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Debate federal
Por el sí, por el no o por el “ahora no”, la propuesta del gobernador cruceño para debatir el modelo federal cambió el eje de discusión nacional, confirmando el potencial movilizador de este tema, detectable al menos desde el 2019, aún antes de la crisis electoral que marcó a ese año.
Se cuestiona si el debate puede resultar distractivo o si podría acabar siendo funcional a la idea de referéndum sugerida por Evo Morales, pero todo dependerá del hilado fino y de la capacidad estratégica de integrar otros asuntos (como los cambios en el sistema electoral) a la demanda federal.
Internacional cocalera
A inicios de la semana también se conoció la declaratoria de Morales como “persona non grata” hecha por el Legislativo de Perú, que pone límites a las pretensiones del ex mandatario de tutelar políticamente al presidente del vecino país, Pedro Castillo.
En el fondo de las maniobras evistas está la intención de erigirse en líder de una suerte de “internacional cocalera”, que fusione a los productores del Chapare con los del VRAEM peruano (de momento, la ofensiva para absorber a los cocaleros de Los Yungas ha fracasado).
Crisis de confianza en el TSE
A lo largo de la semana, fue in crescendo la controversia desatada por las denuncias de la ex vocal del TSE, Rosario Baptista, ahora en el exilio, sobre un manejo poco transparente del Órgano Electoral cuando era encabezado por Salvador Romero. Lo cierto es que el ex presidente del TSE llegó al cargo precedido de un importante currículum profesional, pero ejerció su posición con arrogancia, cerrándose a una eventual revisión ante cuestionamientos desde la sociedad civil.
También es verdad que ante el pedido de tres coaliciones (Juntos, Creemos y Libre21) para aplicar la legislación vigente contra el MAS, tras el comentario prohibido de encuestas por el entonces candidato Luis Arce, Romero prefirió pasar la “papa caliente” al Tribunal Constitucional. Y más recientemente, otro cuestionamiento que podría afectar a la sigla del Movimiento Al Socialismo, sobre su estatuto orgánico que lo convierte en un “Partido-Estado” de naturaleza totalitaria, ha sido demorado en los laberintos burocráticos internos del Órgano Electoral.
La Marcha de la Injerencia
Mientras tanto, prosigue el show mediático de la “Marcha por la Patria” que encabeza Evo Morales hacia La Paz, que tal vez tenga el trasfondo de convertirse en una “Marcha sobre Roma” para exigir mayores cuotas en el gabinete ministerial para el ex mandatario.
La caminata también se ha convertido en una auténtica “Marcha de la Injerencia”, por la participación de diplomáticos extranjeros en la movilización, como el embajador de la ominosa dictadura de Nicaragua y el embajador de Argentina, funcionario que un año atrás forzó la salida al exterior del ex guerrillero de las FARC, Facundo Molares, implicado en los hechos luctuosos de Montero.
El “centro de la polaridad”
Hacia el final de la semana, el vocero presidencial, Jorge Richter, dijo que “hay que cerrar noviembre de 2019, porque es el centro de la polaridad”. Podría discutirse que, en realidad, el “centro de la polaridad” está en la persecución política, denunciada incluso por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que ha llamado la atención sobre el uso “infundado y desproporcionado” de imputaciones por sedición y terrorismo, contra la ex presidente Jeanine Añez y en otros casos.
Empezar a despolarizar pasaría, entonces, por dejar de utilizar a la justicia como una maquinaria persecutoria, que ahora parece apuntar su mira contra los dirigentes cívicos que impulsaron el reciente paro nacional.
Presupuesto General del Mega-Estado
El economista Antonio Saravia llamó la atención sobre el PGE Bolivia del 2022, preparado por la administración de Arce Catacora, tuiteando que “¡representa el 94% del PIB! Comparen: en USA representa menos del 30% de su PIB, en Chile el 32%, en Paraguay el 37%. ¿Me creen ahora cuando digo que nuestro Estado es elefantiásico?”.
El debate sobre el tamaño del Estado es fundamental, tanto para reducir la voracidad fiscal sobre el emprendimiento privado como para minimizar los riesgos de corrupción.
