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No ha sido por falta de pruebas, sin duda alguna. Podría decirse además que tampoco ha sido por falta de voluntad política. Pruebas abundaron desde el inicio para identificar a los autores intelectuales y materiales de la brutal represión policial sufrida por cientos de indígenas que protagonizaban la VIII Marcha de los Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia de Bolivia, convocada en septiembre de 2011 en defensa del Tipnis. También, para corroborar que sobró voluntad política, aunque no para aclarar el hecho y castigar a los responsables, y sí más bien para lo opuesto: para apañarlos y garantizarles impunidad.
Hoy, a diez años de la represión ejecutada por medio millar de policías, se puede afirmar que pudo más esa “voluntad política” que cualquier prueba o evidencia sobre la violación de los derechos y garantías constitucionales de los indígenas. Sobre los administradores de Justicia pesó mucho más la voluntad del gobierno presidido entonces por Evo Morales, que la protección de los indígenas que demandaban, de manera pacífica, la defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Un territorio amenazado por el proyecto vial Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, con un trazado que partiría en dos al Tipnis, y al que el gobierno apostaba con todo.
Todas las gestiones previas hechas por los dirigentes indígenas de Beni ante el gobierno central para frenar el proyecto, habían fracasado. Éste aceleraba el paso para concretarlo y ya había asegurado, incluso, el compromiso financiero del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, que estaba dispuesto a prestarle al Estado boliviano 332 millones de dólares, de los 417 millones de dólares presupuestados para el tramo de 306 kilómetros comprendido entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, por medio Tipnis. Es más, Morales había sentenciado que haría la carretera “quieran o no” los indígenas.
Ese “quieran o no” quedó reflejado en el “Plan Operaciones Tipnis”, como se supo luego fue denominado por los encargados de ejecutarlo el domingo 25 de septiembre de 2011. Un operativo que incluyó una fría planificación, con compras previas de tenazas y cintas adhesivas por docenas, como lo prueban las facturas incluidas en las pruebas obtenidas en la investigación fiscal, además de partidas presupuestarias para alquiler de transporte (para el traslado obligado de los marchistas a San Borja), agua, alimento y combustible. El detalle de las facturas, a nombre del Ministerio de Gobierno, así como el de quién hizo el requerimiento, quién la compra y la entrega del material a los policías, fueron publicados a un año de la represión, en un reportaje especial de Página Siete.
Toda esa información, además, contenida en el cuadernillo de investigación, en el que se lee, entre otras, la declaración del entonces viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, diciendo que la orden del operativo la dio el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y que él solo supo de esta por el general Oscar Muñoz, subcomandante de la Policía, que le dijo haberla recibido desde La Paz. Curiosamente, los únicos dos con alguna medida en su contra, al primer año de los hechos: Muñoz fue imputado y sometido a arresto domiciliario, mientras que Farfán también fue imputado, pero hasta 2012 no había sido convocada la audiencia de medidas cautelares.
Demás está decir que Llorenti negó haber dado la orden. Primero atribuyó la misma nada menos que Farfán, luego dijo que hubo ruptura de mando. Finalmente, quedó fuera de la investigación fiscal y, más bien, premiado luego con su designación como embajador de Bolivia ante Naciones Unidas. Lo mismo sucedió con otras autoridades que jugaron algún rol central en la represión, como el general Jorge Santiesteban, comandante de la Policía; el general Edwin Foronda, Inspector de la Policía; el coronel Víctor Maldonado, director nacional de Inteligencia; e incluso Boris Villegas, encargado de hacerle seguimiento a la Marcha Indígena. Al menos los últimos tres, presentes además en Chaparina.
El recuento de lo sucedido hace diez años da para mucho más, pero ya no para compartir aquí. Aunque breve y recortado, sirve para probar que la brutal represión policial a la VIII Marcha Indígena obedeció a un plan oficial no solo para abortar la misma, sino también para escarmentar a los indígenas. No se explica de otra manera la saña, violencia y abusos cometidos por los policías contra hombres, mujeres e incluso adolescentes y niños, todo registrado por las pocas cámaras y medios que aún estaban en el lugar. El gobierno logró parar en ese momento la Marcha, pero no impidió que se rearticule y llegue finalmente a La Paz el 19 de octubre del mismo 2011, obligando además a Morales a promulgar el 24 del mismo mes la Ley 180, instituyendo la intangibilidad del Tipnis.
Eso, hace diez años. Pero la historia se repite, persisten las amenazas sobre las tierras y territorios de los pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia de Bolivia. Tanto, que estos pueblos se han visto obligados a marchar una vez más -esta es ya la décima primera vez- en defensa de sus derechos territoriales y cultura. Cuando escribo estas líneas, aun no han llegado a destino, esta vez Santa Cruz de la Sierra. Partieron de Trinidad y han sido hostigados nuevamente por los mismos actores políticos y sus sectores afines. No con la brutalidad vista en Chaparina, al menos hasta el momento de cerrar esta columna; pero sí con la misma sensación de no ser escuchados, ni respetados. Lamentablemente, no solo por el gobierno central y sus adherentes, sino también por otros sectores que casi nada o nada han hecho para ayudarlos a consolidar sus territorios.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
