Mirada Sur XCIV: Caos en Perú, Lula repite receta, Chile, Lasso y “territorio comanche”
La newsletter con todo lo que importa saber de lo que pasa entre el Río Grande y Tierra del Fuego en menos de 10 minutos.
Escucha la noticia
- Castillo preso, Perú en emergencia
Ayer, a las 8 y media de la noche peruana, el juez supremo Juan Carlos Checkley dictaminó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, medida que también alcanza al ex Premier Aníbal Torres, por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y conspiración contra los poderes del Estado. La Fiscalía estima que la condena que le espera a Castillo no sería menor a los 10 años de cárcel.
Ya pasaron 8 días de su fracasado intento de autogolpe y su posterior destitución “por incapacidad moral” que el Congreso votó en abrumadora mayoría. Desde entonces, el folklórico ex mandatario se encuentra recluido en la misma prisión donde también está preso el ex presidente Alberto Fujimori. Y desde entonces, también, las cosas están que arden en el Perú. Cientos de manifestantes, partidarios de Castillo, salieron a la calle para reclamar el cierre del Congreso, la renuncia de Dina Boluarte a la Presidencia y el adelanto de las elecciones generales.
Por dicho motivo el gobierno decretó el miércoles el estado de emergencia en todo el país por un plazo 30 días. Al mismo tiempo se maneja la posibilidad de declarar un toque de queda que impida la libre circulación de los ciudadanos en determinados horarios.
Fuego y destrucción. Las protestas derivaron en actos vandálicos, ataques a la propiedad y cortes de calles, rutas y avenidas. Todo esto disparó una reacción de las autoridades que acabó con más de 10 muertos.
En tanto, Mexico, Argentina, Bolivia y Colombia, salieron apresurados a respaldar a Castillo. Así, el lunes 12 lanzaron un comunicado conjunto en el cual sostienen que el depuesto mandatario “ha sido víctima de un antidemocrático hostigamiento”. En el documento, los presidentes López Obrador, Fernández, Arce y Petro, y realizan “un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas”. Tal fue el apuro de estos países por apoyar a su par peruano tras el intento de autogolpe, que pusieron en el documento una imagen de la bandera de Guatemala en donde debió aparecer la argentina.
La voz local. Para tener una mirada local de los hechos, nos comunicamos con José Beteta, Presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. José dividió los sucesos de la semana en cuatro etapas: “en la primera Pedro Castillo, erráticamente solo y abandonado, dio un mensaje a la nación anunciando que quería instaurar un régimen de excepción y cerrar el Congreso. Ese mismo día es vacado de la presidencia y apresado”.
“La segunda etapa empieza con Dina Boluarte como presidenta y la intensificación de las protestas. Fueron 3 o 4 días en los que ella también se muestra errática, va muy despacio, con poco nivel de autoridad y una estrategia poco clara. Las protestas comenzaron a arreciar y entonces comenzó la tercera etapa: el estado de emergencia, que empezó a regir el miércoles. Y hay un cuarto momento que es que ayer jueves se empezó a debatir en el Congreso el adelanto de las elecciones, primera prioridad en el país”.
“Esperamos que en estos días próximos los movimientos violentos empiecen a ser controlados y que el debate en el Congreso empiece a generar estos pasos legales para conseguir el adelanto de las elecciones a abril de 2024. Pero hay quienes quieren adelantarlas aún más, a noviembre de 2023”. Tras la resolución que mantendrá a Castillo en prisión por un año y medio, Beteta dijo que esta decisión hará que “en los próximos 2 o 3 días va a haber más convulsión social. Vendrán días turbulentos”.
2. Lula define gabinete de ministros
El pasado lunes, el presidente electo de Brasil, Lula da Silva, recibió formalmente su diploma como ganador de las elecciones, de manos del polémico presidente del Tribunal Supremo Electoral, Alexandre de Moraes. En una ceremonia marcada por la emoción, Lula recibió el diploma, lloró, y dijo que los brasileños recuperaban así la democracia. Vale recordar que Lula se impuso en las últimas elecciones al todavía presidente Jair Bolsonaro por poco más de un punto de ventaja.
