Medicación inadecuada y valoración sicológica a Áñez, interculturales echados, fuego en Rurre, ven compleja la reforma
Esto es lo que debes saber este domingo 22 de agosto.
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Ansiolíticos habrían causado el intento de suicidio
La medicación con ansiolíticos que se aplica a la expresidenta Jeanine Áñez, incluso cuestionada por un siquiatra en la última junta médica convocada por médicos de Régimen Penitenciario, puede ser una de las causas del intento de suicidio de la exmandataria porque esa medicación inadecuada le produjo un “síndrome similar a la paranoia”, sostuvo Luis Guillén, abogado de Áñez, informó Los Tiempos.
Carolina Ribera, informó a El Deber que Pavel Angles, médico personal de su madre, pidió que se suspenda el tratamiento con ansiolíticos y se determinó que uno de los dos hijos de Áñez duerma con ella todas las noches en el penal para que no intente hacerse daño otra vez. Ribera señaló a Franz Laura, autoridad de Régimen Penitenciario, como autor del hostigamiento a su madre.
Gobierno dispone una evaluación sicológica a Áñez
Mediante un comunicado emitido este sábado en la noche, el Ministerio de Gobierno sostuvo que la expresidenta Jeanine Áñez es sometida a una evaluación sicológica para establecer los motivos que le impulsaron a tratar de quitarse la vida en el penal de Miraflores. El comunicado señala además las condiciones en las que la exmandataria guarda detención son de las mejores.
“Las condiciones de reclusión de la señora Jeanine Áñez no representan ningún peligro para su salud. Cuenta con personal médico a su disposición”, sostiene el comunicado del Ministerio de Gobierno, luego de señalar que cuenta con “facilidades constantes para facilitar sus derechos constitucionales a un debido proceso y al libre acceso a todos los mecanismos jurídicos de defensa”.
Indígenas expulsan a interculturales que chaqueaban
Indígenas chiquitanos de la comunidad 24 de marzo, en el municipio San Miguel de Velasco, desalojaron de su territorio a un grupo indeterminado de interculturales que comenzaban a chaquear el terreno que pretendían avasallar con documentos otorgados por la Autoridad de Bosques y Tierras, y el Instituto Nacional de Reforma Agraria para luego quemar el bosque chiquitano con fines de ocupación.
“A esto vienen, meten fuego, solo tienen como finalidad destrozar nuestros bosques, que con tanto esfuerzo dejaron nuestros antepasados. Se meten a nuestro territorio y a nosotros, como oriundos, nos están haciendo a un lado”, dijo Severino Román, cacique de la comunidad 24 de marzo. Reiteró que los interculturales son apoyados por la ABT y el INRA en las tomas de territorios indígenas.
Incendio forestal devora 20 hectáreas en Rurrenabaque
Instructores y marineros de una base de la Fuerza Naval y funcionarios de Defensa Civil controlaron un incendio forestal de magnitud en el municipio beniano de Rurrenabaque, específicamente en las comunidades Paitití y El Majo. Las llamas consumieron 20 hectáreas y amenazaron con llegar a esos poblados, situados a 37 kilómetros de la carretera entre Yucumo y Rurrenabaque.
El capitán de Corbeta, Amílcar Rioja Mejía, comandante de la Base Naval Ballivián, reportó que los efectivos militares utilizaron “palas, machetes, picos, batefuegos, entre otras herramientas de lucha contra incendios forestales, para mitigar el incendio forestal, que ponía en riesgo no solo la fauna y la flora, sino también la vida de los comunarios del sector”.
El gobierno de Arce ve complejo reformar la justicia
Para el vocero presidencial, Jorge Richter, que fue entrevistado en el programa ¡Qué Semana! de El Deber Radio, la reforma del sistema judicial planteada por el informe del grupo de expertos de la CIDH será compleja en su desarrollo por dos grandes componentes que pueden complicar la tarea que el gobierno desea encarar. Richter explicó ambas complejidades.
La primera tiene que ver con los actuales actores de la justicia que, según Richter, tienen intereses de índole público y privado, lo que pondrá obstáculos a la necesaria reforma judicial, y el segundo componente es que no se trata de un par de reuniones de fin de semana, sino establecer un “gran diagnóstico” y diseñar políticas que deben ser concertadas con los actores de la cuestionada justicia boliviana.
