Mirada Sur XXXVIII: Ortega, burocracia, Piñera, Cuba y protestas
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Para empezar, tenemos las elecciones en Nicaragua, que confirmaron lo que venimos anticipando hace semanas: un fraude impúdico, donde Daniel Ortega ganó “caminando”, como decimos en Uruguay. Después tenemos la “previa” de la nueva jornada de protestas en Cuba. También el juicio político al presidente Piñera en Chile, protestas en Bolivia, elecciones clave en Argentina. Y como si todo eso fuera poco, presentamos un impactante estudio sobre la burocracia y su lamentable costo económico y social en la región. Como verá, mucha cosa, así que vamos a empezar a desgranar los temas.
- Ortega interpela a izquierda regional
No había ninguna expectativa de cara a las elecciones en Nicaragua del pasado domingo. Con toda la oposición encarcelada, entre ellos 7 candidatos a la presidencia, Daniel Ortega ganó las elecciones por una abrumadora mayoría del 75% de los votos. De esa manera se perpetuará en el cargo por un quinto período consecutivo desde 2007. En caso de alcanzar el fin del mandato, completará 20 años de corrido al frente del Ejecutivo y 25 si se suma su primera presidencia, cumplida entre los años 1985 y 1990.
Su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, también mantuvo su cargo tras los comicios y seguirá al lado de su marido por un período más. Como se ve en la foto que acompaña esta nota, una parejita feliz.
De acuerdo a un informe realizado por el observatorio multidisciplinario independiente Urnas Abiertas, entre un 79 y un 84% de los ciudadanos habilitados para sufragar, no participaron de la votación. La enorme abstención, dijo la prensa local, responde al inconformismo y la desconfianza de los nicaragüenses respecto al proceso electoral.
Trasfondo. El 2 de junio el gobierno de Ortega dio comienzo a un dramático proceso para librarse de la oposición con el arresto domiciliario de una de las principales candidatas a disputarle la presidencia: Cristiana Chamorro Barrios. En los días que siguieron, otros seis candidatos también fueron detenidos, los cuales, al día de hoy, aún continúan en la cárcel. En un discurso que dio el 23 de junio, Ortega justificó las detenciones negando que se tratara de una persecución. En cambio aseguró estar juzgando a “criminales que han atentado contra el país, al intentar organizar otro 18 de abril, un golpe de Estado”. El 18 de abril al que refirió es el de 2018, cuando estallaron manifestaciones contra del gobierno a las cuales el estado respondió con una represión que dejó un saldo de más de 300 muertos.
Por qué importa. La campaña encarnizada del ex guerrillero nicaragüense no significa otra cosa que un giro sin disimulo hacia un modelo dictatorial, que interpela sobre todo al resto de líderes cercanos en la región. De hecho, el mismo día de las elecciones, Nicolás Maduro en Venezuela, Miguel Díaz Canel en Cuba y Evo Morales en Bolivia, saludaron a Ortega y le dieron su reconocimiento como Presidente electo. Pero el presidente de Perú, Pedro Castillo, marcó distancia con eje socialista y señaló que lo ocurrido en Nicaragua merece “el rechazo de la comunidad internacional”. El mandatario peruano se sumó así al grupo de 34 países que rechazan la reelección de Daniel Ortega y la consideran una farsa. Algo interesante ocurrió en Brasil, donde el Partido de los Trabajadores primero publicó un comunicado festejando la victoria de Ortega, pero ante el repudio general, decidió levantarlo de su sitio web. En Uruguay, donde el principal partido opositor, el Frente Amplio, no hace mucho recibió a Ortega como un héroe, sus principales dirigentes se han desmarcado ahora de su figura. Algo que puede ser un momento bisagra para la izquierda regional, en su vínculo con sistemas autoritarios.