En la ceremonia, el presidente del TSE, que mantuvo un choque directo con Bolsonaro durante toda la campaña, dijo que el acto se trataba de una “victoria contra los ataques antidemocráticos, contra la desinformación y el discurso de odio”. Horas antes, De Moraes había ordenado el arresto del cacique partidario de Bolsonaro José Acácio Serere Xavante, acusado de apoyar algunas protestas violentas que han venido teniendo lugar desde las elecciones.
Esta misma semana, Lula da Silva anunció los primeros cinco nombres de su próximo gabinete, confirmando que el exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad será ministro de Hacienda y José Múcio Monteiro liderará Defensa. Además, Lula ha nombrado al exgobernador de Bahía Rui Costa para dirigir Casa Civil –una suerte de Jefatura de Gobierno–; a Flávio Dino para el Ministerio de Justicia; y a Mauro Vieira para Asuntos Exteriores, un cargo que ya ostentó durante el gobierno de Dilma Rousseff.
La voz local. ¿Qué significan estos primeros nombramientos de Lula? ¿Qué tipo de gobierno permite anticipar? Se lo preguntamos a Victoria Jardim, presidenta del Instituto de Estudios Empresariales de Porto Alegre. Victoria, gracias a la amable gestión de la encargada de comunicación del IEE Fernanda de Gasperin, nos decía lo siguiente: “Fernando Haddad, es una figura muy alineada y leal al PT, siendo considerado la mano derecha de Lula y, precisamente por eso, recibió una de las carteras más importantes del nuevo gobierno. Dicho esto, lo que podemos imaginar, incluso tomando como referencia los primeros candidatos de Haddad para componer su equipo, es una política nacional-desarrollista muy parecida a la era de Lula y Dilma”.
“Veremos, en el corto plazo, una expansión del crédito con una reducción forzada de las tasas de interés, una política de campeones nacionales y un fuerte estímulo al crecimiento con el gobierno como motor de la economía. Los efectos de esto en el mediano plazo ya son conocidos: Inflación, aumento de las tasas de interés para contener la primera, endeudamiento y quiebra de empresas que dependían de un amplio financiamiento para mantenerse estables. Aparentemente, la historia no le ha enseñado nada al PT, que tiende a repetir los mismos errores”.
3. Chile tendrá nueva constituyente
Los partidos políticos chilenos llegaron esta semana a un acuerdo sobre la hoja de ruta que seguirá el nuevo proceso constituyente después de más de tres meses de intensas negociaciones. Vale recordar que hace pocos meses, otro proyecto de Constitución redactado por una asamblea especialmente creada para ello, recibió un duro golpe en las urnas, donde más de 6 de cada 10 chilenos votó en contra. A diferencia del proceso anterior, ahora habrá un Consejo Constitucional con 50 miembros elegidos popularmente, además de una “Comisión de Expertos” y un “Comité Técnico de Admisibilidad”.
La Comisión de Expertos tendrá como rol la redacción de un anteproyecto que servirá de base para la discusión, como idea matriz de la nueva propuesta constitucional. Estará compuesta por 24 personas “de indiscutible trayectoria profesional, técnica o académica”, elegidos por el Congreso; mientras que el Comité Técnico de Admisibilidad estará compuesto por 14 personas elegidas por el Senado, y tendrá a su cargo la revisión de las normas aprobadas en distintas instancias. Según la propuesta, el 21 de octubre se entregará el proyecto de Constitución y el 26 de noviembre se llevará a cabo un plebiscito ratificatorio, también con voto obligatorio.
La voz local. Para entender mejor el trasfondo que permitió llegar a este acuerdo, y sus implicancias para el gobierno de Gabriel Boric, consultamos a dos expertos locales, el economista Leonidas Montes, director de Centro de Estudios Públicos, y la periodista y autora Paula Schmidt. Para Paula, el acuerdo es “una buena señal para la nación, ya que, a partir de las revueltas de 2019, nuestra institucionalidad se vio cada vez más desmejorada siendo incapaz de ofrecerle al país garantías de orden y estabilidad en medio de una crisis social, política y económica sin precedentes”. Si bien aclara que el camino “no será fácil”, destaca que este acuerdo garantiza algunas cosas esenciales, como” la autonomía del Banco Central, o que el territorio de Chile es soberano, único e indivisible”. “Al país se le otorga una segunda oportunidad de consolidar un proyecto sin ánimos refundacionales sino de reglas claras y equilibradas que fortalezcan nuestra democracia”.
