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GIEI: Lo que dice el gobierno y lo que dice el informe
El martes 17 se presentó por fin el informe del Grupo de Expertos Independientes (GIEI), enviado por la CIDH para investigar los hechos de violencia en Bolivia en los últimos meses del 2019. La presentación tuvo tres postergaciones, presumiblemente por los intentos gubernamentales de incluir aditamentos favorables a su narrativa.
Aunque es de lamentar que el GIEI se prestara a un show de presentación que más parecía un mitin político, el contenido del informe difiere sustancialmente en varios puntos clave de lo que el gobierno afirma que dice. No hay ninguna “confirmación del golpe de Estado”, como aseveró el presidente Arce en el acto de presentación, y el documento califica a la administración transitoria de Jeanine Añez como “gobierno interino”, en vez del “gobierno de facto” que pretendía el oficialismo.
Tampoco se habla de “genocidio” y “lesa humanidad”, como dicen los voceros gubernamentales, sino de “conflicto político violento” y “uso desproporcionado de la fuerza”. Y lo más importante: se remarca la inexistencia de un sistema judicial independiente, sin lo cual sería imposible garantizar el debido proceso en el juzgamiento de los hechos del 2019.
Con buenos reflejos, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, planteó llevar el informe del GIEI ante instancias de la justicia internacional, como la CPI y la CIJ, dada la imposibilidad de procesos imparciales con la actual administración judicial boliviana.
Aunque contiene sesgos y omisiones importantes, el informe también está alimentando las contradicciones internas dentro del Movimiento Al Socialismo, entre quienes buscan “blindar” a Evo Morales y quienes consideran que puede ser investigado.
Los talibanes y el opio de los pueblos
A lo largo de la semana, la opinión pública boliviana participó de la conmoción mundial con la retoma de Afganistán por los talibanes, después de un intento de 20 años de construir una institucionalidad mínima en ese país.
El fenómeno de los talibanes no puede ser entendido sin la articulación entre una ideología radical (el islamismo más fundamentalista) con el tráfico de opio, que proveen las condiciones subjetivas y objetivas para la persistencia de ese movimiento armado.
La conjunción entre ideas totalitarias y narcotráfico también es la clave fundamental de interpretación para realidades mucho más cercanas.
La masacre de La Calancha también
Tras largos años de planteada, la CIDH decidió admitir la demanda por las muertes de La Calancha, calificables de “masacre” según la terminología que utiliza el organismo (a partir de tres decesos).
Una vez más se evidencia la lentitud burocrática en los plazos de la Comisión, que además parecen estirarse cuando el caso afecta a algún régimen de la izquierda autoritaria.
De cualquier manera, se abre una posibilidad de justicia para los universitarios que cayeron abatidos a manos de la represión, cuando protestaban contra el traslado de la Asamblea Constituyente a un cuartel militar. Como dijo Almagro, hay que investigar y condenar “todas las masacres”.
Uso desmedido de la detención preventiva
Imposible no citar otra de las conclusiones del GIEI, sobre el “uso excesivo” de la prisión preventiva en Bolivia, al ver la trágica situación por la que atraviesa la ex presidente Añez. El riesgo de vida es evidente y el clamor por la defensa en libertad va creciendo en la ciudadanía.
Incluso el ex dictador Luis García Meza gozó, durante su juicio de responsabilidades, de medidas sustitutivas, con un simple arraigo en la ciudad de Sucre por ser la sede del Poder Judicial.
El trato cruel e inhumano hacia la ex mandataria está en la mira global y puede terminar afectando la inserción del gobierno boliviano en la comunidad internacional, si no se corrigen pronto estos abusos.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
