Mirada Sur XCIII: Cae Castillo, condenan a Cristina, el Plan B de AMLO y Elon Musk
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- Castillo: llegó, “golpeó” y cayó
El miércoles por la mañana mañana, el maestro rural Pedro Castillo, hasta ese momento Presidente del Perú, anunció a la población que había decidido disolver el Congreso, decretar un nuevo Régimen de Excepción y convocar a elecciones parlamentarias. Estaba dando un Golpe de Estado en vivo. O, mejor dicho, un autogolpe.
El país entró en una profunda incertidumbre, pero todo se resolvió muy rápido. Castillo estaba solo. Desamparado. Y desesperado. Por eso tomó una decisión tan drástica y tan equivocada, creyendo quizás que la votación pactada para las 3 de la tarde de ese mismo día, cuando el Congreso debía definir su “vacancia”, le resultaría desfavorable.
La reacción del Congreso a la declaración del Presidente fue muy ágil. La votación se adelantó 3 horas y poco después del mediodía, la destitución del Presidente había sido votada por aplastante mayoría. 101 votos a favor contra 6 en contra y 10 abstenciones. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tampoco respaldaron Castillo.
Cárcel. El depuesto mandatario acabó un par de horas más tarde en un sofá de fiscalía, leyendo una revista y esperando lo inevitable. Por la noche, la Fiscalía de la Nación confirmó su arresto por el delito de rebelión y conspiración y fue trasladado en helicóptero al penal de Barbadillo, donde otro expresidente, Alberto Fujimori, cumple condena desde 2007. Así fue el rápido y triste final de un gobernante que, en apenas un año y medio al mando de su país, enfrentó 3 pedidos de vacancia y 7 investigaciones abiertas por corrupción. En su lugar juramentó la vice, Dina Boluarte, como la primera Presidenta de la historia del Perú.
Ya lo había adelantado José Beteta, Presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, cuando, a poco de cumplir Castillo un año en la Presidencia, le preguntamos si creía que llegaría a completar su mandato. “O Castillo es echado del poder, o cierra el Congreso y se convierte en un dictador”. Pues bien, el miércoles se cumplieron ambos vaticinios.
Polarización. Ayer, cuando las aguas calmaron, volvimos a molestar a José Beteta para pedirle un resumen de lo ocurrido en Perú. “Desde hace 5 o 6 años, se viene dando una polarización política muy profunda. Pero lo que ha movido el escenario en estos últimos 16 meses con Castillo en el gobierno, es que nunca antes se había visto un Presidente envuelto en tantos escándalos de corrupción en tan poco tiempo. Por eso Castillo nunca tuvo estabilidad. Pero no fue la polarización. Fue él mismo el que se la generó al no saber manejar el estado de una manera correcta y al meter en su entorno gente muy complicada. El desenlace de ayer fue irónico. El martes no se sabía si estaban los votos para la vacancia y el miércoles en la mañana el Presidente se lanzó con este mensaje radical, inesperado, como una bomba. A las pocas horas nos dimos cuenta que la bomba la había lanzado él solito. Él solito se vacó, él solito se suicidó y él solito se puso en la cárcel en menos de 6 horas”.
Contrato social. Para finalizar, José nos dejó un concepto clarísimo acerca de la realidad actual de su país. “El Perú en los últimos años ha crecido muchísimo. Pero lo hizo como un país liberal informal. Y esa informalidad ha sido una bendición y una maldición. Bendición porque podemos vacar un presidente, cerrar un congreso y la gente seguirá chambeando y mirando fútbol porque la informalidad ha permitido que el país se mantenga en una estabilidad popular que prácticamente ningún otro país tiene. Pero la maldición es que tienes un estado mantenido por muy pocos contribuyentes. Y no hay un contrato social. El 75% de los peruanos no paga impuestos directos. Entonces qué obligaciones le exiges a un funcionario del estado si tu ni siquiera pagas impuestos. En el crecimiento del Perú no ha habido institucionalidad”.
