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El 8 de noviembre de 2026 se cumplió el primer año de gestión del gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira. Lamentablemente, Bolivia no ha avanzado hacia las reformas estructurales necesarias para consolidar la estabilidad y sentar las bases de una reactivación duradera. Tampoco ha generado las condiciones de confianza que permitan atraer inversiones nacionales y extranjeras para incrementar y diversificar la producción, mejorar su competitividad y llegar a los mercados internacionales.
Esto no significa desconocer los avances: la transición pacífica, una relativa estabilización del tipo de cambio, la disminución de la inflación y la liberación parcial de los precios de los combustibles, logros que merecen una valoración positiva.
Sin embargo, no son suficientes. Se debe hacer mucho más. El país no puede conformarse con una estabilidad precaria, sostenida por créditos internacionales, deuda con proveedores y altos precios de los minerales. Estos precios son coyunturales y benefician a una producción que proviene de yacimientos en declinación.
A ello se suma el riesgo de una crisis mayor de desabastecimiento energético que puede agravar aún más el déficit fiscal y deteriorar la economía nacional, con el consecuente impacto negativo en la producción, el empleo y la calidad de vida de las familias.
Esta falta de avances resulta aún más inexplicable si se considera que las fuerzas políticas con representación parlamentaria que apoyarían estas reformas cuentan con la totalidad de los escaños de la Cámara de Senadores y más del 90% de los de la Cámara de Diputados. Es una oportunidad que difícilmente volverá a presentarse.
¿Cuáles son las reformas estructurales que se deben realizar en este periodo?
En primer lugar, enfrentar las causas estructurales del déficit público, una tarea que va mucho más allá de eliminar los subsidios. Es fundamental redefinir el tamaño y el rol del Estado en la economía.
Se debe desarrollar un proceso amplio y profundo de desregulación que libere a la ciudadanía de la carga impuesta por una maraña de entidades públicas. Con sus normas, trámites, inspecciones, multas y procesos, estas entidades se convierten en una fuente inagotable de chantaje y extorsión a los ciudadanos, empujando a más del 80% de los bolivianos a sobrevivir en la informalidad.
También se deben tomar decisiones sobre la gran cantidad de empresas públicas que generan pérdidas, corrupción y distorsiones en la competencia y los precios de la economía boliviana.
Asimismo, se requiere reformar las leyes que garantizan la seguridad jurídica de los derechos de propiedad, las inversiones y las exportaciones, así como las que regulan los principales sectores económicos: agropecuario, energía, hidrocarburos, minería, telecomunicaciones y transporte, entre los más importantes.
Para atraer inversiones no bastan nuevas normas: se necesita una institucionalidad estatal que las respalde. Por ello, habrá que completar la conformación de los altos tribunales de la nación. Es inaudito que vivamos sin un Tribunal Constitucional con el quórum necesario para garantizar las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos en los asuntos más trascendentales.
Igualmente, se debe garantizar el acceso de los inversionistas al arbitraje internacional. Sin esta libertad no llegarán las nuevas inversiones imprescindibles para reactivar sectores como los hidrocarburos y la minería.
No menos necesaria es la reconstrucción del sistema de regulación sectorial. Este debe constituirse en un sistema de justicia administrativa institucionalizado y técnico, que evite que todas las controversias entre los particulares y el Estado deban resolverse en instancias judiciales.
En esta tarea de reconstrucción estatal también es fundamental institucionalizar entidades como la Aduana, el Banco Central de Bolivia, el Servicio de Impuestos Nacionales y la Administradora Boliviana de Carreteras, entre las que administran mayores recursos públicos.
El debate sobre la reforma constitucional es esencial para el desarrollo del país y debe abordarse a la brevedad. Sin embargo, no puede convertirse en una razón para postergar lo que ya es posible cambiar mediante leyes y decretos. Los problemas seguirán agravándose y el país no puede sostenerse indefinidamente con préstamos externos.
El desafío de llevar adelante estas reformas es de enorme complejidad y dificultad. Pero esa es la responsabilidad de quienes fueron elegidos para gobernar en las actuales circunstancias. De su compromiso, integridad y consecuencia con el país depende el futuro de la nación boliviana.
