OpiniónPolítica

¿Qué esperar realmente de Bolivia en 2022?

Christian A. Aramayo Arce

Presidente de la Fundación Gobierno Abierto y Director del Centro de Desarrollo Humano y Empleabilidad de la UAGRM

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A inicios de la pandemia, diferentes autores sugerían que fruto de la misma iba a generarse un ‘nuevo ser humano’. Se trataba, como quedó demostrado, de un deseo. Así las cosas, es prudente observar datos, tendencias y fechas ya establecidas para estar preparados para enfrentar el 2022.  ¿Qué desafíos hay en lo político, económico y social? Veamos:

En cuanto a las perspectivas sociales, debemos ser categóricos: el fin de la pandemia podría llegar a las regiones metropolitanas y ciudades intermedias con su respectivo retorno a las actividades presenciales esenciales. Sin embargo, la caída en los salarios junto a presiones inflacionarias y otras restricciones financieras por la escasez de recursos generará malestar en la población, lo que implicará que el mercado informal y el uso intensivo de tecnología sigan siendo la principal alternativa para miles de familias bolivianas. Podrán darse cuenta que los desafíos sociales tienen un origen económico, lo explicamos en seguida.

Cabe señalar que el retorno a la normalidad será paulatino, como lo ha venido siendo en el segundo semestre de 2021. Queda demostrado, también, que nunca se trató de una dicotomía entre salud o economía, sino de decisiones complejas y descentralizadas que debieron tomarse en base a datos, pero no fue siempre así, por lo que estaremos frente a las consecuencias de las malas decisiones, como aquellas que desaprovecharon el mejor contexto internacional en la historia económica del país.

Por el lado de las expectativas económicas, es bueno aclarar que el 2022 no se llegará a los niveles de la economía de 2019. Es decir, ya van siendo varios años perdidos mientras que el mundo continúa en una rápida recuperación. Lamentablemente, el Estado boliviano seguirá gastando más y más recursos sin tener en claro de dónde los sacará y su destino estará guiado -como lo hicieron durante 14 años- por motivaciones políticas. Al respecto, el reconocido economista Antonio Saravia expuso con claridad meridiana que estamos frente a un presupuesto de terror. No olvidemos que, si el Estado no puede cubrir sus gastos, acude a préstamos, a subir impuestos o a generar inflación y aquí es donde se verán los problemas.

Bolivia ya no es tan creíble para recibir financiamiento externo, entonces el préstamo no será la principal opción. Por el lado de los impuestos, no olvidemos que esa ha sido una reiterativa en el país, al punto de crear un inoperante impuesto a las grandes fortunas que recauda poquísimo, pero daña -aún más- la confianza y credibilidad de Bolivia para atraer inversiones. Entonces, queda como última opción emitir papel moneda, pero los costos políticos de meterle a la maquinita de imprimir billetes pueden ser muy altos ya que ello implicaría una modificación del tipo de cambio y el surgimiento de presiones inflacionarias. Por si fuera poco, el reporte de Fitch solutions para 2022 indica que los precios internacionales de materias primas bajarán un poco. El tipo de cambio está fuertemente ligado a las expectativas de bienestar de la población y una modificación del mismo generaría conflictos políticos. Pero ello lo discutiremos en seguida.

Así las cosas, el Estado buscará ‘reactivar la economía’ a través de mayor obra pública y como muestra el PGE, habrá un considerable gasto en comunicación para mitigar la sensación de crisis económica y social que estaremos viviendo, lo que implica que, por un lado, se protegerá aún más a los gobiernos corporativos que tienen capacidad de movilización, hablo de un incremento en costes de contratación y profundizar rentas de sindicatos, movimientos sociales, etc. Mientras que, por otro lado, habrá una competencia -obviamente desleal desde el nivel central de gobierno- por los pocos recursos que haya, sean públicos (ojo a las retenciones a gobernaciones, municipios y universidades) como privados (a través de “mecanismos de retención suaves” para no alarmar a la población), por lo que la creatividad de funcionarios de gobierno para recaudar o expropiar recursos públicos y privados será puesta a prueba cada fin de mes o al término de algún plazo legal. Lo hicieron en el pasado, ¿por qué no lo harían de nuevo?

Por último, consideremos las perspectivas políticas. Recordemos que la política es el arte de lo posible y que, resolver las crisis económica y social no solo está en manos de los bolivianos en general, sino que depende principalmente de la voluntad política de nuestros políticos. Así las cosas, hay dos eventos con implicaciones políticas muy significativas para el siguiente año que definirán la gobernabilidad del MAS: la cumbre de la justicia planteada para marzo de 2022, lo que implicará una ‘previa’ para las elecciones judiciales de 2023. Este momento será determinante porque la justicia es el garante de lo legalmente posible y, al estar en control de un partido político, básicamente define lo que el partido ordene, como ya lo hemos visto. Recordemos que no importa que hayan normas perfectas, derechos humanos fundamentales o convenciones internacionales explícitas, con una justicia débil como la que tenemos hoy, no servirán de nada.

El segundo evento políticamente importante es el censo de población y vivienda proyectado para noviembre de 2022. Como la única garantía de cumplimiento de acuerdos políticos no reside en la justicia, sino en la comunidad internacional, es prudente contar con veedores internacionales para cada momento político de relevancia.

En el caso del censo, hay al menos 4 organismos internacionales. Pero la fecha importante para el censo no es noviembre, sino entre 4 a 5 meses antes, es decir, mayo o junio de 2022 porque en ese momento se tendrá que estar realizando la cartografía sobre el que se hará el censo y, como se imaginarán, ese es el mapa por el que los operadores del censo tendrán que levantar la información. Con una excelente cartografía, habrá un buen censo y como sabemos, el censo no solo brinda una cantidad de números para la planificación del desarrollo, sino que define cuestiones económicas y políticas para la próxima década.

En resumen, las crisis económica y social continuarán y la crisis política indica que no habrá una solución pacífica en el corto plazo, a lo mucho se generarán parches que alargarán la agonía de las familias bolivianas al encontrarse en un escenario que además de doloroso, está plagado de incertidumbre. La única garantía para el cumplimiento de acuerdos mínimos se encuentra en la comunidad internacional y en la movilización, por lo que este 2022 será un año en el que estaremos con notables desafíos que marcarán el futuro del desarrollo del país.

Por más que uno lo desee, lo cierto es que no hay buenas señales para este 2022.

*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo


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Christian A. Aramayo Arce

Presidente de la Fundación Gobierno Abierto y Director del Centro de Desarrollo Humano y Empleabilidad de la UAGRM

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