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Cuando la máxima magistratura del país asume la posición de un espectador atónito frente a las patologías burocráticas del entramado hidrocarburífero estatal, se produce una perversión del principio de autoridad en la que el dispositivo diseñado para monopolizar la coerción, el control institucional y la regulación del patrimonio público declara, implícitamente, su propia impotencia ejecutiva.
La pregunta en consecuencia es: ¿hasta qué punto el repliegue discursivo del Poder Ejecutivo, al imputar la parálisis e ineficiencia operativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos a la intrincada urdimbre de sus dinámicas y corrupción internas, constituye la evidencia sintomática del agotamiento estructural del propio modelo de Estado?
Esta retórica, mediante la cual el Gobierno pretende evadir sus responsabilidades, distorsiona la naturaleza misma de la soberanía estatal. En la arquitectura sociopolítica boliviana, YPFB no opera como un agente corporativo autónomo ni como un ente exógeno al diseño del poder central; por el contrario, se reconoce como una empresa estratégica de la que, eventualmente, dependió en mucho (más allá de la minería) el erario nacional.
Pretender que la corrupción interna es un virus ajeno a las decisiones de tutela, fiscalización y administración integral del propio Estado es clara demostración de incompetencia administrativa.
Ni acá, ni en ninguna nación la corrupción es un hecho fortuito; es, en todo caso, la expresión mayor de la degradación moral del sistema político o de la organización política que controla el poder.
Si el Estado se define por su capacidad normativa y coercitiva al margen de los principios morales y éticos que exige el ejercicio del poder, estamos frente a un Estado en declive, una versión anómala y peligrosa.
¿No es acaso el aparato gubernamental el único estamento dotado de las prerrogativas constitucionales, judiciales y administrativas para intervenir, disciplinar y extirpar las lógicas patrimoniales, la corrupción y el clientelismo tan propios del masismo?
La recurrente estrategia de atribuir la debacle energética y financiera de YPFB a fallos de «gestión interna» solo expresa una crisis de gobernabilidad mucho más profunda, vinculada al agotamiento del ciclo político.
Al desplazar la culpa hacia la inercia institucional, el Ejecutivo renuncia al ejercicio pleno del poder público y degrada la noción de soberanía, transformando la fiscalización gubernamental en un espectáculo de lamentaciones impotentes mientras las estructuras de decisión estratégica permanecen secuestradas por la lógica del botín.
La superación de este atolladero no requiere de grandes diagnósticos ni de expertos de talla global; bastaría con restituir el principio de responsabilidad política y de autoridad moral.
De hecho, la corrupción en la empresa pública no es la causa de la debilidad del Estado ni de la presencia de funcionarios corruptos y logias de poder interno, sino el síntoma irrefutable de un gobierno que ha decidido renunciar a la potestad de gobernar.
La condición básica de cualquier intento serio por reconstruir la institucionalidad democrática después del caudillo pasa por restituir los niveles morales y éticos que el MAS pulverizó. Sin esa condición todos los esfuerzos caerán en saco roto.
