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Un fiscal acusa y pide detención de dos destacados periodistas por presunto error administrativo

Además de los comunicadores, hay otros cuatro sindicados en Bolivia Tv.

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El fiscal Junior Flores presentó acusación contra los destacados periodistas Andrés Rojas y Adriana G. por, supuestamente, haber contratado a un periodista con un salario mayor al que le correspondía cuando ambos se desempeñaban en la red estatal Bolivia Tv, informó Brújula Digital con datos de la Agencia de Noticias Fides.

Otros cuatro exfuncionarios del canal también fueron acusados, informó al ANF, agencia que reprodujo la acusación del fiscal.

Rojas y Adriana G. autorizaron la contratación del conocido presentador de noticias, Pablo Llano, quien obtuvo un honorario de 11.498 bolivianos cuando, supuestamente, debido a no tener título académico, solo debía haber percibido 6.000 bolivianos mensuales.

La contratación se dio cuando Rojas y Adriana G. fueron gerente general y gerenta de informaciones, respectivamente, en Bolivia Tv durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez.

El fiscal Eddy Junior Flores acusó penalmente a los dos periodistas y a otros cuatro exfuncionarios administrativos de la parte legal que autorizaron esa contratación y solicitó la detención de los seis sindicados.

El caso coincide con una declaración del exministro Juan Ramón Quintana, quien dijo recientemente que los medios críticos al Gobierno tienen un trabajo propio del “gansterismo” y que son una “cloaca”. Hace unos meses el portavoz presidencial Jorge Richter afirmó que los medios que no son afines al gobierno de Luis Arce conforman una “corporación mediática”.

La noticia sobre los dos experiodistas de Bolivia Tv, al divulgarse en redes sociales, ocasionó muestras de solidaridad ante lo que se considera una nueva acción gubernamental contra la libertad de expresión y de prensa. Usuarios de redes sociales lamentaron que un posible error administrativo sea convertido en una acusación penal.

Llano trabajó durante siete meses en BTV durante el gobierno de transición, etapa en la que percibió en total 84.701 bolivianos, que según el fiscal Eddy Junior es “daño económico”, causado al Estado.

Rojas y Adriana G. prefirieron no hacer declaraciones ante esta acusación. Ambos tienen una larga carrera como periodistas y destacaron en varios medios de comunicación. Todos los sindicados fueron convocados a declarar ante fiscal.


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