La Semana Política: Rechazo ciudadano a la persecución y ganancias de Arce en la interna
11 al 17 de septiembre de 2022
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Juicios políticos
Una encuesta reciente de Diagnosis indicó que para la ciudadanía “la persecución judicial sigue igual” (52%). La detención de la ex alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, breve pero dramática por haber sido encarcelada con su bebé en etapa de lactancia, confirmó esa percepción, engrosando la centena de casos de ex autoridades, cívicos, activistas y uniformados que enfrentan procesos espoleados desde el gobierno.
De acuerdo al mismo sondeo, el 47% de los encuestados rechaza la sentencia condenatoria contra la ex presidente Jeanine Añez, contra un 42% que la respalda. El estudio indica que el 29% de las personas que apoyan la gestión del presidente Luis Arce están en contra de la persecución judicial, dato nada menor que el mandatario deberá tener en cuenta, si quiere una buena performance para una eventual reelección en el 2025.
A raíz del conflicto sobre el mercado paralelo de la coca, la maquinaria persecutoria se ha centrado en los dirigentes de Los Yungas, con un “proceso exprés” contra el presidente de Adepcoca, Freddy Machicado, quien fue aprehendido, imputado, cautelado y encarcelado en menos de 24 horas.
La presión judicial también ha alcanzado recientemente a los periodistas, con intentos de obligarlos a revelar sus fuentes, como sucediera en Yacuiba a iniciativa del alcalde masista de esa ciudad, entre otros casos. Sin embargo, la movilización de trabajadores de la prensa en varios departamentos llevó a que esa ofensiva quedara anulada por el momento.
Ley de Ascensos en la Policía
La comisión de gobierno de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de Ley de Ascensos de la Policía, que en su artículo 22 establece la “baja definitiva” para todos los efectivos que hayan participado en motines. Esto se ha interpretado como una represalia masiva a los uniformados que se negaron a reprimir a los movimientos ciudadanos contra el fraude electoral del 2019.
Además, el artículo 6 del proyecto pone los ascensos en manos de una rimbombante “Comisión Superior del Talento Humano Policial”, integrada no sólo por altas autoridades de la institución verde olivo, sino también por un representante del Ministerio de Gobierno, lo que podría politizar los nombramientos.
Cabildo por el Censo
El miércoles, la Asamblea de la Cruceñidad ratificó la convocatoria al Cabildo del 30 de septiembre en demanda del Censo 2023. El presidente cívico, Rómulo Calvo, remarcó que “toda la institucionalidad respaldó el llamado”, mientras que el segundo vicepresidente del comité, Stello Cochamanidis, adelantó que “si estamos llegando al Cabildo las medidas serán drásticas”.
En la semana que acaba de concluir, el Ministerio de Planificación recibió la propuesta técnica de Santa Cruz para el Censo 2023, pero no fijó fecha para una respuesta y descartó una nueva reunión con entidades del departamento. El tema también fue abordado por el presidente Arce en la apertura de Expocruz (ver La Semana Económica).
Corrupción y nepotismo en ABC
Mientras tanto, las denuncias sobre corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) derivaron en otras sobre nepotismo, tras conocerse que un hijo de Evo Morales trabajaba en esa repartición como “coordinador con los movimientos sociales”, al igual que una hija del fiscal general, que se desempeña como consultora.
Por su parte, el ministro de justicia Iván Lima admitió irregularidades en la ABC y señaló que se investigan cinco contratos con la empresa china Harbour, firmados durante la gestión de Morales.
La interna favorece a Arce
Esto último se relaciona con la pugna al interior del oficialismo, donde Evo luce cada vez más desencajado, mientras Arce cosecha beneficios por los ataques de su ex jefazo, a juzgar por las cifras de las encuestas. La táctica de una respuesta presidencial prudente a las arremetidas de Morales parece generar dividendos, mientras el contraataque más fuerte queda a cargo de otras figuras del elenco gubernamental.
En uno de los ángulos del tablero se enfrentan el actual ministro de gobierno, Eduardo Del Castillo, y el ex titular de esa cartera, Carlos Romero. El primero dice que el “cáncer” de Evo son sus ex ministros (apuntando a Quintana y Romero) y el segundo alude a que Del Castillo habría encontrado esa palabra en el celular de Evo, volviendo a sugerirlo como responsable de la misteriosa desaparición.
Otros alfiles activos son el diputado choquehuanquista Rolando Cuéllar, quien dice tener pruebas sobre el “golpismo interno” de Morales, y el ex viceministro Freddy Bobarin, quien propone rearticular a la izquierda como una coalición (un “Frente Amplio”), lo que dejaría a Evo como jefe de uno de varios partidos. Gestos anteriores de Arce hacia el PS-1 parecen confirmar esa estrategia.
