YPFB debe a petroleras por el gas que exporta; Santa Cruz reporta 4 millones de habitantes; Maestros no acudirán a la reunión que convocó el Gobierno; Cívicos no participarán del Comité Interinstitucional; Se registran 35 vulneraciones a la Libertad de Prensa
La petrolera estatal boliviana YPFB no ha pagado el gas que producen las petroleras privadas que operan en el país y se exporta a Argentina desde septiembre de 2022
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YPFB debe a petroleras por el gas que exporta a Argentina
La petrolera estatal boliviana YPFB no ha pagado el gas que producen las petroleras privadas que operan en el país y se exporta a Argentina desde septiembre de 2022 debido a la falta de dólares y la situación cambiaria que enfrenta Bolivia, según un medio especializado. Frente a este contexto, la empresa argentina Enarsa y la Secretaría de Energía propusieron a YPFB volver a comprar gas directamente a los productores sin su intermediación para asegurar la entrega de gas para el invierno. El exministro de Hidrocarburos, Guillermo Torres, considera que esta propuesta representa una bofetada a la nacionalización de los recursos y que la crisis económica resulta inmanejable.
Santa Cruz reporta 4 millones de habitantes y un crecimiento poblacional de 4,60% anual
El Instituto Cruceño de Estadística (ICE) informó que el departamento de Santa Cruz, en Bolivia, tiene 4.000.143 habitantes según el “conteo poblacional” realizado entre diciembre de 2022 y abril de 2023, lo que supera en un 14% la proyección del Instituto Nacional de Estadística para 2022. El informe también destaca la tasa de crecimiento del 4,60% para el departamento y de 5,52% para el área metropolitana. La segunda parte del informe proporcionará datos desagregados por municipio, género y edad, información que será clave para planificar el desarrollo. La encuesta se realizó en respuesta a un paro de actividades que se prolongó por 36 días en Santa Cruz en 2022 para pedir al Gobierno un censo “oportuno y transparente” para este año, pero el conflicto se alargó hasta que los plazos técnicos no fueron viables. El Gobierno del presidente Luis Arce desactivó el conflicto con una ley que establece el censo para 2024 y la entrega de los resultados antes de los comicios nacionales de 2025. El director general ejecutivo del INE emitió una declaración cuestionando la “falta de rigurosidad” de los datos cruceños.
Maestros no acudirán a la reunión que convocó el Gobierno para tratar distribución de carga horaria
El Magisterio Urbano de Bolivia ha rechazado la convocatoria de una reunión para discutir la distribución de 8.000 horas, ya que consideran que esta cantidad es insuficiente para cubrir las demandas del sector, que afirma que se adeudan 700.000 horas. Los maestros argumentan que la reunión no aborda temas fundamentales como la malla curricular, la cantidad de ítems y las horas reales adeudadas al Magisterio Urbano. La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia no asistirá a la reunión convocada por las autoridades nacionales de Educación, después de nueve semanas consecutivas de protestas, incluyendo marchas, huelgas de hambre y una huelga seca.
Cívicos deciden “por unanimidad” que no participarán del Comité Interinstitucional
El Comité pro Santa Cruz ha anunciado que no participará en la comisión que se conformó para establecer una nueva hoja de ruta ante la emergencia que mantienen diferentes sectores ante normas y políticas que impulsa el Gobierno central. El presidente cívico, Fernando Larach, explicó que la institución apoyará todas las iniciativas ciudadanas en protesta y en defensa de los intereses del pueblo, pero no participará en el Comité Interinstitucional debido a que la institucionalidad cruceña está representada por el Comité pro Santa Cruz y otra instancia puede causar paralelismo o división. La posición del Comité pro Santa Cruz se conoce después de que el Comité Interinstitucional se reuniera en Santa Cruz para establecer una nueva hoja de ruta.
Se registran 35 vulneraciones a la Libertad de Prensa entre enero y abril de este año
El Observatorio de Defensores de Derechos de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) ha registrado 35 violaciones a la Libertad de Prensa en Bolivia entre enero y abril de 2023, siendo las agresiones a periodistas el tipo más común de vulneración, seguido del incumplimiento del deber de protección por parte del Estado. En general, la mayoría de los hechos registrados tienen como característica la omisión del Estado en la protección de los periodistas y la naturalización de la violencia hacia ellos. Además, el Observatorio destaca que once casos de vulneración fueron cometidos por la policía y otros once por personas particulares. La mayoría de las víctimas son periodistas y trabajadores de medios de comunicación, mientras que siete medios de comunicación también sufrieron violaciones a la Libertad de Prensa. Los casos de vulneración ocurrieron en La Paz, Santa Cruz, Potosí y Pando.
