política, que el ex gobernante no la tuvo, salvo cuando se trataba de hechos delictivos que involucraban a los opositores políticos.
El objetivo de la lucha era prevenir y sancionar actos de corrupción facilitando a las instituciones públicas, empresas privadas, a la ciudadanía, medios de comunicación y organizaciones sociales, los instrumentos necesarios para desarrollar en Bolivia una cultura de transparencia y erradicar la corrupción. En cualquier caso, la política anticorrupción no sólo que no ha tenido los avances y progresos de “tolerancia cero a la corrupción”, sino que ha aumentado este cáncer social y cada vez hace metástasis en las reparticiones del Estado y contamina al sector privado. Estos resultados se reflejan en el índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, que mantiene a Bolivia como uno de los países más corruptos de nuestro entorno.
El fracaso de esta lucha en términos de resultados se debe a la concentración del poder en el Órgano Ejecutivo y consiguiente debilitamiento de las instituciones del Estado, haberse convertido el Gobierno en juez y parte, restringido la libertad de expresión, e información, que son imprescindibles para materializar la transparencia, y porque además carece de independencia el Órgano Judicial, etc.
El extinto Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, debería haberse transformarse en una especie de “Superintendencia Contra la Corrupción”, con autonomía funcional, administrativa y operativa. Y dotarse de personal altamente calificado, íntegro y honesto, donde al ciudadano no sólo se le garantice denunciar, sino también sancionar a los malos funcionarios públicos o privados que cometan actos ilícitos.
Llama la atención, igualmente, que el gobierno no haya puesto el acento en la educación, principal herramienta para cambiar los “patrones culturales que se encuentran en la mentalidad y en el comportamiento de las personas”. Y tendría que hacerse una verdadera cruzada nacional para luchar efectivamente contra la pobreza y la criminalidad en general. La educación siempre brinda las oportunidades para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, honestidad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
