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Empezó el 2024, tal como se tenía pronosticado, un año lleno de distracción social y turbulencia política, es decir, más de lo mismo pero aumentado y sofisticado debido a que el siguiente año “debería” ser de elecciones generales.
Inició el año de la escaramuza, donde todos los políticos desean mostrase imprescindibles, algunos desean darse continuidad y mantenerse más años en sus cargos, otros desean mostrarse como nuevas opciones para ser tomados en cuenta el 2025 sea por convicción o tan sólo por motivo de incertidumbre laboral (es decir como una forma de asegurarse ingresos económicos) mientras otros desean mostrarse como los supuestos grandes estadistas y eruditos en desarrollo.
Con todo ello, es hora de que el ciudadano, en vez de ser ninguneado y reducido al acostumbrado rol de objeto de distracción, debería más bien, empoderarse a sí mismo, siendo verdaderamente sujetos de derechos, es decir, que todos los individuos en su conjunto, como sociedad boliviana, exijan a las autoridades y servidores públicos (sean del color político de fuesen, sin ningún fanatismo de por medio), el cumplimiento de la Constitución (CPE) y mediante control social (arts. 241, 242 y 108 de la CPE) conminarlos a que se esfuercen por hacer su trabajo de forma ética y eficiente, toda vez que democracia (no solo es el voto) implica: a) la obligación de quienes están en la función pública de generar políticas públicas orientadas al bien común, esto es, a los intereses generales, que mejoren la economía nacional, mejore la vida de su población, no a sus propios intereses políticos partidarios egoístas, no a los negocitos inmorales de corruptela desvergonzada y generalizada mediante el tráfico de cupos, porcentajes y cuotas de poder; y, b) implica la responsabilidad, devolución y/o resarcimiento de todos los daños económicos ocasionados al Estado, en todas y cada una de su estructura, esto es, la no impunidad.
Adviértase, la población electora, ya cumplió con haberlos elegidos y haberles dado empleos (pegas) a todos los actuales funcionarios y autoridades públicas (sean éstos nacionales, departamentales y municipales), por ende, a dichos funcionarios mínimamente se les debe exhortar a que cumplan sus obligaciones y deberes, como, por ejemplo, la Asamblea Legislativa Plurinacional sin demora alguna ni obstáculos y menos aún dilaciones indebidas deberían promulgar, cuanto antes, la ley de preselección de candidatos, donde incorporen un verdadera participación y control social a dicho proceso conducente a las elecciones judiciales (que el pueblo realmente elija y decida con soberanía). Y que el Órgano Electoral ya tenga las fechas para la preparación y realización (real y efectiva) de las elecciones judiciales.
Cabe resaltar que, desde la óptica del ciudadano, lo que interesa, es que se les cumpla con el servicio, que se les otorgue una buena calidad de servicio público por parte de la administración pública (como ser: administración judicial, por parte de los Tribunales de cierre, acceso a hospitales públicos con atención de calidad, acceso a servicios básicos en provincias, etc.); por lo tanto, todos los conflictos creados por los propios políticos (quienes ya fueron elegidos y, reitero sea del bando político que sea) tanto en la Asamblea Legislativa Departamental como en la Plurinacional, no es cuestión de andar estresando a la ciudadanía ante la evidente falta de calidad institucional que adolecen, o que la población esté en ascuas viendo una novela por episodios de peleas internas mientras no se le está brindando un servicio ético y de calidad, existiendo incluso en la población, serias dudas, de que todo a lo mejor sea en realidad una tramoya, con sus efectos especiales de un espectáculo bien montado, con fines electoralistas, con el propósito de hacerse de determinados estamentos públicos para financiamiento de futuras campañas políticas.
Todas esas intrigas, dichos y diretes antes mencionados como libretos de novelas o de reality show, no deberían los políticos trasladarlo ingratamente al ciudadano como una carga pesada más a su angustiosa vida, ya que los elegidos y designados son quienes deben hacer su trabajo con integridad, sin mentiras, excusas, pretextos ni manipulación (por mantener sus privilegios y conservar su burbuja).
En ese sentido, se les debiera más bien, a ellos (a los políticos) reclamarles por el cabal, ético y eficiente ejercicio de sus funciones (tanto a los nacionales como a los regionales), que demuestren sus óptimos resultados de gestión, que mejoren realmente la calidad de vida de las personas, que generen políticas que atraigan inversión privada (que puedan generar empleos), construir buena infraestructura con visión futura, reducir la pobreza y que exista educación de calidad para la población. No que algunos dictamócratas (dictadores con democracia de fachada), parece que buscan gobernar sin control alguno (sin un Tribunal Constitucional en funcionamiento, sin fiscalización idónea por parte de la oposición, etc.), destruyendo la poca o mala institucionalidad que aún queda, para instaurar regímenes autoritarios o con autoridades judiciales de altas cortes puesto a dedo, en complicidad con gente confundida o con gente oportunista y de falsas honestas intenciones.
