La Semana Política: Paquete de leyes represivas y un “Dúo Pimpinela” en el MAS
2 al 8 de abril de 2023
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Romero habla de levantamiento
La interna del Movimiento Al Socialismo (demasiado autodestructiva para ser sólo una escenificación, aunque logren administrarla por momentos), tuvo en la semana que pasó un punto fuerte con la filtración de audios, donde el ex ministro Carlos Romero habló de “deschapar” denuncias contra el gobierno que harían que “la gente se levante”.
El viceministro de autonomías, Álvaro Ruiz, le recomendó un tratamiento psiquiátrico y el diputado oficialista Rolando Cuéllar adelantó que lo procesará penalmente por sedición.
Entretanto, El Chapare fue el terreno para otros litigios internos: el vicepresidente David Choquehuanca hizo un acto en el aeropuerto de Chimoré con sus seguidores, donde defendió la renovación y rechazó el “culto a la personalidad”. Afuera del aeropuerto, grupos movilizados por el senador evista Leonardo Loza se encargaron de impedir el desplazamiento del vice hacia otros lugares. En cualquier caso, el ex presidente Morales parece empezar a perder parte de las bases en su feudo cocalero.
En días recientes, parlamentarios del ala radical afirmaron que el presidente Luis Arce no puede ser candidato por el MAS en el 2025, al no tener la militancia de diez años exigida por su estatuto partidario. Coincidentemente, Evo llamó a defender el estatuto ante la “derecha interna”.
Dúo Pimpinela del MAS
Pero el momento estelar en la pugna intra-masista fue la ruptura del binomio Evo-Álvaro. Luego de que el ex vicepresidente dijera que en el 2019 propuso resistir, pero Evo insistió en renunciar y salir del país, éste señaló que García Linera es “un enemigo más”.
“No soy tu enemigo, sino alguien que te recomienda que no digas cosas que afectan a tu capacidad para unificar”, contestó su ex compañero de fórmula y gobierno.
Leyes de control y visita del GAFI
Mientras la situación económica del país se enrarece, el gobierno parece decidido a combatir la incertidumbre con mecanismos represivos. Aprovechando la inminente visita a Bolivia del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), se improvisó un proyecto de ley “contra la legitimación de ganancias ilícitas” que puso en alerta a varios sectores.
El gobierno pausó la ofensiva, con un faltazo del Ministro de Justicia al Parlamento que congeló el trámite legislativo, y luego anunció de manera explícita que la norma no afectará a los gremialistas, buscando desactivar a uno de los sectores con mayor capacidad de movilización.
De todas formas, se emitió un decreto que permite congelar bienes, señalando que “sólo se aplicará a los buscados en el mundo por terrorismo”.
Pero el paquete de normas de control o represión también incluye al proyecto de ley 305, que atenta contra los fueros de prensa y somete a los periodistas a los tribunales ordinarios, así como otra iniciativa que impone la “regulación” de las redes sociales.
Amenazas por hablar de “fraude monumental”
Tal vez buscando salir del cruce de fuego de la interna, el ministro Iván Lima apuntó al ex presidente Carlos Mesa, indicando que pronto podría acabar en la justicia por hablar de un “fraude monumental” en el 2019.
Lima alegó que en las mesas donde el Análisis de Integridad Electoral de la OEA encontró votaciones del 90% por el MAS, en los comicios del 2020 se habrían registrado otras del 96%, lo que a su peculiar entender sería una demostración de la inexistencia de irregularidades. Una segunda interpretación es que las coerciones del mal llamado “voto comunitario” se han intensificado en esas comunidades.
La arremetida del Ministro de Justicia podría no estar desconectada de otra, de legisladores del ala izquierda del Partido Demócrata en EEUU, que buscan investigar a Almagro por varios aspectos de su gestión, entre ellos el accionar del Secretario General frente al fraude electoral en Bolivia, que califican de “supuesto”.
