Día 29 de paro indefinido: evistas votarán contra la Ley del Censo y Cuéllar buscaría reunirse con el Presidente del Senado

El conflicto del Censo en el país tiene ahora dos escenarios de acción política que dependen uno del otro. El  paro indefinido por Censo en 2023 en la ciudad de Santa Cruz que este sábado inicia el vigésimo noveno día y el tratamiento desde el lunes de proyectos de ley sobre esa temática en la Asamblea Legislativa con una postura anticipada del bloque evista: votar en contra de la norma que reitera el decreto 4824, el tercero firmado por el presidente Luis Arce sobre el Censo.

“Los diputados del Movimiento al Socialismo que somos leales a nuestro instrumento no nos vamos a prestar (a votar por la Ley del Censo), quizás algunos disidentes que han hecho acuerdos con la oposición, con Creemos, ahora tienen que pagar esos favores. Lamentablemente en la Asamblea ingresó más de cinco proyectos de ley, la oposición ni en eso se ha puesto de acuerdo”, dijo la diputada Gladys Quispe, una de las identificadas como evista.

“Aquí hay un plan conspirativo porque la ley no lo han creado ellos (el Comité Interinstitucional y las bancadas de oposición). De quién ha sido la idea de la ley, ha sido de Tuto Quiroga. Él ha llegado a Bolivia con bombos y platillos y ha dicho que debíamos hacer una ley en el Congreso cuando ya no es Congreso, es Asamblea Legislativa Plurinacional”, dijo a su vez el diputado oficialista Renán Cabezas.

El grupo de parlamentarios evistas no reconoce el mandato del presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Justiniano y tampoco de los legisladores que conforman las comisiones legislativas. De hecho, presentaron una demanda judicial en contra de esas decisiones, aunque este viernes la misma fue desestimada, según informó el diario El Deber.

Cuéllar no descarta reunirse con Andrónico Rodríguez

Este viernes, Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Gabriel René Moreno, sostuvo reuniones en La Paz con autoridades de la Cámara de Diputados. Consiguió la promesa de que los proyectos de ley sobre el Censo serán considerados en lunes en la mañana en la Comisión de Constitución, tratados en la tarde en la Cámara de Diputados y remitidos en la noche al Senado.

A su retorno a Santa Cruz, Cuéllar dijo anoche que si hace falta viajar nuevamente a La Paz para reunirse con el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, integrante del bloque evista, lo hará para buscar un acercamiento y que se trate de manera ágil la Ley del Censo en la Cámara Alta, aunque remarcó que Mercado dijo que hay un compromiso de Rodríguez de sancionar la norma.

Fiscales cambian y piden liberar a agresores de periodista

En cuanto a los hechos de violencia y represión policial en Santa Cruz en lo que va del paro indefinido, este viernes sucedió algo inaudito. En una audiencia cautelar las fiscales Ilsen Nava y Delmy Guzmán contradijeron su pedido de detención preventiva en Palmasola para Marco Antonio Pinto y Constantino Carachuyo, expuesta en la imputación, y solicitaron libertad condicionada para los agresores del periodista de la red Unitel Mario Rocabado.

La abogada Raquel Guerrero cuestionó el cambio de actitud de la Fiscalía que provocó que el juez Manuel Batista determinara la liberación de los acusados debido a que la modificación en la postura del Ministerio Público debilitó la acusación. Guerrero lamentó que las dos fiscales no hayan apelado la determinación del juez que dispuso arresto domiciliario para quienes agredieron a Rocabado, quien tiene 35 días de impedimento por fracturas y golpes recibidos en el municipio de La Guardia.

Denuncian por represión a Ministro y 11 jefes policiales

Los abogados Jorge Valda y Martín Camacho presentaron una denuncia penal contra 11 jefes policiales y el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, por la represión contra vecinos del Plan 3.000, acción policial en la que una bebé de 11 meses resultó seriamente afectada porque su cochecito fue blanco del disparo de un gas lacrimógeno, por lo que debió ser internada en un hospital municipal.

Valda detalló que además de Del Castillo, fueron demandados los coroneles Johnny Omar Ponce (comandante de Santa Cruz), Edson Claure (subcomandante de Santa Cruz), Erik Olguín (comandante de Cochabamba), Julio César Baldivieso (director de la UTOP) y Willy Zeballos (comandante del Plan 3.000), entre otros jefes policiales. La madre de la bebé gasificada anunció que irá hasta el final porque su niña estuvo a punto de morir.