2. Una región asfixiada por la burocracia
En Argentina, una empresa pequeña debe emplear unas 1000 horas al año para cumplir los trámites burocráticos necesarios que el Estado les exige para funcionar de manera legal. La cifra resulta alarmante pues representa cerca del 50 % del tiempo laboral anual de un trabajador. Si se tiene en cuenta que la gran mayoría de las pequeñas empresas comienzan con uno o dos trabajadores, el esfuerzo es enorme.
Venezuela presenta números similares, ubicándose en el tope de la lista de países latinoamericanos en los cuales se debe dedicar mayor cantidad de tiempo y recursos a este menester. Diez veces más que Brasil, que ocupa el lugar opuesto en la nómina, con un promedio de 115 horas anuales. Esto es fruto de una reciente iniciativa del gobierno brasileño por flexibilizar las normativas y dar oxígeno a las pequeñas y medianas empresas a fin de permitirles trabajar sin tanta presión.
El estudio. Los datos expuestos arriba son parte de los resultados publicados en el nuevo “Índice de Burocracia en América Latina”, presentado esta semana tras un esfuerzo conjunto del Centro Latinoamericano de Atlas Network, junto con otras seis organizaciones defensoras de la libertad dentro de su red, coordinado por la doctora Sary Levy Carciente, miembro del Comité Académico de Cedice Libertad, de Venezuela. El trabajo muestra la presión regulatoria que padecen los emprendedores de la región y pretende identificar los cambios necesarios para eliminar los obstáculos al comercio, la innovación y el progreso humano que los estados han ido poniendo en el camino del emprendedor. Además, determinó que en promedio una pequeña empresa dedica mucho más tiempo para cumplir con trámites burocráticos en los países latinoamericanos que en otras regiones más desarrolladas. Levy destacó la importancia.de realizar estas mediciones como una forma de contribuir a la transformación de la gestión pública a fin de que sirva para dinamizar el entorno económico y facilitar la vida del ciudadano.
¡Déjame trabajar! Según explica Levy, la autora del informe, “la burocracia gubernamental debe estar al servicio del ciudadano, pues su función no es otra que atender las necesidades de la ciudadanía. Sin embargo los resultados del estudio muestran que la realidad es diferente y por lo tanto es necesario forjar un cambio radical en su funcionamiento. No es que no se haya hecho nada, pero las iniciativas tomadas hasta ahora van por el camino de la digitalización de los procedimientos o la inclusión de nuevas tecnologías en los procesos, cuando el informe deja claro que antes que nada habría que revisar si tales procesos son indispensables, si suman o restan eficiencia a la dinámica económica, si favorecen a la transparencia o si son fuente de opacidad, si aportan impulso a la innovación o si sólo son obstáculos a las pequeñas y medianas empresas que, dicho sea de paso, representan un 75% del total”.
Para Levy, el Indice de Burocracia en América Latina deja a la vista los grandes problemas que genera el aparato estatal a quien invierte y a quien trabaja, haciéndole perder energía, tiempo y dinero que bien podrían ser invertidos en desarrollo. De esa forma, el estudio, permite identificar los cambios que se requieren para eliminar obstáculos al comercio, la innovación y el progreso humano.
El mensaje que sus responsables quieren dar es muy claro: “déjame trabajar”.
3. Juicio político a Piñera en Chile
En un país que enfrenta una severa crisis social y política, con una constituyente en marcha que busca cambiar radicalmente las reglas de juego democráticas, y en medio de una campaña electoral muy polarizada, la noticia cayó como una bomba. La cámara de Diputados de Chile votó esta semana la acusación constitucional para abrir un juicio político contra el presidente Sebastián Piñera. La acusación se centra en presuntas irregularidades por la venta de una minera que perteneció a la familia del mandatario. Según la acusación, el precio de venta de la minera dependía de que no se generaran cambios regulatorios que pudieran perjudicar a los compradores, y que dependían en cierta medida de acciones del gobierno que comandaba el mismo Piñera.
El presidente, por su parte, argumenta que la operación fue transparente y que el caso ya había sido investigado y descartado por el Ministerio Público y la Justicia, en 2017.
