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Montero: entre las FARC y el EGTK

Emilio Martinez

Escritor y analista político

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El 30 de octubre de 2019 se produjo el homicidio de dos activistas cívicos en el puente de La Amistad, en Montero, crímenes que aún hoy siguen impunes. Hablamos de Mario Salvatierra Herrera y Marco Ricardo Terrazas Seleme, fallecidos por el impacto de proyectiles de arma de fuego calibre 22.

En relación con estos sucesos, el Informe del GIEI dice que se “recopiló evidencia sobre al menos una persona que portaba un rifle y 11 que resultaron heridas en este primer enfrentamiento”, pero no establece una relación directa con Facundo Molares Schoenfeld, de quien omite decir que se trataba nada menos que de un exguerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), herido en el área.

Es interesante contrastar los vacíos del trabajo del GIEI con el Informe Conclusivo de la FELCC-Montero, del 24 de julio de 2020, en el caso fichado como 863/2019, documento que los expertos parecen haber omitido y que contiene datos claves.

Mientras el GIEI afirma que “la pericia no especifica si los elementos encontrados implican que la persona utilizó un arma de fuego o algún otro artefacto”, el Informe de la FELCC asevera claramente que “respecto a la absorción atómica se determina la presencia de rastros de pólvora compatibles con la utilización de armas de fuego, vale decir que el Sr. Facundo Molares Schoenfeld manipuló armas de fuego en el barrio Cofadena y el puente de La Amistad”.

En una conclusión increíble y arbitraria, que no es acompañada de una argumentación lógica de sustento, el GIEI dice que “el trabajo investigativo (fiscal y policial) se enfocó principalmente en acreditar la existencia de un grupo civil armado que se habría organizado con el apoyo o la aquiescencia del Estado, para movilizarse en calidad de guerrilla. (…) Esa línea de investigación obstaculizó conocer detalladamente las circunstancias de los homicidios, así como de las heridas provocadas en las demás víctimas”.

Respecto de otro de los presuntos integrantes de esa célula armada, el peruano Oscar Martín Serna Ponce, aunque se menciona al pasar su ligazón anterior con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), no se incluye su amplio prontuario que, según el Informe de la FELCC abarca “asociación delictuosa, uso de instrumento falsificado, falsedad ideológica y secuestro”.

Varios testimonios registrados en ese informe ligan a Serna Ponce con Raúl García Linera, el hermano del exvicepresidente de Bolivia, quien fue parte del Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK), organización terrorista de la que, según Felipe Quispe “El Mallku” (+), existirían “células dormidas”.

Volviendo a Molares Schoenfeld, el GIEI también omitió sus procesos penales pendientes en Colombia. El Informe Conclusivo de la FELCC cita 4 registros, 2 en Caquetá y 2 en Bogotá.

Sobre su participación en los sucesos de Cofadena y del puente de La Amistad, los testimonios lo señalan como la persona traída por Serna Ponce para dar instrucción militar a una célula armada de afines al MAS.

A poco de instalado el gobierno de Luis Arce, y por presión combinada de autoridades nacionales y de la cancillería de Argentina, Molares Schoenfeld fue enviado a su país de origen, con el único requisito de firmar cada tanto un cuadernillo en el consulado de Bolivia en Buenos Aires. De esta manera, se perdió uno de los hilos más importantes para la investigación de la verdad histórica del puente de La Amistad.

*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo


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Emilio Martinez

Escritor y analista político

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