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Normativa de control político-económico
La Ley sobre Ganancias Ilícitas que está en tratamiento parlamentario activó alarmas en diversos sectores, desde periodistas y abogados que ven esfumarse el secreto profesional hasta gremiales y transportistas, quienes sospechan que tendrán colgando sobre sus cabezas una “espada de Damocles” que podría caer sobre quien se aleje del alineamiento con el oficialismo.
Pero esta ley no viene sola. Al mismo tiempo, se busca transferir Derechos Reales de la órbita judicial a la del Ministerio de Justicia, con lo cual la propiedad de bienes inmuebles urbanos podría resultar aún más precarizada. En el combo también viene la estatización y centralización del Registro de Comercio, que Fundempresa realizó con eficiencia durante años.
El posible trasfondo de este triple paquete es el control político a través de instrumentos de vigilancia económica discrecional.
El Inca y el Rey
Un pintoresco encuentro monárquico tuvo lugar el jueves en Madrid, cuando el vicepresidente David Choquehuanca -quien pretende remontar su árbol genealógico a la familia imperial del Incario- se reunió con el rey Felipe VI de Borbón.
Curiosidades aparte y ya fuera del Palacio de la Zarzuela, el aspirante a Inca dejó caer la piel de cordero discursiva que utilizó durante casi un año, para atacar a los medios de comunicación de Bolivia y aseverar que “hubo golpe” en el 2019.
Tras la guerra de las banderas que él mismo comenzó en la Plaza 24 de Septiembre y que tuvo varios episodios posteriores, parece haberse agotado el mecanismo de “policía bueno, policía malo” que venía aplicando, en contraste complementario con el presidente Arce.
Salto cualitativo en la persecución
Espoleada por una ex diputada, probable alfil de Evo Morales, la Fiscalía General impulsó una decena de citaciones a líderes políticos para declarar en el caso del supuesto “golpe de Estado”.
Esto incluye al ex presidente Tuto Quiroga, a Samuel Doria Medina y al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, además del padre de este último, en lo que pareciera ser una réplica criolla de aquel “Principio Sippenhaft” que aplicaban los nazis, por el cual la responsabilidad por “crímenes contra el Estado” se extendía a los familiares del acusado.
La oleada persecutoria, que comenzó poco después de las elecciones departamentales y municipales -inicialmente como maniobra para distraer a la opinión pública de la pésima gestión de Morales como jefe de campaña-, estaría dando ahora un nuevo salto cualitativo, en medio de una creciente crispación nacional generada por diversos abusos gubernamentales.
Octubre viene movido
El proceso de acumulación de conflictos motivados por esos atropellos (asalto institucional a los cocaleros de Los Yungas, operativos inquisitoriales contra figuras de la transición, avasallamientos a territorios indígenas en el oriente, etcétera) llevó a que el viernes por la noche el movimiento cívico de los 9 departamentos active un cronograma de eventos y movilizaciones, que desembocará en un paro nacional el próximo 11 de octubre.
Bolivia se desliza a la “fase Nicaragua” de implementación del modelo autoritario y la pregunta que queda flotando en el viento es si esto conviene al binomio Arce-Choquehuanca o si todo es parte de una estrategia de convulsión, alentada desde El Chapare por alguien que, si bien sigue parcialmente en el poder, extraña la omnipotencia y la ostentación formal de la primera magistratura.
El desafío para los grupos ciudadanos es la resistencia inteligente, buscando frenar abusos pero evitando caer en las trampas de los que procuran retroceder el reloj de la historia al 9 de noviembre de 2019 para forzar otro desenlace.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
