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Mirada Sur LXIV: Maduro privatiza, crimen, constituyente, bitcoin y represión

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  1. ¿Maduro apuesta a privatizar?

Para los no venezolanos, entender la política de ese país es cada día más difícil. Bueno, es probable que a los propios venezolanos les pase lo mismo, aunque estarán más acostumbrados. El tema es que esta semana el país caribeño “robó” titulares en los medios globales por dos temas. Primero, las señales de acercamiento con el gobierno de EE.UU., en el contexto de la necesidad de Washington de compensar la salida de Rusia del mercado mundial de petróleo y gas. Y segundo, por el anuncio del dictador Nicolás Maduro de que abriría varias empresas de servicios a capitales privados. Sí, como lo escucha. Empresas estatales como la telefónica Cantv, pondrán hasta un 10% de su capital accionario en la bolsa de valores, como forma de conseguir capitales de inversión.

¿Cómo se explica esta decisión en el país del “socialismo del siglo XXI”? ¿Qué significa, políticamente, esta jugada del gobierno de Maduro? Para entenderlo mejor consultamos a Ana Maria Carrasquero, coordinadora del Observatorio de Derechos de Propiedad del centro de estudios CEDICE de Venezuela. Ana María nos decía lo siguiente:

– “El poder dice que necesita que los capitales vengan a Venezuela a invertir. Para ello la clave es generar confianza, ésto después de que entre 2014 y 2020 acabaron con el 75% de la actividad económica venezolana. Así que están tratando de ofrecer pruebas creíbles de su supuesta redención: devolución del Centro Comercial El Sambil (expropiado en 2008), devolución de unidades de producción agrícolas (recordar que expoliaron cerca de 12 millones de has), y “privatización” de empresas. Venezuela sigue siendo un país sin libertad y las medidas que se han tomado no están orientadas a liberalizar la economía, aunque en apariencia eso parezca. Dichas medidas son para mantenerse en el poder”.

– ¿Por qué toman estas medidas ahora?

– “Con el socialismo del siglo XXI quebraron al país y como no tienen recursos, se vieron obligados a flexibilizar los controles, que no es lo mismo que derogar todas las leyes que le dan sustento a esa arquitectura diseñada para controlar. Ese cuerpo de leyes sigue allí, vigente, listo para ser usado a discrecionalidad.  Levantaron el control de cambio y desaplicaron el control de precios y los anaqueles que estuvieron vacíos se empezaron a llenar con productos importados; sin que ocurriera una dolarización formal, únicamente transaccional, el dólar empezó a circular. Esto ha aliviado en cierta medida las calamidades que vive el ciudadano común, sí se consiguen medicinas o productos de primera necesidad, el problema es la incapacidad para pagar por ellos. Este viraje viene ocurriendo desde finales del 2020 con la promulgación de la Ley Antibloqueo. Un mecanismo “legal” para privatizar, sin transparencia y con toda la discrecionalidad del poder, los activos en manos del Estado”.

– ¿Qué impacto real puede tener esto en la vida de los venezolanos?

– “Esa línea argumental que tienen tiempo posicionando en la agenda de discusión pública, resalta que salimos de hiperinflación, que Venezuela crecerá económicamente, la liberalización de la economía, pero nada dice sobre el secuestro de la democracia, el resquebrajamiento del estado derecho, la violación continuada de los derechos de la ciudadanía, de la emergencia humanitaria.  A los venezolanos se les va la vida en tratar de sobrevivir en la indignidad: la canasta básica está en $470 y los sueldos de los empleados públicos no superan los $100. La pensión de un jubilado ronda los $30. Persiste la crisis de los servicios públicos, zonas en el país que pasan 2 meses sin que les llegue agua por tubería, los cortes eléctricos se volvieron a agudizar y hay estados que pueden durar más de 12 horas sin electricidad; la red de hospitales y ambulatorios está destruida, lo mismo que el sistema educativo nacional.  De lo que se trata es de vender la idea de que Venezuela se arregló, así ya no será necesario seguir luchando por la libertad”.

2. Funeral y sospechas en caso del fiscal 

El domingo se realizó el funeral del fiscal paraguayo, Marcelo Pecci, víctima de un asesinato estilo mafioso mientras se encontraba de luna de miel en Colombia con su esposa, Claudia Aguilera, quienes pocas horas antes del crimen habían anunciado que esperaban un bebé. Según medios locales colombianos, dos hombres que llegaron por mar hasta la playa se acercaron al fiscal, y le propinaron dos disparos a quemarropa.