Por su parte, Leonidas, “con este acuerdo acotado y bien pensado gana Chile y pierde el espíritu radical y refundacional. Es también un triunfo para el centro político. Hay fuerzas de derecha que no participaron de este acuerdo ya que prefieren mantener la constitución vigente y otras fuerzas de izquierda que rechazan este acuerdo ya que pone demasiados límites. Esto último es cierto”. Según el experto, “en definitiva, es un triunfo para la centro derecha y las fuerzas de centro izquierda que representan los exitosos 30 años de la Concertación. También gana el presidente Boric ya que al final se las jugó por este acuerdo y si sale una buena Constitución, llevará su firma”.
Pero Leonidas también aclara que “la situación económica y la crisis de seguridad hacen prever que el tema constitucional no copará la agenda como sucedió con el proceso anterior. Hay cierto hastío con el tema. Y si se hace un trabajo serio puede salir algo razonable. Lo importante es salir del túnel constitucional y mirar a futuro”.
4.Lasso apuesta todo a un referéndum
Si o No. Una de esas respuestas es la que tendrán que dar los ecuatorianos a las 6 preguntas que la Corte Constitucional aprobó de las 8 planteadas por el Gobierno de Guillermo Lasso. Las mismas serán formuladas en un referéndum a celebrarse en febrero. El resultado permitirá o impedirá al presidente avanzar en las reformas que tiene planeadas para su país. Lasso aseguró que con este mecanismo de participación ciudadana, los ecuatorianos podrán ayudar a combatir “la narcodelincuencia, el terrorismo y el crimen organizado”.
Trasfondo. Guillermo Lasso impulsa esta propuesta mientras atraviesa su período de menor popularidad desde que asumió la Presidencia, en mayo de 2021. Un sondeo de opinión reciente, afirma que apenas un 15% de los encuestados dijeron aprobar la gestión del presidente. La violencia en el país ha aumentado de forma sostenida en los últimos meses, alcanzando índices sin precedentes. La tasa de muertes violentas continua subiendo, especialmente en la llamada Zona 8, donde se encuentran las ciudades Guayaquil, Samborondón y Durán. Además, las pandillas, organizaciones delictivas integradas por miles de miembros y aliadas a grupos de peso internacional como el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, siembran el terror entre la población civil, tanto por los enfrentamientos que mantienen entre ellos como por las represalias que suelen tomar contra las acciones con las que el gobierno los enfrenta.
Dentro de ese contexto, Guillermo Lasso decretó el estado de excepción en varias provincias, limitando los derechos y habilitándose a emplear las Fuerzas Armadas a fin de garantizar la seguridad de la población. También dentro de ese contexto es que el Presidente decide lanzar esta consulta popular, a través de la cual pretende contar con mayores recursos para esta guerra que le declaró a la delincuencia.
La voz local. Para saber cómo se ve desde adentro del Ecuador esta propuesta del gobierno, llamamos a Gabriela Calderón, Investigadora de Cato Institute y columnista del diario El Universo. Gabriela nos dijo que de las 6 preguntas aprobadas por la Corte para el referéndum, la más importante “sería la de permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional. Hasta ahora eso está prohibido en la Constitución de Montecristi, que es la de Correa, aprobada en 2008. La segunda pregunta, que refiere a garantizar la autonomía de la Fiscalía también sería la segunda en importancia. Una mayoría del SI a esta consulta le daría a Fiscalía independencia para evaluar y sancionar a sus funcionarios sin depender del Consejo de la Adjudicatura, que se ha convertido en un organismo político que interviene en todo el aparato de Justicia. Se ha demostrado que han habido sanciones y escándalos por fallar en contra de ciertos intereses políticos. Y eso es lo que se busca cambiar”.
