William Herrera: “El modelo judicial del MAS ha fracasado”
William Herrera analizó el estado actual del proceso de la elección judicial en Bolivia, las restricciones impuestas a los juristas independientes y las alternativas que permitan recuperar la independencia de la justicia. Herrera es doctor en derecho constitucional y autor de varios libros en la materia.
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“El proceso de preselección está estancado y nadie sabe qué va a pasar. No ha habido ninguna señal concreta, salvo alguna idea suelta del ministro Lima, quien habló de la posibilidad de que el Tribunal Constitucional pudiera eliminar la elección como tal. Claro que no es una elección, porque la designación se hace en la Asamblea Legislativa y los aplazados en las urnas terminan siendo magistrados igual. Es un engendro muy burdo”, señaló.
Herrera remarcó que “el modelo judicial del MAS ha fracasado. Los procesos del 2011 y 2017 no resolvieron los grandes problemas del Poder Judicial, que por el contrario se han profundizado. Es un modelo de justicia fallido”.
Sobre el proyecto de iniciativa ciudadana que impulsaban los juristas independientes, dijo que “lamentablemente, no se consiguió la cantidad de firmas. Es un absurdo la exigencia legal de un 20% (del padrón), es negar la democracia directa. A eso hay que sumar la desinformación y el boicot desde el Órgano Ejecutivo y el Órgano Electoral”.
“Seguimos con la misma normativa, con la única salvedad que el MAS en este momento no tiene los 2/3 en la Asamblea Legislativa. Tendrían que abrirse a una negociación. No se ha llegado todavía a esa fase y vinieron dos acciones constitucionales que bloquearon el proceso. Se habla de dos leyes: una ley corta para regular el tema eleccionario y otra sobre qué hacer con las autoridades actuales. Pero no sabemos qué va a sacar el MAS”, indicó.
El jurista señaló que “la convocatoria tenía visos de inconstitucionalidad. Permitía el llamado pasanaku, que un magistrado vaya de un tribunal a otro, cuando la Constitución exige renunciar mucho antes. Ahora la han abierto mucho más, como un traje a la medida. Deberían transparentar el proceso e insistir en el tema académico. Debería haber un pacto por la justicia”.
“Todo el mundo demanda una reforma judicial y el único que no la quiere es el Poder Ejecutivo. No le conviene cambiar este modelo, que le ha sido muy útil. Sin las autoridades actuales no habrían casos como los de Jeanine, Camacho, Pumari y todos los presos políticos. La idea de una reforma viene incluso de voces internacionales. Se dijo que a partir de la visita de García-Sayán se abría una reforma judicial, pero no se tomó en cuenta ese informe. Antes se dio la visita del GIEI”, recordó.
Herrera dijo que “el desmadre judicial es total” y existe la necesidad de “hacer un gran pacto, por lo menos invitar a juristas con un buen currículum, como se hizo en su momento con el primer Tribunal Constitucional y con la Corte Electoral. El sistema está totalmente colapsado, no hay carrera judicial, infraestructura, capacitación ni evaluación. Es un poder disminuido y degradado”.
En relación a la propuesta de que el TCP anule la elección, advirtió que “supondría vulnerar la Constitución. La vía correcta es la reforma parcial. No es buena señal lanzar ideas así. Supondría darle luz verde al Tribunal para vulnerar la CPE”.
Sobre el mandato de los actuales magistrados, opinó que “no podemos quedarnos sin autoridades en el Poder Judicial, no puede dejarse un vacío total. Habría que aprobar una ley interpretativa, consensuada o con un acuerdo implícito entre todas las fuerzas políticas. Está en manos de la Asamblea Legislativa”.
“Me habría gustado que organismos internacionales pudieran hacer de veedores para garantizar, dar legitimidad y permitir que gente representativa participe en esta elección”, señaló, poniendo como ejemplo “el modelo de designación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde hay una serie de filtros. Los candidatos se presentan y la sociedad civil tiene la posibilidad de objetar”.
“La participación de veedores permitiría cualificar mucho más el proceso. También con el acompañamiento de la sociedad civil, de las universidades. La transparencia daría legitimidad y permitiría que baje la presión sobre el mecanismo de designación”, concluyó