Pero para entender mejor el trasfondo del asunto, y sus reales implicancias a futuro, le pedimos su visión a Pilar Hazbun, abogada y coordinadora del programa legislativo de la fundación Libertad y Desarrollo de Chile.
¿La acusación a Piñera tiene fundamento o es parte del clima pre electoral?
Esta acusación carece de fundamento, además de no reunir los requisitos propios que exige la Constitución. Al revisar el texto de la acusación, se desprende más bien una descalificación de la persona del Presidente Sebastián Piñera, que una infracción a la Constitución y las leyes, o un acto de su administración que haya comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación.
En ese sentido, creo que la acusación es más bien parte del clima electoral que se está viviendo en Chile que está bastante complejo y enrarecido. Ello se refleja en que la acusación fue ingresada prácticamente un mes antes de las elecciones de la primera vuelta presidencial y de las elecciones parlamentarias, debiendo votarse el próximo martes en el Senado, que es la misma semana de la elección presidencial. Además, lo ocurrido el día lunes con el diputado Naranjo, quien realizó una intervención que se extendió por más de 15 horas para que otros dos diputados pudieran asistir a la votación, además de ser completamente inusual, reafirman los objetivos político-electorales que se pretenden con esta acusación.
¿Tiene chance de prosperar?
Creo que es poco probable que prospere. Para que se apruebe una acusación constitucional en contra del Presidente de la República, la Constitución chilena exige un quórum de 2/3 de los senadores en ejercicio, que es el quórum más alto que contempla nuestra Constitución. Estando integrado el Senado por 43 senadores -19 de la coalición del Gobierno y 24 de oposición-, esto se traduce en que se requerirían 29 votos para aprobar la acusación. Así, y en el evento que todos los senadores de oposición votasen a favor de la acusación constitucional -lo cual también es poco probable atendida la gravedad de los efectos que esto supone- se requerirían 5 votos de senadores de la coalición de Gobierno, lo cual es prácticamente imposible que se obtengan.
4. Máxima tensión en Cuba
En Cuba, oposición y gobierno se aprontan para la “Marcha Cívica por el Cambio”, convocada para el 15 de noviembre por el grupo digital Archipiélago, que lidera el dramaturgo Yunior García Aguilera. A pesar de la prohibición por parte del gobierno, que la consideró una provocación desestabilizadora financiada por los Estados Unidos, los organizadores aseguran que saldrán a la calle y que la convocatoria sigue firme. Sin embargo, ante la presión y las amenazas lanzadas por el régimen, el grupo analiza cómo y dónde llevarán adelante la propuesta en pos de minimizar los riesgos. Aseguran que no quieren mandar a los jóvenes -la mayoría tienen entre 25 y 44 años de edad- a una represión que dan por segura. La preocupación aumentó con la aparición en redes sociales de una serie de imágenes que muestran brigadas armadas, afines al gobierno, listas para enfrentar a los manifestantes.
En algunas ciudades ya se han definido las acciones. En Cienfuegos se realizará una sentada en el parque Villuendas y en Santa Clara no habrá concentración en un sitio determinado, sino que cada uno podrá salir a la calle dónde y cómo quiera. García Aguilera, que fue arrestado durante las protestas del 11 de julio, anunció que saldrá un día antes en una marcha solitaria y pacífica por las calles de la Habana.
Trasfondo. La crisis económica que sufre el país, agudizada por el efecto de la pandemia y el aumento de las sanciones estadounidenses, así como las secuelas de las movilizaciones del 11 de julio, tienen al régimen castrista contra las cuerdas, atravesando uno de los peores momentos de su historia. Dentro de ese contexto, el descontento popular aumenta y al gobierno se le hace cada vez más difícil mantener la calma. Aun así, no parece dispuesto a la apertura y en cambio ha puesto en acción todo su aparato represivo.