Para la tribuna. Calderón nos habló de la extraña postura que ha tomado el presidente Lasso ante la baja popularidad que le vienen dando las encuestas. “El presidente está con un discurso que recuerda mucho las épocas de Correa. Algo muy bizarro. La semana pasada le quitó el subsidio al diesel a los camaroneros. Ecuador tiene como principal producto de exportación al camarón, ya no al banano. Lo hizo con una retórica de le estoy quitando a los ricos para darle a los pobres, pero la medida es mucho ruido y pocas nueces”. En cuanto a números, la medida no impacta demasiado en ahorro al fisco, pero según nos dijo Gabriela, se hace como una medida de campaña electoral, usando esa retórica de la lucha de clases”.
5. Periodistas, “especie” en peligro
Al menos 57 periodistas fueron asesinados en el 2022 en todo el mundo. Casi la mitad de esa cifra de asesinatos ocurrió en América Latina, pese a ser una región donde no hay guerras o conflictos abiertos entre países. México se mantuvo a la cabeza de esta ranking funesto. Según Pauline Ades-Mevel, portavoz de Reporteros Sin Fronteras, su organización ha contado 11 periodistas asesinados en México “a causa de sus investigaciones sobre los cárteles, las mafias, las redes criminales y corrupción”. El problema de las muertes de periodistas también “se extiende” al resto de Latinoamérica, con seis profesionales de la prensa asesinados en Haití y tres en Brasil. En definitiva, esta es la zona “más peligrosa para los periodistas en términos de asesinatos este año”.
El récord alcanzado el año pasado se ha vuelto a superar: 533 periodistas estaban encarcelados por ejercer su profesión el 1 de diciembre de 2022, es decir, un 13,4% más que en 2021. RSF tampoco había registrado nunca un número tan elevado de mujeres periodistas en prisión: actualmente, 78 están entre rejas, lo que supone un aumento histórico de en torno al 30%, respecto al año pasado. Las periodistas representan ya cerca del 15% de todos los encarcelados, frente al 7%, hace cinco años.
Según esta organización, China se mantiene como la mayor prisión de periodistas del mundo, con 110 encarcelados. Entre ellos, la periodista independiente Huang Xueqin, que cubría temas relacionados con la corrupción, la contaminación industrial y el acoso a mujeres. Se confirma el recrudecimiento de la represión en Irán, que se transforma en la tercera mayor cárcel de periodistas del mundo, con 47 periodistas presos, a tan solo un mes de que se iniciase la oleada de protestas. Entre los primeros periodistas detenidos se encuentran dos mujeres, Nilufar Hamedi y Elahe Mohammadi, que colaboraron a denunciar la muerte de la joven Mahsa Amini. Ambas se enfrentan a la pena de muerte.
RSF repasa en su Balance 2022 algunos de los casos más destacados del año, como el de Ivan Safronov, uno de los mejores periodistas de investigación de Rusia, condenado a 22 años de cárcel por haber revelado “secretos de Estado” ya publicados en Internet. Sobresale, también, el caso del periodista británico Dom Phillips, cuyo cuerpo fue encontrado descuartizado en la Amazonia brasileña. El periodista documentaba la lucha de las tribus locales contra la caza furtiva y la explotación minera y forestal.
Polémica. Más allá de estos datos escalofriantes, sobre todo para América Latina, los informes de Reporteros Sin Fronteras no han escapado a polémicas políticas. Un caso regional que generó revuelo fue el de Uruguay, país que goza de buenos datos tanto en materia de transparencia, como respeto a la democracia, y criminalidad, pero que en el índice de RSF cayó 18 puntos en un año, sin que los responsables de la organización pudieran explicar el motivo. Casualmente, ello coincidió con que Uruguay eligió un gobierno de centro derecha. De esta manera, hoy el pacífico país sudamericano figura para RSF como más peligroso para el periodismo que Namibia, Sudáfrica o Burkina Faso. Una inconsistencia tan seria, que genera un manto de dudas sobre la credibilidad de la organización.
6. Los 5 gráficos destacados de la semana en América Latina.
Nota publicada originalmente en Mirada Sur
Martín Aguirre, Director El País, Uruguay, y Advisory Council member, Center for Latin America
Rodrigo Caballero, editor