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El conflicto por la abrogación de la Ley 1386, “Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo”, puso en evidencia la verdadera “Gran Estrategia” del partido gobernante para consolidar el Estado Plurinacional como un Estado Totalitario.
Desde la aprobación de la Constitución Política del Estado de 2009, se sentaron las bases para avanzar en el control del poder en términos “horizontales”, es decir, en la centralización del poder político en manos de la figura presidencial. De ahí que los diferentes órganos del Estado, como el legislativo, judicial y electoral quedaron subordinados a las definiciones del ejecutivo.
Al asumir la presidencia Luis Arce Catacora, el MAS intenta tomar los recaudos necesarios para no cometer los errores del pasado, reconstituir el control total del aparato público y ahogar los focos de resistencia cívica y social. Para ello, en una operación envolvente, desplegó una andanada de leyes orientadas a lograr la supresión progresiva de las libertades individuales hasta alcanzar la dominación total.
Esta ofensiva apunta, entre otros objetivos, a lograr el “control vertical del poder” mediante la supeditación de las Entidades Territoriales Autónomas (gobiernos departamentales, municipales y universidades) a las definiciones del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 establecidos en la Ley 1407, Con ello se centraliza el poder territorial, anulando, mediante el control económico, los procesos de descentralización y autonómicos que daban institucionalidad a los poderes regionales.
La Ley 1386, objeto de rechazo de la población boliviana, apunta en esta misma dirección en tanto permite que la Estrategia de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas pueda ser ajustada por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado mediante Decreto Supremo (artículo 7). De este modo, el presidente siempre tendrá la última voluntad para cambiar por Decreto lo que quisiera, es decir, que el legislativo, en última instancia, cede al presidente la facultad de generar leyes a través de decretos.
Esta ley, afecta en igual forma las libertades económicas de las personas, su privacidad y la propiedad privada, convirtiéndose en una espada de Damocles sobre cada uno de los bolivianos, quienes estarían sujetos a la discrecionalidad de la Unidad de Investigaciones Financieras. Esta norma, se complementa, a su vez, con la Ley 1398 que transfiere FUNDEMPRESA a manos del gobierno, operación que le permitiría al ente público utilizar políticamente el registro y renovación de la matrícula de comercio.
En este esfuerzo de control total de la sociedad y sus instituciones, el MAS aprobó la Ley 1387 de carrera de generales y de ascensos de la Policía Boliviana, mediante la cual subordina el mando policial al ministro de gobierno, siendo que éste no es funcionario de la carrera policial. Esta medida responde en los hechos a la desconfianza gubernamental sobre la entidad del orden, producto del “motín” policial del año 2019.
Adicionalmente, frente a la pérdida de legitimidad del discurso indigenista del MAS, se apela a la narrativa del “golpe de Estado”, con el objetivo de movilizar a los sectores populares y cubrir su imagen autoritaria frente a la comunidad internacional. Más aún, utiliza el “racismo político”, como estrategia operacional de cohesión de la población de la parte occidental del país.
En suma, la Gran Estrategia para la consolidación del Estado Totalitario se implementa de manera indirecta y subrepticia para encubrir en el fondo el propósito de concentrar el poder de las regiones en el gobierno central. Para ello, a partir de las principales autoridades gubernamentales y sus acólitos, se incendia el clima político del país con discursos de confrontación y se plantea una gran cantidad de leyes que cubren el objetivo central de terminar de estructurar el esqueleto del Estado Totalitario: la concentración horizontal y vertical del poder.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
