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A diferencia de los regímenes autoritarios que buscan la acumulación de poder para imponer el derecho del más fuerte, los gobiernos democráticos se conducen en base a consensos y vínculos de derecho, regulados por normas generales seguras, constantes e inaplicables retroactivamente, lo que significa que las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, o entre los ciudadanos entre ellos, se basan en “la supremacía de la ley”, igualdad ante la justicia, transparencia, separación de poderes, derecho al debido proceso y transparencia procesal y legal. Por el contrario, la supresión de esos elementos esenciales de la democracia por parte de una mayoría electoral circunstancial significa la ruptura del Estado de Derecho y equivale a un golpe de Estado.
Esos principios son parte de los estándares internacionales establecidos por la Carta Democrática Interamericana, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por las Naciones Unidas a través de la Declaración del 24 de septiembre de 2012 aprobada por la Asamblea General de la ONU la cuál reafirmó que “los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia están interrelacionados y se refuerzan mutuamente y que pertenecen a los valores y principios fundamentales universales e indivisibles de las Naciones Unidas “.
En Bolivia no hay ni justicia independiente ni respeto a la institucionalidad democrática ni a los derechos humanos. Para nadie es un secreto que el Presidente Luis Arce, subordinado del ex Presidente Evo Morales, ha demostrado que es más hábil para avivar resentimientos que para resolver los graves problemas del país. En su primer año de gestión ha suprimido las reglas y los procedimientos del ejercicio democrático del poder. Hoy el país vive bajo un régimen que niega la legitimidad de sus opositores; detiene ilegalmente a sus rivales y los persigue a través de un poder judicial vicioso y sometido; considera que los que no piensan como él son enemigos al servicio de los Estados Unidos y los trata como a personas que no merecen un espacio legítimo dentro del sistema democrático.
Luis Arce y Evo Morales esconden su comportamiento dictatorial bajo la fachada de un sistema democrático, por eso las detenciones arbitrarias, la represión, los juicios siempre las escenifican con un lenguaje legal, sellando la decisión del poder ejecutivo con el auxilio de fiscales, jueces, demandantes, testigos, todos ellos al servicio del gobierno. Además, Arce, repite mentiras, convencido de que la verdad depende de su lenguaje y que sus palabras pueden transformar la realidad de que no hubo golpe sino una transición democrática ocasionada por el fraude electoral, la renuncia y la fuga de Evo Morales a México. La utilización del engaño como estrategia política no sólo envilece a la política sino también a una sociedad permisiva con los que le mienten. Este tipo de régimen que proscribe la legitimidad de los opositores y constantemente fabrica narrativas falsas es peligroso y muchas veces conduce a la violencia.
Por eso ha llegado la hora de que los ciudadanos se expresen democráticamente en defensa de la verdad, los valores republicanos y la recuperación de la decencia en la política, bajo la certeza de que sólo a través de una resistencia masiva, pacífica y unificada del pueblo boliviano, se podrá proteger la democracia y evitar que el país se convierta en otro “paraíso socialista“. La propia CIDH ha establecido que “la protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas y se encuentra protegida por una constelación de derechos y libertades que el sistema interamericano garantiza tanto en la Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos“.
Si los ciudadanos no demuestran unidad en la defensa de la democracia, estarán pronto indefensos ante la maquinaria judicial manipulada por el poder ejecutivo y difícilmente podrán confiar en que los organismos internacionales de derechos humanos ejerzan presión sobre el gobierno del MAS frente al ejercicio abusivo e ilegal del poder, como se ha demostrado en el caso de la detención arbitraria y las torturas de las que es objeto la ex Presidenta Constitucional Jeanine Añez. En los últimos años, sólo la OEA se ha mostrado contundente en sus denuncias a las violaciones de derechos democráticos y políticos en la región. Esta quizás sea la ultima oportunidad para evitar que Bolivia siga el camino de Venezuela, Cuba o Nicaragua.
A lo largo de la historia, todos lo que los ciudadanos colectivamente hacen de grande y extraordinario se hace cuando se lucha en defensa de principios, como fue el caso de la resistencia pacífica de “las pititas“ que con su sacrifico evitaron que el país se convierta en una dictadura. Hoy los bolivianos pueden demostrar nuevamente que no están dispuestos a perder su libertad.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