2. Cristina Kirchner condenada
Finalmente ocurrió. La ex mandataria y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada a seis años de penitenciaría y a una inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos, en el marco de una mega causa por corrupción. La causa, conocida como “Vialidad”, investigó un millonario esquema de concesión de obra pública en Argentina entre 2007 y 2015, del cual el principal beneficiario fue Lázaro Báez, un empresario que comenzó como opaco funcionario bancario en la sureña provincia de Santa Cruz, y terminó como uno de los hombres más ricos del país.
Santa Cruz es la provincia donde comenzó su carrera política el difunto ex presidente y ex esposo de Cristina, Néstor Kirchner, y la denuncia implicaba que Báez operaba como testaferro del matrimonio presidencial. El juicio, que demoró más de tres años, culminó con la condena a Cristina Fernández por los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta de fondos públicos y defraudar al Estado por cerca de US$ 1.000 millones. La vicepresidenta puede apelar ante distintas instancias en un proceso que podría prolongarse durante años. Además, cuenta con fueros que la blindan hasta diciembre de 2023.
Cristina Kirchner, visiblemente alterada, dijo ser víctima de un complot mediático y judicial, y recibió el apoyo de figuras como el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, o el presidente electo de Brasil, Lula da Silva. También recibió el apoyo del presidente Alberto Fernández quien, insólitamente, criticó con dureza al sistema judicial del país que él mismo gobierna. Pero para entender mejor lo que pasa y lo que puede pasar a futuro, consultamos a dos analistas locales, Iván Cachanosky, de la Fundación Para el Progreso, y Garret Edwards, de la Fundación Libertad.
Para Iván, “el fallo no sorprende, ella lo sabía y lo ves un poco en su estrategia política, obligó al presidente Fernández a hacer una cadena nacional hablando del tema. Ella siempre ha sido muy hábil en su estrategia política, aunque se puede ver que tras el fallo perdió un poco la cordura en ese sentido. Se la veía muy desencajada, al punto que leyó su discurso, cuando ella siempre ha sido una oradora muy eficiente. Los que se sorprendieron son los políticos de su espacio. Yo me hubiera esperado una reacción en la calle más fuerte de la que se vio. ¿Cómo sigue esto para adelante? Para mí en el corto plazo ella no va a perder la centralidad política, y de cara a las elecciones que vienen ella va a ser central, aunque no sea candidata. Lo cual, en el fondo, perjudica al actual presidente, que queda sin apoyo a nivel popular”.
Por su parte, Garret, aclaró que “Cristina no va a ir presa ahora, y quizá no vaya nunca. Ahora arranca un largo periplo de recursos y de apelaciones. De ambos lados, porque la Fiscalía esperaba una pena más larga. Tampoco la inhabilitación política corre desde ahora, con lo cual podría ser candidata en la próxima elección”.
Por qué importa. En momentos en que parece armarse un nuevo eje de izquierda regional, que va de México a Argentina, pasando por Brasil, este fallo vuelve a poner en evidencia los problemas de los gobiernos de este tenor con la honestidad administrativa y con la institucionalidad democrática. A la vez que refuerza la posibilidad de que en las elecciones del año que viene, pueda haber un cambio de signo político en Argentina.
3. Honduras copia receta de Bukele
El aparente éxito que han tenido las prácticas autoritarias de Nayib Bukele para combatir la delincuencia en El Salvador, están siendo imitadas por otros países cercanos. Honduras es el ejemplo más claro. La escalada de violencia que vive el país, llevó al gobierno a suspender las garantías que conciernen a la libertad de circulación, de asociación, los procedimientos de detención y la inviolabilidad del domicilio por parte las autoridades. Estas medidas radicales corresponden al estado de excepción que comenzó a regir el 6 de diciembre y cuya vigencia se extenderá durante 30 días. 89 barrios y colonias del Distrito Central y 73 en San Pedro Sula, Choloma y La Lima serán intervenidos por la seguridad.
