El debate sobre la urgente reforma de nuestra justicia no se agota en los medios tradicionales y digitales
Los Tiempos, Correo del Sur y Óscar Ortiz analizan el control político sobre jueces y fiscales.
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Los Tiempos – Es urgente emprender la reforma de la justicia
En su editorial de este martes precisa que la necesidad urgente de una reforma judicial a fondo no tiene como antecedente directo el informe del grupo de expertos de la CIDH, sino también el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hace un par de semanas “constató que el Tribunal Constitucional Plurinacional se arrogó atribuciones que no le competen, cuando, en 2017, interpretó un artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) para habilitar la inconstitucional repostulación de (Evo) Morales a la presidencia”.
Puesto ese elemento en la mesa del debate, Los Tiempos repasa las cuatro grandes constataciones de la investigación internacional sobre la calamitosa situación de la justicia boliviana: falta de independencia institucional, vulneración permanente al debido proceso, uso abusivo de la detención preventiva y falta de acceso al derecho a la verdad y justicia. “Sus constataciones probablemente provocan vergüenza a los jueces y fiscales probos, que deben existir, pero no sorprenden, pues todos conocemos la corrupción y otras taras del sistema judicial nacional”, agrega el editorial.
A ello se suma lo ocurrido el sábado con la expresidenta Jeanine Áñez en el penal de Miraflores. “La circunstancia es crítica para el oficialismo y evidencia aún más la necesidad de un cambio de su actitud respecto de la urgencia de emprender una reforma judicial”, afirma y rescata la opinión del Presidente del Senado sobre emprender la tarea de “manera muy responsable y seria” durante cuatro o cinco años. “Esa seriedad tendría que manifestarse de inmediato, y la mejor manera es crear las condiciones óptimas y fiables para los juicios de responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos violados en la convulsión de 2019”, termina el editorial de Los Tiempos.
Correo Del Sur – El meollo es la justicia
El periódico de la capital del país no duda en señalar que el informe del grupo de expertos independientes de la CIDH será el “principal documento de trabajo” para las investigaciones de los hechos violentos en 2019 porque “no está alineado” con ninguno de los bandos de la guerra política del país. “El informe deja claro que los enfrentamientos no surgieron de la nada”, afirma en su editorial de este lunes que recuerda los discursos antagónicos, las decisiones políticas de abierta confrontación y el penoso resultado de muertes en los gobiernos de Evo Morales y Jeanine Áñez entre octubre y noviembre de 2019.
Correo del Sur concentra su análisis en el “meollo de la crisis”: la “lacra” en que se ha convertido el sistema judicial porque, además de sus problemas estructurales como la dependencia política, la corrupción y la ineficiencia, es ahora el brazo operativo de la persecución de opositores al poder. “Así ocurrió durante los 14 años de gobierno de Evo Morales, así ocurrió en los 11 meses del Gobierno de Áñez y así está ocurriendo en los primeros nueve meses del Gobierno de Luis Arce”. Y lanza preguntas para saber si realmente el país podrá dotarse de un Órgano Judicial y un Ministerio Público independientes, eficientes, transparentes y justos.
“¿Partirá, entonces, la solución del mismísimo poder del Estado que está siendo tan cuestionado, ya no solo por la ciudadanía boliviana sino también por los organismos internacionales?”, pregunta el diario sucrense y de inmediato expresa sus dudas utilizando como ejemplo la renovación de dos de tres máximas autoridades del Consejo de la Magistratura y la situación sigue siendo la misma en el conjunto del Órgano Judicial.
Óscar Ortiz – El estado de la justicia en el informe del GIEI
El articulista de varios medios en el país va a la parte medular en el análisis del sistema judicial a partir del informe del GIEI. “En mi opinión, el problema de fondo es el control político sobre la justicia. Mientras no haya verdadera independencia para los tribunales, no habrá respeto ni garantías a las libertades y derechos ciudadanos”. Ortiz menciona los cuatro principales problemas de la justicia boliviana constatados por la investigación de los expertos de la CIDH y aporta datos que retratan el porqué de los males.
“Según datos de la CIDH solo 163, de un total de 1.220, serían jueces de carrera. En cuanto a los fiscales, solo el 20% sería institucionalizado, según lo que les informaron”, sostiene y rescata la afirmación del GIEI de que “este carácter transitorio de los cargos de jueces, juezas y fiscales los expone a transferencias, remociones y cese de funciones con base en criterios arbitrarios y permite la posibilidad de interferencia política. Adicionalmente, compromete la independencia de sus deliberaciones y decisiones y los expone a represalias relacionadas con el ejercicio de sus funciones”.
Ortiz hace énfasis en lo aberrante que se ha convertido el abuso de la detención preventiva. “Llega a tal extremo (…) que el GIEI advierte que se ha llegado a detener incluso a personas que se presentaron voluntariamente ante el Ministerio Público, sin citación previa, al tomar conocimiento de que se les había iniciado procesos penales”. Y remata su texto de opinión con un desafío respecto a la situación de la expresidenta Jeanine Áñez. “… permitir defenderse en libertad, en el marco del debido proceso y las garantías que establecen la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, constituye la primera prueba del Estado boliviano en la implementación de las recomendaciones del GIEI”.
