Opinión

Auditoría Legal Forense en la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Ciro Añez

Escritor

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En nuestra experiencia tanto en asesoramiento legal empresarial preventivo desde la perspectiva del Derecho Penal Económico y de la Empresa como en litigio judicial, existen muchas razones por las que las personas jurídicas requieren realizar de forma periódica y oportuna auditorías legales intrínsecas.

Entre estas razones, a continuación, citaremos algunas de ellas: cambios en la cúpula gerencial, demanda contra la empresa, sospecha de mala conducta por parte de los empleadores, trabajadores o a nivel de gerencias, inicio de investigación penal o procesos judiciales a la empresa, entre muchas otras más.

De allí, la importancia con fines preventivos, de realizar auditorías jurídicas forenses mediante evaluaciones rutinarias en cumplimiento de las normas jurídicas conforme al curso ordinario del negocio o actividad económica correspondiente.

En esa recolección, examen objetivo y sistemático de evidencias con criterio analítico, crítico y estratégico, que se traduce en un informe específico sobre el cumplimiento de la normativa dentro una determinada actividad, producen muchos frutos principalmente de orden preventivo, que pueden generar ahorro a la empresa, como por ejemplo, evitar la pérdida real o muy probable, causada por un riesgo legal previamente no percibido, así como también la mitigación ante posibles escenarios más complejos (Ej.: procesos penales contra la empresa).

Realizada dicha auditoria legal forense acorde con la realidad de la persona jurídica, surgirá la importancia de aplicar determinadas medidas dependiendo del resultado, entre ellas, se tienen las correctivas y plan de mejoras, siempre incentivando en todo momento, una autentica ética empresarial.

Lo peor que puede pasar es que los personeros de una empresa se acumulen de casos pendientes, irroguen altos costos de representación legal, sumado al impacto desgarrador que puede producir procesos judiciales que no son bien analizados en su momento con proyección estratégica a corto, mediano y largo plazo, que provoquen graves daños económicos a las empresas, por lo tanto, contar con asesoramiento legal preventivo es una sabia inversión pues no solo aliviará posibles futuros impactos sino que podría en algunos casos reducir la probabilidad de disputas legales.

Bolivia, con la ley N° 1390 de 27 de agosto de 2021, se adscribe como el quinto país sudamericano que cuenta “abiertamente” con la responsabilidad penal de las personas jurídicas después de Argentina, Ecuador, Brasil y Chile. 

Las personas jurídicas, conforme a dicha ley, serán responsables penalmente por delitos de corrupción y vinculados a corrupción, y las sanciones se encuentran la pérdida de personalidad, económicas, prohibitivas y reparadoras.

La referida ley, asimila a los planes de cumplimiento normativo (plan de integridad o Compliance program) como sanción penal (no como una atenuante o eximente de responsabilidad penal, tal como ocurre en los países del sistema anglosajón); y, para agravar más la situación, establece como una supuesta “atenuante” la figura inconstitucional de la autoincriminación, vulnerando el art. 121-I de la Constitución boliviana.

De allí que los Compliance programs carecen para la legislación boliviana de verdadera utilidad práctica para las personas jurídicas. 

En ese sentido, para todo empresario amerita la implementación dentro de su empresa de un programa de auditoría jurídica forense, a través de la abogacía preventiva, el cual puede permitirle detectar determinadas debilidades incluso antes de que exista el problema jurídico o algún incumplimiento de disposición jurídica y que por acción u omisión a ella, conlleven a serias sanciones tanto económicas como de restricciones de libertad personal para el representante legal, el administrador de hecho o de derecho.

De esta manera, es importante aplicar buenas prácticas forenses en las empresas o corporaciones para evitar amenazas y vulnerabilidades que afecten aspectos integrales de la persona jurídica, entre ellas, la empresa.

La tecnología forense empresarial, permite guardar, respaldar y proteger pruebas digitales, por ejemplo, ante hechos delictivos, respetando protocolos forenses criminalísticos a fin de que las pruebas sean eficaces en procesos judiciales 

Ha de considerarse que la única manera para mitigar y proteger a la empresa es mediante gestión de riesgos forenses que forme parte de un plan estratégico empresarial para evitar conflictos penales posteriores.

Ramas forenses como informática y auditoría, se constituyen en herramientas que permiten hacer búsquedas especializadas a través de peritajes en las organizaciones para establecer medios de seguridad empresariales. 

Corporativamente, debe contarse con programas de Prevención de Delitos Corporativos, a fin de evitar acciones delictivas asociadas a la empresa, neutralizar causas y establecer formas de prevención y riesgo directivo y empresarial.

Es menester diseñarse mapas de riesgos penales corporativos/empresariales/gerenciales, por ende, corporativamente es importante trabajar en asesoría y consultoría jurídica forense con la debida experiencia para evitar la comisión de conductas delictivas (económicas).

Ciro Añez – Abogados – cuenta con el servicio de Consultoría Internacional Forense en materia de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas con la eficiencia y experiencia en la realización de Auditorías Jurídicas Forenses, conformado por profesionales altamente preparados en la materia, Abogados Penalista, Criminólogo, Auditor Contable, Ingeniero Informático, entre otros, de Bolivia, Ecuador y Argentina.

*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo


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