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Precios mentirosos
¿Por qué una casa vale más que un café? ¿O una computadora más que un cepillo de dientes? La pregunta puede desconcertar de buenas a primeras, incluso pensarse como un insulto a la inteligencia de nuestro lector. Lo cierto es que detrás de esta pregunta retórica subyacen principios económicos de primer orden y cuya importancia a menudo es pasada por alto por nuestras autoridades.
En una economía saludable, los precios nos ayudan a reflejar la escasez relativa de los bienes y servicios. La primera lección de la economía es la escasez —Thomas Sowell decía que la primera lección de la política era desconocer la primera lección de la economía—. Luego, resulta de vital importancia que el entramado institucional de una economía sana permita que los precios puedan fluctuar libremente, transmitiendo a los agentes del mercado información sobre las condiciones de oferta y demanda, los costos de oportunidad y las valoraciones de los consumidores.
En el vecino país de Argentina tenemos ejemplos muy claros de cuando este principio busca ser anulado por decisiones políticas. Un estudio conducido por Focus Market en 2023, poco antes de que asumiera Javier Milei, encontró enormes distorsiones en los precios relativos de dicho país. Por ejemplo, un kilo de yerba mate costaba lo mismo que una factura de electricidad; un kilo de uvas, lo que veinte litros de nafta; una pizza, cerca de doscientos boletos de tren; un kilo de helado, ciento quince boletos de colectivo.
Naturalmente, estas comparaciones no demuestran por sí solas que un precio esté equivocado: una pizza y un boleto de tren son bienes distintos, producidos bajo condiciones distintas. Su utilidad está en hacer visible hasta qué punto determinados precios regulados habían quedado rezagados respecto del resto de los precios de la economía.
Este caso es tan extremo que el lector no tendrá que preguntarse por precios en pesos argentinos, sino imaginarse esa misma situación en el contexto boliviano, a fin de caer en cuenta sobre la magnitud que pueden alcanzar tales distorsiones en el sistema de precios.
El caso boliviano será distinto en forma, mas no en fondo. Hacia donde sea que miremos, observaremos precios controlados. El precio de los hidrocarburos, las tarifas de energía eléctrica o las de aseo urbano son algunos de los ejemplos más visibles. En estos casos podemos encontrar una desconexión entre el precio que enfrenta el consumidor y el costo de oportunidad de proveer esos bienes y servicios, así como respecto de las condiciones reales de escasez que deberían reflejarse en el mercado.
Naturalmente, a todos nos encanta ver una factura de luz o aseo urbano con precios que permanecen prácticamente congelados durante años. A medida que mis ingresos nominales aumentan, pero mis gastos en esas partidas permanecen iguales, puedo destinar una proporción menor de mi presupuesto a ellas e incluso consumir mayores cantidades de energía o combustibles. Pero, recordemos, no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Si no es el consumidor quien paga íntegramente la factura, alguien más debe hacerlo.
Decir simplemente que el Estado paga la factura sería engañarnos, pues el Estado obtiene sus recursos de los propios ciudadanos, de las rentas que administra, del endeudamiento o, en determinadas circunstancias, de la expansión monetaria. He ahí la ilusión de los precios controlados: la parte dulce descansa en precios que se mantienen artificialmente bajos durante años, mientras la hiel aparece en forma de impuestos, deuda, menor disponibilidad de recursos para otros fines o inflación cuando los desequilibrios fiscales terminan siendo financiados monetariamente.
El resultado es el mismo: el costo económico no desaparece porque el consumidor deje de observarlo en el precio. Simplemente se traslada hacia otra parte de la economía. En ausencia de mecanismos de corrección —léase, ajustes de precios—, tarde o temprano ese desequilibrio deberá corregirse de alguna manera.
Los controles de precios tienen intenciones nobles, pero la política no debería juzgarse por los deseos, sino por sus resultados. Cuando un precio se mantiene artificialmente por debajo del nivel que permitiría equilibrar oferta y demanda, aumenta la cantidad demandada y se reducen los incentivos para expandir la oferta. La escasez, por tanto, no desaparece: cambia de forma.
En lugar de manifestarse mediante un precio más elevado, puede aparecer mediante mayor gasto fiscal en subvenciones, filas, cupos, racionamiento, contrabando o mercados paralelos. Y si ese gasto fiscal adicional termina financiándose mediante expansión monetaria, también puede contribuir a una mayor inflación.
En este proceso de reconstrucción económica, las autoridades deberían apuntar, como una de sus principales prioridades, a la reestructuración de un sistema de precios transparente, fundándose en el principio de una economía libre y competitiva, de modo que cada precio termine cumpliendo esa importantísima función que es la transmisión de información sobre la escasez relativa de los bienes, los costos de oportunidad y las preferencias de los consumidores.
Liberemos los precios y liberémonos de los precios mentirosos.
