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La situación de la justicia es tan crítica que ha sido uno de los principales puntos observados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado para investigar los acontecimientos acaecidos en el país el año 2019.
Probablemente a los bolivianos no nos sorprende este resultado, puesto que luego de dos elecciones judiciales fallidas (en las que la mayoría de la ciudadanía prefirió votar nulo antes que por alguno de los postulantes) somos testigos de la decadencia en la que se encuentra nuestro maltrecho sistema judicial. Pero ahora el informe del GIEI ha puesto también bajo la mirada de la sociedad internacional esta situación.
El actual ministro de justicia ha hablado de reformar la justicia desde que asumió el cargo, pero recién hace unos días (seguramente como consecuencia del informe del GIEI) presentó una timorata propuesta basada en seis ejes, de los cuales bastaría que se cumpla con solo uno de ellos para garantizar una reforma judicial efectiva: “Independencia judicial”.
Históricamente, la modalidad de la forma de elección o designación de los jueces o autoridades encargadas de impartir justicia ha sido el elemento clave al momento de establecer condiciones mínimas de independencia. Nuestro país se ha aventurado por un método de elección mediante el voto popular que, como señalamos anteriormente, ha resultado un fracaso. Pero para poder cambiarlo es necesario modificar la constitución, lo que considero desencadenaría en una serie de demandas para reformar muchos otros aspectos de la constitución y podría provocar el estancamiento del proceso de reforma, para el beneficio de quienes en realidad no quieren que se cambie nada.
Por ese motivo, lo adecuado es buscar soluciones ajustándonos al marco constitucional vigente. Desde este punto de vista, se ha propuesto en reiteradas oportunidades que antes de llegar a las elecciones judiciales se debe realizar un proceso de preselección de los postulantes de manera abierta, transparente y participativa, que asegure que los mejores profesionales sean quienes vayan a ser sometidos a la decisión ciudadana.
En otras palabras, ante la imposibilidad (o riesgo) de modificar la forma de elección de las autoridades judiciales, debemos perfeccionar su preselección. En este momento, el problema radicaría en que las últimas elecciones judiciales fueron realizadas el año 2017, por tanto, las siguientes elecciones y su previo proceso de preselección se realizaría recién el 2023, es decir dentro de dos años. Condenarnos a soportar al ultra cuestionado sistema judicial durante este tiempo sería un suplicio para los bolivianos.
Bolivia está en un momento de transformación y a pocos años de su bicentenario aún no ha logrado consolidar su institucionalidad democrática. Por tal motivo, es imprescindible recuperar el tiempo perdido. No podemos esperar dos años más para elegir autoridades judiciales imparciales que aseguren la anhelada independencia judicial.
Las actuales autoridades judiciales, rechazadas por la ciudadanía en la última elección y cuestionadas nacional e internacionalmente, deben dar un paso al costado para viabilizar el proceso y permitir se adelanten los tiempos para renovar y reformar la justicia. No sería la primera vez que se lo haga. Caso contrario seguirán siendo parte del problema, el cual, reiteramos nuevamente, no ha sido detectado solamente en el plano nacional sino también internacional.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
