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La Semana Política

19 al 25 de septiembre de 2021

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Choquehuanca el desintegrador

El vicepresidente (o presidente en ejercicio en esos momentos) llegó a la capital cruceña para la efemérides del 24 de septiembre, precedido por sus habituales discursos de conciliación e integración, hasta ahora no refrendados con acciones concretas.

Más bien, la acción de Choquehuanca tuvo el efecto de desintegrar y confrontar, al exigir el izado de la wiphala, fuera de protocolo, en la plaza de armas de Santa Cruz de la Sierra, generando polémica y hasta forcejeos entre los asistentes.

Si el propósito hubiese sido realmente el de unir e integrar, el vicepresidente podría haber pedido que se izaran tanto la wiphala como la bandera del patujú, que representa a los indígenas de tierras bajas.

La deuda de Arce 

El presidente asistió a la Asamblea General de Naciones Unidas y, mientras repetía la narrativa ficcional del “golpe de Estado”, también planteó un alivio de la deuda externa, es decir, el no pago temporal de la misma.

En realidad, Arce fue al principal foro mundial a pedir que no se pague la deuda que él mismo contrajo alegremente como ministro de economía en medio de la Jauja de los altos precios internacionales de los hidrocarburos, que debe haber supuesto eternos. 

Sobre todo, el problema del mandatario es el vencimiento de los bonos colocados en el 2012, que desde el año próximo elevarían las erogaciones de Bolivia a casi 1.000 millones de dólares anuales. Tema en el que las Naciones Unidas poco tendrían que ver. Van llegando las facturas del despilfarro durante la Evo/Arcenomics. 

La guerra de la coca

Con inusitada violencia, se impuso una directiva paralela pro-gubernamental en la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (ADEPCOCA), hasta ahora independiente. El asalto institucional incluyó la persecución y amenazas de muerte al titular de la entidad, Armin Lluta, y la golpiza a un periodista que cubría los hechos.

Esta nueva “guerra de la coca” provocó que hasta el tibio Comisionado de Derechos Humanos de la ONU condenara el uso excesivo de la fuerza y que la Policía pidiera disculpas al reportero (aunque correspondería que lo haga el ministro de gobierno).

El fondo de la cuestión es asegurar la dependencia de los cocaleros de Los Yungas hacia los cocaleros del Chapare, en torno a una plataforma común que parecen ser las “zonas rojas” de cultivos excedentarios (ligados al narcotráfico), donde estarían las bases electorales del nuevo presidente títere Arnold Alanes. 

Leyes del reino del revés

El oficialismo avanza en la implementación de una Ley contra las Ganancias Ilícitas que, al tiempo de violar el secreto de prensa en temas financieros, no incluye ninguna mención específica a los productores de coca del Trópico de Cochabamba, donde de acuerdo a cifras de organismos internacionales más del 90% de la producción va a parar fuera de los mercados legales, esto es, a las actividades ilícitas que la norma aprobada dice combatir. 

Se activa la RJC

En medio del acoso judicial a sus dirigentes, la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) mostró músculo el pasado miércoles, congregando a unas 5.000 personas en la plaza 14 de septiembre y a una nutrida caravana de motoqueros.

La estrategia de persecución e intimidación puesta en marcha desde instancias gubernamentales parece estar teniendo un efecto rebote, provocando la re-movilización de amplios sectores contra diversos abusos. 

El hostigamiento en tribunales a los alcaldes de Cochabamba y La Paz, con propósitos destituyentes, también es caldo de cultivo para la inconformidad ciudadana.  

Indígenas Vs. expansión cocalera

En este contexto de re-movilización contra el abuso se inscribe igualmente la Marcha Indígena de los pueblos de tierras bajas, que se han visto obligados a activarse ante la incursión sistemática en sus Territorios Comunitarios de Origen (TCO) de avasalladores “interculturales”, muchas veces vinculados al desmonte incendiario para el cultivo excedentario de coca.

Bajo el liderazgo del histórico dirigente Marcial Fabricano, los indígenas del oriente tratan de evitar la misma terrible suerte sufrida por los yuquis, pobladores originarios del Chapare que acabaron desplazados, en un verdadero etnocidio, por los cárteles sindicales que hasta hoy sigue presidiendo Evo Morales.

*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo


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Emilio Martinez

Escritor y analista político

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