En un principio, el grupo Archipiélago anunció la marcha para el día 20, a lo que el Gobierno respondió fijando para ese mismo día un evento militar a nivel nacional. Los organizadores cambiaron la fecha de la marcha y decidió entonces ir directo al grano y declaró la ilegalidad de las manifestaciones. Además, advirtió a través de Fiscalía, que los promotores y participantes serían juzgados penalmente. Cortaron internet a los opositores para que no pudieran difundir la marcha, los acusó a través de los medios estatales de recibir apoyo desde el extranjero y los ha amenazado con meterlos presos.
Pero la convocatoria se mantuvo de todos modos y desde entonces el nivel de tensión no ha parado de aumentar.
Por qué importa. Porque el gobierno cubano se encuentra en el momento más frágil de su historia. La estantería del régimen comunista tambalea y la convocatoria del próximo lunes genera gran expectativa sobre lo que pueda llegar a provocar. No pocos analistas creen que una chispa en este pajar seco que es Cuba hoy, puede ser lo que detone el inicio de un cambio de régimen en la isla. Algo que tendría efectos tectónicos en toda América.
5. ¿Qué está pasando en Bolivia?
El tema no ha estado muy presente en las noticias globales. Pero Bolivia lleva una semana de huelgas y protestas que han paralizado y provocado desabastecimiento en buena parte del país. Al punto que algunos analistas comparan el proceso actual, con el que derivó en la caída del entonces presidente Evo Morales. ¿Qué está pasando en Bolivia?
El origen de todo esto es la llamada “Ley madre”. Se trata de una norma con un nombre técnico muy poco glamoroso: Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo. Pese a ese nombre interminable, tan solo contiene siete artículos, que buscarían luchar contra el lavado de dinero. Pero también incluye algo que la oposición denuncia como una trampa: un artículo que habilita al gobierno a modificar cualquier norma de esta materia simplemente por decreto.
Esto ha llevado a la oposición a denunciar que se busca imponer un “totalitarismo económico y financiero”, y a lanzar esta ola de protestas masivas. Protestas que parecen haber conectado con un malestar latente en la sociedad boliviana, porque se han vuelto masivas y populares. Pero para entender mejor el asunto consultamos a un experto local, el economista e investigador social Roberto Laserna, que nos decía lo siguiente desde Cochabamba.
“Bolivia está viviendo las consecuencias del debilitamiento de sus instituciones y la paulatina pérdida de confianza en ellas. La crisis política que se manifiesta en protestas callejeras, bloqueos, movilizaciones convocadas desde el propio gobierno y que llevan a enfrentamientos entre civiles, es una crisis de confianza”.
El trasfondo. Según nos explica don Roberto, “Luis Arce Catacora ganó las elecciones con mayoría absoluta y con promesas de reactivación económica y reconciliación nacional, pero en este año de gobierno ha dado prioridad a la revancha, ha reiterado un discurso beligerante y agresivo con la oposición, y ha hecho todo lo posible para reducirle los espacios que tenía en el Congreso. Ni siquiera en su partido consideran que pueda lograr la reconciliación. Un tema clave para ello era la reforma judicial, pues la falta de independencia de jueces y fiscales ha convertido al órgano judicial en un instrumento de represión política y de extorsión económica”.
“La reactivación económica también avanza lentamente porque el gobierno insiste en continuar con un modelo basado en el gasto público que fue financiado por exportaciones de gas que hoy se encuentran muy mermadas, y que dejan al desnudo la inviabilidad de un sistema de subsidios y de inversiones públicas que generan inequidad y despilfarro. El malestar está en las calles exigiendo pruebas de buena fe, no en palabras y discursos, sino en acciones, que el gobierno parece temeroso de mostrar, como el diálogo, la concertación y la tolerancia”.
Nota publicada originalmente en Mirada Sur.
Martín Aguirre | Director El País, Uruguay, y Advisory Council member, Center for Latin America
Rodrigo Caballero | Editor