El Salvador lleva casi 8 meses con una medida similar vigente, en el marco de la abierta guerra que el presidente Nayib Bukele le declaró a las llamadas “maras”, pandillas criminales a las cuales ha logrado poner a raya con una estrategia basada en la mano dura. Ecuador es otro país que ha optado por el controversial estado de excepción para intentar detener la ola de violencia que asola algunas regiones del país. Allí, la medida se ha tornado recurrente y el 1o de noviembre se decretó por cuarta vez en lo que va de 2022. Una serie de atentados con explosivos contra estaciones de servicio, unidades de policía y hospitales, así como el asesinato de 5 efectivos policiales, llevaron al gobierno de Guillermo Lasso a extender la decisión hasta fin de año.
La voz local. Para conocer de primera mano la realidad que se está viviendo en esta Honduras, consultamos a Guillermo Peña, del centro de estudios Eléutera, quien nos dijo que se trata de la “influencia directa de Bukele y la manera en que está atendiendo el tema de seguridad en El Salvador”. La diferencia es que “aquí no se quita la libre movilidad de las personas pero sí las reglas del arresto. Lo importante es la posibilidad de abuso que se abre y que el gobierno no está listo para una medida así, además de que el liderazgo es mucho más débil que el de Bukele. El gobierno no tiene la capacidad de hacerlo y además está tomando acciones autoritarias similares a las que criticaban cuando eran oposición. Antes decían que el estado de excepción que usaba la administración de Hernández era parte de la dictadura y de la represión. Y bueno, ahora lo están haciendo ellos”.
Por qué importa. El efecto Bukele se está contagiando y haciendo que se empleen reglas autoritarias como una medida popular de mano dura pero que permite abusos de todo tipo. Diversos informes afirman que los métodos de Bukele han sido muy efectivos para combatir la criminalidad. Pero al mismo tiempo han comenzado a conocerse casos sobre abusos a ciudadanos. Periodistas, empresarios, gremiales han visto sus derechos vulnerados por la discrecionalidad en el uso de la autoridad que confiere el estado de excepción. Las garantías constitucionales se suspenden y no es necesaria una orden judicial para entrar a un domicilio privado. Eso da lugar a la arbitrariedad. A la vez, según dijo Peña, “en el decreto que se publicó en Honduras queda muy ambiguo el criterio de situaciones por las que se puede arrestar a una persona. Esto genera incertidumbre y se siente como una acción en contra de los sectores populares de la ciudad. Se están sitiando zonas trabajadoras, diciendo que son de alto peligro y estigmatizándolos”.
4. México en vilo por reforma electoral
La Cámara de Diputados de México rechazó el martes el proyecto de reforma electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al no alcanzar la mayoría calificada. El proyecto crearía un nuevo instituto electoral, para sustituir al actual Instituto Nacional Electoral (INE), órgano autónomo que surgió para quitar el control de las elecciones al Gobierno. También eliminaría 200 diputados y 32 senadores, reduciría el financiamiento de los partidos políticos y redefiniría el concepto de “propaganda” para que el Gobierno se pronuncie durante las elecciones, disposiciones que podrían favorecer al actual partido en el poder. El planteo presidencial había generado fuerte polémica en México, e incluso una masiva marcha en protesta por el centro de la capital.
La organización Human Rights Watch (HRW) dijo que la reforma electoral de López Obrador “ponía en jaque las elecciones libres e imparciales”.
Pero el voto negativo de los diputados no enfrió los ánimos reformistas del presidente. López Obrador planteó un llamado “plan B”, que implicaría reducir de forma significativa el financiamiento del INE, algo que ha sido calificado por dirigentes opositores al gobierno como una simple venganza contra el organismo electoral. Para entender mejor el tema, consultamos al periodista y escritor Armando Régil, firme opositor a la reforma al sistema electoral actual, cuál era su opinión ante todo esto.
Según Armando, “La profesionalización del servicio público es una gran fortaleza del INE. La iniciativa de AMLO plantea eliminar el Servicio Profesional Electoral Nacional. Se debilita la presencia territorial del INE haciendo que los órganos distritales dejen de ser permanentes y ahora sean temporales. Este “ahorro” puede comprometer las elecciones. Este plan B busca eliminar la Sala Regional Especializada, es la que resuelve y sanciona el uso de recursos públicos, la propaganda y los actos anticipados de campaña”.
