Con el doctor Lanchipa y el profesor Corchado, “¿a dónde nos lleva el MAS?”
Editoriales y columnas de opinión dedicaron sus análisis dominicales al Fiscal General, al consultor español y las consecuencias del polémico informe contra el fraude electoral. Aquí el resumen de tres puntos de vista.
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Página Siete – El extraño caso del doctor Lanchipa
El Fiscal General del Estado es para el editorial de Página Siete de este domingo como el personaje de una novela del siglo XIX que inventa una poción para desdoblarse en dos personas, una contraria a la otra. Sin poción de por medio, Fausto Juan Lanchipa Ponce se desdobló en los últimos tres gobiernos acusando, persiguiendo y prestándose a los intereses políticos del momento. Página Siete relata cómo de vocal del Tribunal de Justicia de La Paz pasó a ser responsable de la Dirección de Reivindicación Marítima, luego a Presidente de ese Tribunal de Justicia y de ahí a Fiscal General del Estado, todo en el régimen de Evo Morales; cómo permaneció en el más alto cargo del Ministerio Público en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez y cómo se mantiene vigente en la actual administración de Luis Arce.
El diario paceño pone énfasis en que “los masistas estallaron en críticas” cuando el 10 de noviembre de 2019 Lanchipa instruyó a la Fiscalía de La Paz abrir procesos judiciales contra los en ese momento vocales del Tribunal Supremo Electoral y puso en conocimiento de la Embajada de México, mediante la Cancillería, que había resoluciones y mandamientos de aprehensión en contra de políticos solicitantes de asilo a ese país. “Hubo molestia en sectores del MAS, que lo acusaron de haberse puesto al lado de un gobierno ’ilegítimo’ (el de Jeanine Áñez) por preservar su cargo. Incluso hasta hace dos semanas la exdiputada de ese partido e impulsora del caso ‘golpe’, Lidia Patty, insistía con sus pedidos para que sea destituido”, reseña el editorial.
Pero, afirma Página Siete, “Lanchipa mostró nuevamente otro rostro y anunció el cierre del caso que él mismo abrió hace aproximadamente un año y ocho meses, con base en una pericia que no tiene punto de comparación con la auditoría que originó la apertura del proceso”. Y es en este punto que lanza la advertencia: “No se puede negar que el extraño caso del doctor Lanchipa parece haber sido sacado de una novela. Pero, al margen de la comparación, todo indica que el personaje volvió a ser quien quieren que sea”, un sujeto de “doble personalidad” que encaminará procesos judiciales que favorezcan al fantasioso relato del MAS midiendo las cosas “según la conveniencia que dicta el contexto político”.
Carlos Valverde – Enturbiando el agua, para que parezca más profunda
El periodista y analista político Carlos Valverde, cuyos artículos de opinión son publicados por varios periódicos del país, enfoca su análisis de este domingo en Juan Manuel Corchado, el profesor universitario español con una hoja de vida de 190 páginas en las que no aparecen las palabras perito, pericia y forense, y quien reconoció a medios bolivianos que le entrevistaron que su consultora BISITE no tiene experiencia en pericias electorales y que realizó un estudio parcial porque trabajó sobre lo que “al fiscal Lanchipa le debe haber parecido pertinente enviar”. “…en este caso no se puede hablar de un ‘informe de Integridad’ porque integridad significa la totalidad y no de la parte, que fue lo que recibió Corchado”.
Y viene la ráfaga de preguntas lógicas de Valverde: “¿Por qué Corchado? ¿Quién lo recomendó? ¿Cómo llegó el fiscal Lanchipa a ese hombre?”. La elección de u experto en inteligencia artificial pero sin experiencia en pericias electorales venía como anillo al dedo porque Corchado y su informe enturbian el agua para que aparezca más profunda. “No sé si fue Lanchipa, pero no me cabe duda de que quien lo hizo apuntó a su ‘ninguna experiencia en temas electorales’”, afirma el periodista y añade que el que una tercera persona haya cobrado por la consultoría de manera particular y aparezca la Universidad de Valladolid, no la de Salamanca, como ejecutora del trabajo “son demasiados temas como para pasarlos por alto”.
Y termina su texto de opinión puntualizando un dato que intentan ocultar en medio del agua enturbiada por Corchado a pedido de Lanchipa. Ese dato al que no se refirió en ningún momento el Fiscal General es el “Informe investigativo policial, caso ‘Tribunal Supremo Electoral 2′, N. 201102012000148, que demuestra que hubo intrusión de mexicanos desde un tiempo anterior a la realización de las elecciones de 2019 y que estos llegaban hasta el piso 17 de ‘la casa del pueblo’, donde los esperaban ministros y hasta Evo Morales y (Álvaro) García, ávidos de saber qué adelantos había, ‘por si los llegaran a necesitar’, como evidentemente ocurrió”.
Los Tiempos – ¿A dónde nos lleva el MAS?
El editorial del periódico de Cochabamba analiza el tema pero desde una doble perspectiva: la guerra política sin cuartel y las preocupaciones de la mayoría de la gente. Afirma que el Informe Corchado, insuficiente para invalidar la auditoría vinculante de la Organización de Estados Americanos, “sucede tres semanas después” de la denuncia del supuesto “armamento enviado por Argentina en noviembre de 2019”, que sirvió para “disimular las contradicciones de los masistas al intentar invalidar las declaraciones del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana que corroboran lo que ya se sabía de la estrategia de Morales para provocar un enfrentamiento entre bolivianos”.
Para el diario Los Tiempos “esa estrategia para imponer el embuste del ‘golpe de Estado’, cuya punta de lanza es el caso fabricado por el Ministerio de Justicia y que ya mandó a la cárcel a más de una docena de exautoridades civiles y militares, ahora ingresa en la etapa de la imposición por la amenaza” y para demostrarlo recoge las advertencias del Procurador General del Estado y de un desubicado viceministro que anunciaron procesos judiciales contra quienes cuestionen el inverosímil relato oficialista del “golpe de Estado”.
¿Y que hay de la gente que no está inmiscuida en la guerra de discursos de los políticos pero que puede ser víctima, por ejemplo, de la persecución con leyes aprobadas hace unos días y que apuntan a violar la privacidad de las personas con escuchas telefónicas? “El desprecio gubernamental por el ordenamiento jurídico vigente se replica en otros niveles como en el avasallamiento de tierras privadas, comunitarias y fiscales, o la destrucción impune de infraestructura hotelera. Mientras, la educación de millones de estudiantes es deficiente, la economía tambalea y la corrupción continúa campante”, concluye el editorial de Los Tiempos.