La figura de Pecci se ha convertido en una especie de símbolo de la lucha contra el crimen organizado, en un país que pacede hace años una epidemia de corrupción y narcotráfico.  Uno de los momentos más emotivos del funeral, fue cuando el padre del fiscal, Francisco, tomó la palabra. “Él no claudicó, él cumplió con su deber”, afirmó Francisco Pecci ante el ataúd de su hijo.  “El pueblo en general, la gente, entiende que a él lo mataron, desgraciadamente, lo mataron, porque molestaba por su honestidad”.

Mientras tanto, en Colombia avanza la investigación, y al menos 17 personas han sido detenidas en relación con el asesinato. Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional de Colombia, señaló en un comunicado de prensa que los 17 detenidos tienen pendientes solicitudes de extradición y que nueve países los buscan por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Entre los detenidos se encuentran ciudadanos de Colombia, Venezuela, Italia, República Dominicana, Países Bajos y Albania. La policía destacó la captura de Diego Mauricio Blanco, el supuesto jefe de una de las mayores operaciones de tráfico de cocaína en Brasil, conocida como ‘Clan Rocha’, que tiene vínculos con la estructura del Primer Comando Capital (PCC) de Brasil, uno de los grupos que el fiscal Pecci investigaba.

La voz del experto. Durante la semana, Mirada Sur conversó con Joseph Humire, experto en seguridad del Center for a Secure, Free Society en Washington, y quién conoció personalmente al fiscal asesinado. Según Joseph, “La muerte de Marcelo Pecci, ha levantado mucha preocupación por fiscales por todo el continente. La hipótesis principal de su asesinato es que está vinculado a uno de los muchos casos que el fiscal paraguayo ha investigado sobre crimen organizado transnacional. Entre las líneas de investigación por las autoridades de Colombia y Paraguay hay mención de las mafias más grandes de la región y el mundo, como el PCC de Brasil y Hezbollah de Líbano”.

Joseph nos explicó que “Cuando conocí al fiscal en un foro sobre cooperación contra el crimen en la Triple Frontera en 2019, Marcelo ya era conocido por llevar con éxito un caso ejemplar sobre un paraguayo-libanés de nombre Nader Mohamad Farhat. Este caso de Farhat era ejemplar porque ayudó a desmantelar parte de una red de apoyo logístico y financiamiento ilícito en la Triple Frontera al grupo terrorista Hezbollah que opera en Paraguay y en la costa caribeña de Colombia donde el fiscal fue asesinado. Ojalá las autoridades encuentren a los responsables de la muerte de Marcelo Pecci y mis oraciones están con su familia y los otros fiscales de Paraguay, muchos que conozco y sé que están luchando de forma valiente contra el crimen organizado y corrupción en su país”.

3. Lista la nueva Constitución en Chile 

Chile ha tenido una semana plagada de noticias. Por un lado, el presidente Gabriel Boric debió cambiar de postura, y ordenó a los militares salir a patrullar la región de La Araucanía, en el sur del país, donde la violencia de grupos radicales que dicen defender los derechos de la etnia mapuche ha generado destrozos y millonarias pérdidas materiales.  Hector Llaitul, uno de los líderes de los grupos radicales mapuches, consideró que se trataba de una “nueva provocación” y llamó a alzar las armas.

“Los milicos esbirros nuevamente desplegados por el Wallmapu (nombre que asignan estos grupos al territorio mapuche), custodiando los intereses del gran capital. Es la expresión en pleno de la dictadura militar que los mapuches siempre hemos sufrido, dictadura que ahora asume el Gobierno lacayo de Boric. A preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía”, declaró.

Pero el otro gran tema ha sido el final del trabajo de la Asamblea Constituyente, la gran apuesta del gobierno actual para cambiar las reglas de juego políticas en el país. Si bien la constitución chilena tuvo muchísimas modificaciones en la época de Ricardo Lagos, muchos activistas la acusan de ser una herencia de la dictadura militar, y la responsable del “neoliberalismo” que habría generado una desigualdad rampante en Chile. Desigualdad que, hay que aclararlo, los estudios más serios no terminan de detectar. Para entender mejor qué ha salido de esta Constituyente, fuimos a consultar a Leonidas Montes, director del Centro de Estudios Públicos.

– ¿Qué impresión genera el proyecto de nueva Constitución?