Para Armando, “esto parece un blindaje para violentar la ley según les convenga. En pocas palabras está buscando manipular completamente al INE y no tener ningún contrapeso interno para operar las elecciones a su gusto y capricho. ¡Es muy grave lo que están haciendo! Aún no sabemos si lo van a lograr. Las próximas horas serán determinantes”.
5. Musk abre la caja negra de Twitter
Si hay un personaje que divide opiniones en el mundo es Elon Musk. Incluso entre los cultores de las ideas de la libertad, el sudafricano que se ha convertido en el hombre más rico del planeta, genera polémica. Para algunos, es un emprendedor que defiende la libertad de expresión a ultranza, mientras que para otros es alguien que se ha aprovechado de subsidios y contactos con los gobiernos, para embolsarse millones. Todo este debate se ha potenciado desde que Musk compró la red social Twitter, la más popular entre políticos, periodistas y formadores de opinión. Su estilo… ¿inusual?… de liderazgo, y sus “derrapes” públicos en materia de corrección política lo han llevado a copar titulares en las últimas semanas. Aunque su última ocurrencia, que roza algunos procesos políticos clave para América Latina, promete generar todavía más ruido.
Es que tras sacarse de encima a toda la estructura “censora” de Twitter, a la que acusaba de defender las estrategias de la izquierda “woke” global, en las últimas semanas Musk ha abierto los archivos donde se puede ver la forma en que gobiernos, empresas y centros de presión, coordinaban con Twitter para censurar o limitar la visibilidad de determinados puntos de vista. La publicación de los llamados “archivos de Twitter” están generando una tormenta en las redes, aunque varios medios tradicionales como el New York Times, están ignorando olímpicamente la noticia. Este jueves se supo que Twitter creó listas negras, evitó que ciertas publicaciones desfavorables a la izquierda sean tendencia y limitó la visibilidad de cuentas enteras sin informar a los suscriptores.
Uno de los episodios más polémicos ha sido la forma en que Twitter ocultó la historia publicada por el New York Post sobre aspectos turbios de un hijo del actual presidente Biden, en los días previos a la elección. Twitter llegó a suprimir la opción para que la historia apareciera en sus algoritmos de recomendación y también prohibió directamente los enlaces a la publicación. Pero no es la única historia política involucrada.
Elecciones en Brasil. Días atrás el propio Musk reconoció que era posible que los ejecutivos de Twitter hayan dado prevalencia a candidatos del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva en la última campaña. Vale recordar que en una elección que se definió por escaso margen, y donde las redes sociales como Twitter fueron clave, Lula da Silva se impuso sobre Jair Bolsonaro. Algunos aliados de Bolsonaro, incluido el candidato más votado para la cámara baja del Congreso, Nikolas Ferreira, vieron suspendidas sus cuentas por órdenes judiciales después de la segunda vuelta por cuestionar los resultados electorales. El tribunal electoral brasileño, duramente enfrentado con Bolsonaro, tomó medidas de directa censura contra distintos candidatos en la recta final de esa campaña, para lo cual contó con el apoyo de empresas como Twitter.
El problema de fondo con este tema implica dilemas realmente complejos. Y que pasan por aspectos como los límites a la libertad de expresión, la forma de gobernanza de empresas tecnológicas globales y su vínculo con las leyes distintas de cada país. Pero, sobre todo, si en el fondo son simples plataformas donde cada uno pone lo que quiera, sin que el mensaje comprometa a la empresa que facilita ese espacio, o si tienen capacidad de control real sobre los contenidos. Eso implicaría un nivel de responsabilidad legal sobre lo que se publica, que las pondría al mismo nivel que un medio de prensa tradicional. Abriendo una verdadera caja de pandora que cambiaría radicalmente el intercambio de ideas en el mundo actual. Si el amable lector de Mirada Sur tiene algún punto que comentar sobre este tema apasionante, ¡encantados de leerlo!
6. Los 5 gráficos destacados de la semana en América Latina
Nota publicada originalmente en Mirada Sur
Martín Aguirre, Director El País, Uruguay, y Advisory Council member, Center for Latin America
Rodrigo Caballero, editor