Con todo ello, incluso se pueden advertir determinadas contradicciones, por ejemplo: ¿de qué sirve de que los políticos (del partido que fuese) digan que están seriamente preocupados por su pueblo, si resulta que poco o nada hacen ni les interesa mejorar la condición de vida actual de los jóvenes bolivianos?
Jóvenes, con o sin títulos, que cada vez tienen menos oportunidades pues no ven un proyecto de futuro en su país. Algunos están sin empleos, otros son solo mano de obra barata, otros tienen empleos de pésima calidad, algunos están camuflados anómalamente con contratos de aprendizaje, pasantías, entre otras supuestas salidas más, mientras que otros están en la absoluta informalidad, carecen de seguridad social, atención médica adecuada y demás falencias; sin embargo, aquellos políticos que dicen preocuparse por su pueblo, no tienen esas preocupaciones ni serios problemas económicos y tampoco sus familiares directos, ellos no tienen grandes necesidades, al contrario existen vestigios de nepotismo y gente de su entorno beneficiada, sus empresas (prebendarias o no prebendarias) aparentan ser bastante prósperas, sus negocios privados aducen que les va fenomenal y tienen proyecciones de seguir viento en popa; sin embargo, carecen de propuestas y políticas públicas implementadas que sean capaces de atraer inversión en pro de los intereses generales del pueblo, en reducir déficit fiscal, bajar el gasto público, achicar al Estado, generar mejores oportunidades a esa juventud boliviana que están con todas las fuerzas de su potencial productivo deprimido, entre otras medidas necesarias.
Para nadie es novedad que: a) sin inversión no hay crecimiento; y, si no hay crecimiento habrá menos liquidez, por ende, más pobreza; y, b) sin independencia y sin capacidad técnica de calidad, jamás se atraerá inversión productiva; por lo tanto, urge la existencia de estos dos componentes (auténtica “independencia” y “calidad técnica” sin abusos ni distorsiones) en la administración de justicia, en el Banco Central, la Aduana Nacional, Servicio de Impuestos Nacionales, en la agencia estatal encargada de la inversión pública y en el Tesoro General de la Nación (TGN).
En definitiva, el rol primordial de la administración pública (autoridades y servidores públicos, sin importar la procedencia política), no es: estar distrayendo a la gente (con saber quién es, más o menos leal a sus propios intereses políticos partidarios -no del pueblo-; o, quien es el más tránsfuga en comparación a otro, etc.); tampoco andar pidiendo al ciudadano que les resuelvan sus problemas políticos que ellos mismos se provocaron internamente. Es decir, los políticos con cargos (nacionales o regionales) no han sido contratados para instrumentalizar a la población para cuidar sus propios intereses políticos partidarios, sus vanidades o egos inflados o para poner en zozobra a la sociedad, con el fin de mostrarse ellos como los indispensables y vigentes en la vida de los demás, cuando, lo cierto es que, cotidianamente no se les está brindando calidad de servicio a las personas (a los administrados) sino todo lo contrario, puro problemas, distracción y pérdida de tiempo.
¿Para qué entonces fueron elegidos? ¿para qué asumieron sus cargos? ¿acaso en campaña, no prometieron soluciones a todo, de forma eficiente, honesta, transparente y con ética? Ahora, que ya están en el cargo público, desplieguen todos sus talentos con altura y nobleza, sean personas extraordinarias, todas sus ideas que promocionaban en época de campaña vean la forma de materializarla.
La mejor presentación de los políticos tiene que ser sus propios resultados, esto es, sus actos de gestión de calidad e integridad, no esperar a las próximas elecciones generales, para otra vez, aparecer como gente decente y como los grandes genios mesiánicos, que dicen estar muy preocupados por tu vida, farsanteando fantásticas ideas teóricas y sugestivas de progreso y desarrollo en búsqueda de votos y luego jamás cumplirlas.
Los políticos elegidos deberían tratar con mayor sensibilidad a los administrados porque ellos (los políticos en función pública) no están para sumar más cargas pesadas al ciudadano de las que éste ya tiene diariamente por llevar alimentos a sus hijos y darles una mejor educación. Los políticos con cargos públicos están para cumplir la Constitución (art. 235), los fines y funciones del Estado (previstos en el art. 9 de la CPE), por ende, deben necesariamente ser consecuentes con ello, únicamente se les pide que cumplan su trabajo con ética conforme a sus obligaciones previstas, que se convoque a las elecciones judiciales y se realicen las mismas, hagan un censo de calidad no mediocre y manipulado, que tengan la capacidad técnica y la ética de revisar y depurar el padrón electoral, sean verdaderamente transparentes, entre otras cuestiones pendientes más, que hasta ahora no la hacen y con tanto show armado al parecer la intención es no hacerlas. No a toda esa procrastinación en la función pública.