– El proyecto  tiene 499 artículos y casi 50.000 palabras, superando en  extensión a la Constitución de Bolivia. Pero ésto no es solo un tema de forma, sino también de fondo. El contenido del proyecto está inspirado por el constitucionalismo latinoamericano, donde la izquierda más radical jugó un rol determinante. En el CEP hemos seguido este proceso utilizando inteligencia artificial y ya entre julio y agosto del año pasado advertimos este fenómeno. Aplicando el algoritmo nominate que permite ver solo a través de las votaciones – sin saber quién vota ni cómo piensa – cuán a la izquierda o derecha estaban los convencionales, nos encontramos con un grupo de 58 convencionales que votaban como un bloque de granito, muy a la izquierda. Definimos ese grupo como la “izquierda decolonial”, ya que hubo una influencia del “decolonialismo” tan en boga en Latinoamérica ( ver “analiza” y en seguida pinchar “Posiciones políticas en la Convención Constitucional”). Con el tiempo este grupo se amplió. Bajo la batuta del Partido Comunista, se unieron los pueblos originarios  y algunos independientes para imponer sus anhelos y deseos. Y el Frente Amplio, en vez de moverse hacia la centro-izquierda, se movió más a la izquierda. Esta influencia fue importante. El texto propone cambios radicales y sustanciales, con un Estado mucho más poderoso y una serie de promesas imposibles de cumplir. Es muy refundacional.

– Las encuestas afirman que crece la opción por rechazarlo. ¿Qué puede ocurrir políticamente ante ese panorama?

– La opción por el rechazo ha tomado fuerza, pero debemos tener en mente que el actual rechazo es a la Convención Constitucional, al órgano, a la institución y a su trabajo. La Convención Constitucional, incluso en twitter, genera la animadversión de la ciudadanía. Pero lo que se definió como “el circo”, termina el 4 de julio. En esa fecha finaliza la Convención Constitucional después de un año de trabajo. Entonces comenzará la cruda campaña entre el Apruebo o Rechazo que polarizará aún más al país. El resultado ya es un fracaso porque esta Constitución en vez de unir, separó. El sueño de la casa para todos se esfumó. Muchos esperaban algo más consensuado, pero la verdad es que el trabajo constitucional dejó prácticamente fuera de la discusión a la derecha, a la centro-derecha e incluso a la centro-izquierda. Se reflejó una suerte de revanchismo histórico.

El slogan de que esta constitución es mejor que una hecha por cuatro generales, tal como lo dijo el Presidente Boric, estará presente. Aunque sabemos que ésto es completamente falso, ya que la Constitución fue ampliamente reformada, será un ingrediente en las elecciones al que se unirá la izquierda. Y por otro lado la idea del plurinacionalismo, los privilegios que tendrán los pueblos indígenas y originarios – por ejemplo se les garantiza la restitución de tierras – junto al pluralismo jurídico que los hace distintos ante la ley, puede generar una reacción en la ciudadanía. En Chile hay una clase media poderosa que reacciona ante los privilegios. Se puede anticipar que el resultado será ajustado. En fin, será un cara o sello.

4. Derrumbe del bitcoin golpea a Bukele 

El valor del bitcoin se derrumba y amenaza con hacer naufragar al buque insignia económico del presidente salvadoreño Nayib Bukele. La criptomoneda sufrió una violenta caída desde que, en noviembre de 2021, alcanzó su pico máximo de 66 mil dólares. Mientras usted lee el Mirada Sur de hoy, el bitcoin cotiza apenas por encima de los 30 mil, lo que significa que los contribuyentes salvadoreños están perdiendo mucho dinero, ya que el gobierno invirtió más de 200 millones de dólares en la compra de la moneda virtual y en el proceso que fue necesario para su implementación. Sin embargo, la propia naturaleza volátil del bitcoin hace que nadie sepa lo que puede pasar mañana y, por ese motivo, es apresurado asegurar que el sueño de Bukele vaya a fracasar.

Trasfondo. Bukele comenzó a promover el uso del bitcoin a principios del año pasado, diciendo que fomentaría la creación de empleos y que le otorgaría inclusión financiera a miles de salvadoreños. Finalmente, en setiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en asignarle curso legal a la moneda virtual, sumándose al dólar estadounidense, divisa oficial desde el año 2001. Como parte del nuevo plan económico, el gobierno lanzó la Chivo Wallet, una billetera virtual para operar con la flamante moneda y entregó a cada ciudadano la suma equivalente a 30 dólares en bitcoins. Además, promulgó una ley que hizo obligatoria la aceptación de la cripto como moneda de pago. Pocos meses después anunció la creación de la Bitcoin City, una ciudad costera alimentada por la energía de un volcán activo, donde no existen los impuestos y donde el respeto por el medio ambiente es prioridad. Las decisiones de Bukele provocaron reacciones de las más diversas. Desde aquellos que lo consideraron un visionario, adelantado a su tiempo, hasta los que salieron a la calle a manifestar su rechazo, preocupados por la volatilidad de la criptomoneda y el futuro de sus ahorros.

