Morales y su delirio de poder, el origen de las “masacres”
La investigación establece que hubo violación de derechos humanos en los gobiernos de Morales y Áñez y que la grave crisis política de 2019 fue provocada por la violación de la Constitución en 2016.
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¿Qué hubiera sucedido en Bolivia el martes 17 de agosto de 2021 si la Unión Europea no hubiese negado categóricamente un “golpe de Estado” en 2019, si Organización de Estados Americano no hubiese ratificado con un nuevo informe el fraude electoral y si la Corte Interamericana de Derechos Humanos no hubiese dictaminado que la reelección indefinida no es un derecho humano de los presidentes?
Yendo un poco más atrás. ¿Qué hubiera ocurrido en el país este martes 17 de agosto si la Conferencia Episcopal de Bolivia no hubiese publicado su informe-memoria que revela el deliberado vacío de poder organizado por Evo Morales y su entorno político, y si los exmiembros del Alto Mando Militar no hubiesen revelado la intención de Morales y García Linera de provocar una guerra civil entre bolivianos?
Este martes 17 de agosto, Dia de la Bandera Nacional, hubiera sido calificado como el día de la victoria final del relato oficialista sobre la democracia boliviana, el día en que la posverdad habría triunfado sobre lo que realmente ocurrió desde 2016, cuando Morales y la élite masista tomaron la decisión de perpetuarse en el poder violando la Constitución que aprobaron en 2009.
Hubiera sido un día de júbilo para Morales y sus seguidores porque habrían terminado de enterrar políticamente a los supuestos golpistas –civiles y uniformados– y tendrían todo listo para gobernar Bolivia esta vez hasta el fin de los días. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según la planificación de la posverdad, debía ser la cereza sobre la torta.
El panorama es radicalmente distinto ahora para Morales, el masismo y la administración de Luis Arce porque informe del GIEI, si bien establece que hubo “masacres” en Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, concluye que las violaciones a los derechos humanos ocurrieron en los gobiernos de Evo Morales y Jeanine Áñez, y que el origen de la grave crisis política fue la decisión de Morales de violar la Constitución para perpetuarse en el poder.
Habiendo tenido conocimiento antelado del contenido del informe del GIEI, el gobierno ha puesto en marcha una operación comunicacional que busca reposicionar a Morales y su fábula del “golpe de Estado” después de los sucesivos reveses que recibió de la Iglesia Católica, los exjefes militares, la Unión Europea, la OEA, la Corte IDH y ahora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por eso la anticipación gubernamental de que el informe del GIEI confirmaría las “masacres” en Sacaba y Senkata, la afirmación de Arce de que la investigación prueba que hubo un “golpe”, la avalancha de testimonios, imágenes y consignas en la presentación del documento y la ofensiva de vocerías para martillar con el mensaje central de que el derramamiento de sangre en 2019 es producto de un supuesto “golpe de Estado”.
Es probable que esa operación comunicacional pueda confundir por un tiempo al gran público, pero conforme vayan pasando las horas y el informe del GIEI sea explicado con objetividad, quedará claro que las 38 muertes de bolivianos en los conflictos de 2019 jamás hubiesen ocurrido si Morales y su entorno no hubieran decidido violar la Constitución Política del Estado para quedarse en el poder por siempre.
Entonces el relato antidemocrático del “golpe” habrá sido derrotado definitivamente y la gente comprenderá que Morales estuvo dispuesto a todo por su delirio de poder eterno.
