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Polarización agudizada, reconciliación desahuciada: dos Bolivias y dos festejos patrios

Desde este lunes La Paz y Sucre concentrarán discursos, actos y movilizaciones con retóricas opuestas entre sí.

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La polarización política y social del país tendrá nuevos días de tensión hacia el 6 y 7 de agosto, cuando se realicen los actos por los 196 años de independencia de Bolivia y el nuevo aniversario de las Fuerzas Armadas. El masismo, a través de su nuevo gobierno, organiza un festejo rimbombante en La Paz con mensajes presidenciales, la inauguración de un opulento edificio, desfiles de militantes y fiestas como si la pandemia del coronavirus no existiera.

En el Bicentenario del Perú y asunción de Pedro Castillo, hace un par de días, el jefe del MAS, Evo Morales, participó junto a los mandatarios invitados en los actos centrales, casi en calidad de Jefe de Estado. Con el impulso de Lima, es probable que participe en la primera sesión de la Asamblea Legislativa en su nuevo edificio, más costoso que la Casa Grande del Pueblo, el otro faraónico rascacielos de la plaza Murillo inaugurado por Morales.

El gobernador de Chuquisaca, el opositor Damián Condori, envió invitaciones a sus pares de los otros ocho departamentos esperando que los gobernadores de Santa Cruz, La Paz, Tarija, Pando y Beni participen en los actos de Sucre, a los que también se han invitado a los alcaldes de las 10 principales ciudades del país, ocho de las cuales están en manos de fuerzas de oposición, rectores de las universidades, colectivos ciudadanos y otras organizaciones sociales.

La brigada parlamentaria de Chuquisaca, que agrupa a diputados y senadores del oficialismo y oposición, tomó la decisión de no asistir a los actos de La Paz, pero tampoco aseguró que participará como brigada en las actividades de la capital. No sería extraño que el instrumento político presione a los parlamentarios del MAS para que titulares o suplentes aparezcan en los flamantes curules del monumental edificio congresal.

El 6 de agosto, Luis Arce estará a dos días de sus primeros ocho meses de gobierno y a cuatro años de la celebración del Bicentenario de la independencia de Bolivia. El 8 de noviembre de 2020, en su primer mensaje presidencial, Arce le propuso al país reconciliación y reencuentro después de la peor crisis política en la era democrática. Lo que hizo su gobierno en este tiempo fue exactamente lo contrario con la teoría de un inexistente “golpe de Estado”, mientras la mayoría del país sigue vulnerable ante el coronavirus y no ve señales de reactivación económica.

La polarización del país también se expresará en las calles. Plataformas ciudadanas anunciaron movilizaciones hacia el 6 de agosto en varias partes del territorio nacional, particularmente en La Paz y Sucre. De hecho este lunes los activistas estarán en la capital del país para exigir que la Fiscalía General del Estado revierta la resolución que cierra el caso fraude electoral y libera de toda culpa a los acusados de 2019. Ese día, la Asamblea de la Cruceñidad tomará decisiones en defensa de la “dignidad y la democracia” del país.

El masismo movilizará a las organizaciones que controla a través de prebendas y espacios en el gobierno comenzando por la Central Obrera Boliviana. Dirigentes de los sectores afines al MAS anunciaron que “acompañarán” los festejos oficiales del 6 y 7 de agosto protegidos por efectivos de la Policía, cuyo comandante informó este viernes en la mañana que se efectuarán operativos durante esos días para garantizar la seguridad de las autoridades.

Así, los festejos patrios de unos y las movilizaciones de otros estarán rodeados por la tensión que podría extenderse por varios días más, por la anunciada convocatoria a la Fiscalía de La Paz para que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y otros dirigentes políticos declaren ante la comisión de fiscales que investiga el caso del inventado “golpe de Estado” y luego se realice en Miami la audiencia judicial del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien busca un trato permitido con la fiscalía de Estados Unidos para proveer información útil a cambio de una rebaja en su sentencia.


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