Qué va a pasar. A pesar de todas las contras, Bukele no se “achica”. Por el contrario, como el tomador de riesgo que ha demostrado ser, parece haber visto en la caída del bitcoin una nueva oportunidad de negocio. Dijo que“hay que comprar a la baja” y adquirió 500 unidades más de la criptomoneda. De acuerdo a la opinión de los expertos, la jugada de Bukele es extremadamente arriesgada y aseguran que el país puede tener problemas para pagar sus deudas y por tanto ir al default si el presidente continúa actuando con tanta audacia. Además esto puede traerle problemas para implementar proyectos de inversión de todas las áreas, los cuales, en definitiva, son los que hasta ahora han ayudado a mantener la popularidad de Nayib Bukele.

5. Cuba apreta la mordaza con nueva ley 

El régimen cubano decidió extremar la represión sobre aquellos ciudadanos que se atrevan a desafiarlo. Esta semana, a diez meses de una de las protestas más importantes contra el gobierno en sesenta años de dictadura, el parlamento aprobó por unanimidad un nuevo Código Penal que considera como delito toda acción que atente contra los “intereses del Estado y del pueblo”. Entre otras cosas, castiga con hasta 5 años de cárcel a quien “incite” a ir contra el orden establecido, pena que se duplica si se utilizan medios de comunicación para cometer la falta.

La medida busca controlar aún más a la prensa independiente, acallar a los activistas y desalentar manifestaciones populares como la que estalló el pasado mes de julio y que tantos dolores de cabeza le provocó al régimen. En síntesis, la nueva ley no deja espacio para la alternativa política ni tampoco para el derecho de los ciudadanos a manifestarse.

Trasfondo. El 10 de julio del año pasado, los cubanos salieron a la calle de forma masiva para protestar contra la dictadura que los oprime desde hace más de 6 décadas. El gobierno de Diaz Canel reprimió con extrema dureza a los manifestantes, dejando un tendal de heridos, cientos de detenidos y una persona fallecida. Muchos de los detenidos, entre ellos varios menores de edad, recibieron severas condenas y pasarán años tras las rejas. La revuelta popular fue motivada no sólo por la falta de libertades sino que además se sumó la escasez de todo tipo de insumos, desde alimentos hasta medicinas.

La voz local. En un artículo escrito para el sitio de la cadena alemana DW, la activista democrática cubana Yoani Sánchez señalaba que “El periodismo no controlado por el Partido Comunista de Cuba (PCC) se lleva una de las peores partes en esta nueva legislación, al satanizar aún más el acceso a fondos de organizaciones y fundaciones internacionales. En un país donde un grupo de hombres usa las arcas públicas a su antojo para sostener sus medios de propaganda ideológica, esos mismos individuos intentan cortar cualquier oxígeno financiero que permita la existencia de periódicos o revistas que incomoden al poder. Solo el PCC puede realizar el ejercicio de la difusión de contenido, bajo supervisión y con las tijeras de la censura prestas a cortar todo lo que no le beneficie”.

Sánchez explicó que “si bien buena parte de lo penalizado en esta legislación ya estaba vedado, de una u otra forma, en decretos, normativas y resoluciones, cabe preguntarse las razones para reforzar este veto y ampliar los castigos en el nuevo Código. Todo indica que se trata de una victoria de las fuerzas del inmovilismo. Estamos ante la imagen de esos puentes que dinamitan los más retrógrados para evitar que el cambio democrático llegue desde dentro de la Isla. Este es, en realidad, un glosario de los terrores del castrismo y de sus intentos desesperados por frenar lo que de todas formas llegará”.

Esta semana, el gobierno cubano recibió la visita de su último gran “validador” regional, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Entre otros temas, AMLO hizo un elogio furibundo al polémico programa de envío de médicos cubanos a distintos países de América Latina. Pero nuestro amigo Gabriel Bauducco analizó esto en profundidad para el programa que emite por youtube con el apoyo de la fundación Federalismo y Libertad. Si tiene unos minutos durante el fin de semana, y le interesa el tema, no se lo pierda.

6. Top 5 economic figures of the week in Latin America.

Nota publicada originalmente en Mirada Sur

Martín Aguirre, Director El País, Uruguay, y Advisory Council member, Center for Latin America
Rodrigo Caballero, editor


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