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Los gobiernos populistas latinoamericanos y algunos Estados del Caribe reaccionaron con virulencia ante el anuncio del gobierno de los Estados Unidos de excluir a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela de participar en la novena Cumbre de las Américas. El argumento del Departamento de Estado fue que éstos países “no respetan la Carta Democrática Interamericana “, la cual se originó en un mandato de la tercera Cumbre de las Américas en Quebec.
La protesta contra esa decisión del país huésped la liderizó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador junto a sus acólitos de Bolivia, Luis Arce; de Honduras, Xiomara Castro; y de Argentina, Alberto Fernández, quienes amenazaron solemnemente con no participar en la cumbre de Los Ángeles “si no se invita a todos”. No obstante, a pesar del ultimátum populista, el gobierno del Presidente Biden se mantuvo firme y acaba de ratificar que no invitarán a los dictadores de Venezuela y Nicaragua. Por su parte, el Presidente de Cuba, Diaz Canel, voluntariamente se excluyó de la Cumbre mediante un Twitter. Con esta decisión de evitar la presencia de los tiranos de la región, concluye la incertidumbre que por varios meses afectó la organización de la Cumbre de Los Ángeles. Todo parece indicar que habrá una asistencia masiva de los gobiernos latinoamericanos y del Caribe al evento y una ausencia de muy pocos países, cuya deserción es irrelevante y más bien perjudicial para los intereses de sus propios Estados.
Lo que no deja de ser curioso es el hecho de que los gobiernos democráticos de América Latina, que suscribieron la Declaración de Quebec y la Carta Democrática, no hayan sido más elocuentes en la defensa de los principios democráticos de Estado de Derecho y derechos humanos en las Américas, que emanan de las declaraciones de las cumbres que ellos mismos suscribieron. Tal vez la explicación está en el temor que produce una posible nueva correlación de fuerzas en Latinoamérica, donde crecen las democracias iliberales a expensas de una mayor devaluación de los principios republicanos en el comportamiento de varios países de la región.
En esas circunstancias, y pese a que el estándar mínimo para participar en las cumbres es el de la democracia de origen, es decir gobiernos emanados de elecciones libres, no podemos ignorar el hecho de que, si se exigiera que en las cumbres sólo participen aquellos gobiernos que ejercitan el poder conforme a las reglas de juego de la Carta Democrática, el número de participantes se reduciría notablemente. Lo cierto es que bajo la apariencia de formas de democracias antiliberales, de izquierda y derecha, lo que actualmente ocurre en muchos países latinoamericanos es, como en el caso de Bolivia, un renacimiento del fascismo corporativista clásico (Mussolini, Perón en Argentina, etc), ésta vez a cargo de burócratas y caudillos cuyas capacidades intelectuales no son su don. Esa continuidad del fascismo en Latinoamérica se refleja en la creciente proximidad del populismo con los gobiernos totalitarios de Rusia, China e Irán y su paulatino alejamiento de las democracias Occidentales.
Otro fenómeno preocupante es que a ese coro de caudillos iliberales se unan varias ONGs e intelectuales autodenominados “progresistas“, defensores de la participación de Cuba en las cumbres. Estos eruditos en América Latina padecen una confusión conceptual derivada de fantasmas ideológicos que les impide ver la realidad. Y la realidad es que la actual confrontación política global, regional y nacional no es entre izquierdas y derechas, sino entre democracia y autoritarismo, entre despotismo y libertad. Esos “intelectuales de izquierda “constituyen, como advirtió Raymond Aron, el “opio de la democracia “. Son intelectuales que viven en sociedades libres y gozan y exigen meticulosamente esas libertades en sus países, pero apoyan a aquellos que las suprimen en otros Estados. De esa manera, acaban defendiendo caudillos que activan lo colectivo en desmedro de lo individual y desatan todo lo que hay de primitivo en el ser humano para destruir la individualidad y edificar sociedades de tribus encerradas en las cavernas de su modelo político, donde los derechos fundamentales se definen en base a las identidades y no a la ciudadanía. Está claro que esos intelectuales y periodistas del primer mundo no viven en esos países sin libertad ni justicia, sino que hacen de ellos simples laboratorios de sus ideas “progresistas “.
Frente a esa realidad, en vísperas de una nueva Cumbre, las democracias de la región, en lugar de enfrascarse en gentilezas con los tiranos latinoamericanos, deberían ver la Cumbre de las Américas como una posibilidad de fortalecer alianzas globales y regionales en defensa de la democracia y los derechos humanos y evitar convivir con gobiernos que se estructuran, a derecha o izquierda, bajo modelos totalitarios. Latinoamérica ha oscilado entre dos fórmulas extremas de caudillismo con una historia cíclica de períodos democráticos a los que suceden tiranos de toda especie: iletrados o educados, de izquierda o de derecha. Por eso, no es extraño que el consenso democrático de los años 90 en las Américas se haya fragmentado y surjan nuevos síntomas de deterioro del Estado de Derecho. No obstante, en algún momento este ciclo debe concluir y eso sólo será posible si hay un compromiso y decisión de los gobiernos democráticos por librar la batalla colectiva de consolidar democracias en la región.
Los jefes de Estado, comprometidos con los ideales republicanos en el ejercicio del poder, deberían profundizar en las metas del desarrollo democrático y el fortalecimiento de instituciones y procesos de gobierno que promuevan y protejan los valores liberal-democráticos. Cualesquiera que sean las formas particulares que hayan asumido, la responsabilidad de las democracias liberales contemporáneas debe ser una de adhesión colectiva a los valores de libertad, independencia de poderes y Estado de Derecho en las Américas.
