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El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq), dependiente del Gobierno, anunció la presentación de un memorial al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de rechazo “contundente” a la iniciativa de reforma judicial impulsada por el grupo de juristas independientes porque atenta a los derechos de los pueblos originarios. Juristas y políticos ven un complot y la mano del Ejecutivo y un analista cree que hace falta mayor información e inclusión.
“Rechazamos contundentemente estas preguntas que plantearon los juristas independientes, que lo único que quieren es dar un golpe judicial a la democracia y a los derechos de los pueblos originarios”, indicó en conferencia de prensa el ejecutivo Ramiro Cucho, para quien las preguntas planteadas por los juristas implican un “retroceso de 20 años luz al pasado por dejar a un grupillo de jerarcas las elecciones de altas autoridades del Órgano Judicial”.
Regularmente Cucho participa en reuniones con el presidente Luis Arce, ya que el Conamaq es parte del Pacto de Unidad y esta instancia es convocada con frecuencia a la Casa Grande del Pueblo. El Conamaq fue dividido en el régimen de Evo Morales y con el tiempo la instancia orgánica de ese sector se diluyó y quedó en pie la facción cooptada por el oficialismo.
Cucho afirmó que la campaña de recolección de firmas, que se inició el 25 de enero para buscar la reforma judicial a través de un referendo, “está orquestada por los grupos separatistas de las oligarquías cruceñas”.
Ante el rechazo del Conamaq, la abogada Audalia Zurita, que forma parte del grupo de juristas independientes, pidió esa organización informarse mejor. “Esta iniciativa tiene precisamente como una de sus características revalorizar la justicia originaria campesina devolviéndoles a ellos la posibilidad de desarrollarse conforme a sus usos costumbres y formas de vida, lo que está limitado por el Deslinde Jurisdiccional”, dijo.
“Para nadie es desconocido que el Conamaq no sólo tiene alianza con el Gobierno, sino que cogobierna al tener viceministros y/o ministros que provienen de esa organización y son parte del Gobierno”, denunció Zurita.
El rechazo del Gobierno y a la iniciativa de una reforma judicial comenzó la semana pasada, cuando el ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima, casi desahució la reforma judicial y agregó que no les alcanzará el tiempo (a los promotores) porque se aproxima una elección judicial este 2023.
“Estamos convencidos de que la reforma judicial tiene que llevarse adelante en un proceso amplio de diálogo, entre todos los bolivianos, lo que no va a ocurrir con una recolección de firmas que terminará en abril”, sostuvo Lima, según ANF.
Cucho, ejecutivo del Conamaq, exhortó ayer a no adherirse a la iniciativa ciudadana. “Aquellos, quienes están haciendo firmar, están engañando al pueblo, no caigan en la mentira, no caigan en la trampa, (…) las preguntas que han planteado son atentatorias contra los pueblos indígenas”. En las redes sociales se inició una campaña contra la reforma judicial pidiendo a la población no firmar, porque según los masistas esas rúbricas se utilizarán para que Juan Del Granado (principal impulsor) se habilite presuntamente para las elecciones de 2025.
Información e inclusión
El historiador y analista indigenista Pedro Portugal cree que falta mayor información sobre la iniciativa ciudadana de reformar la justicia por un referendo.
Portugal considera que el rechazo del Conamaq puede deberse a que la reforma “implicaría una especie de marginamiento de la población en la elección del magistrados, o sea, la población no elegiría directamente, sino elegiría a través de la propuesta de un comité de notables. Entonces tal como está formulado puede dar a la susceptibilidad de volver atrás en una serie de demandas que se han ido ganando”, dijo a Página Siete.
El analista cree que “falta una mayor capacidad de información”, pero además que en el grupo de independientes deberían haber sido incorporados otros sectores. “Yo creo que deberían de haber integrado a ese equipo a personas que están vinculadas a los movimientos sociales, no es un equipo, tengo entendido enteramente de juristas, pero la visión que tienen ellos del mundo indígena es más del tipo académico, como si lo indígena solo fuera la justicia comunitaria”, complementó.
Este año se realizarán en Bolivia las elecciones judiciales y la Asamblea Legislativa Plurinacional prevé que entre marzo y abril se apruebe el reglamento y la convocatoria para la preselección de postulantes a magistrados y magistradas al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional y Consejo de la Magistratura.
