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El Estado, como organización política, tiene tres pilares fundamentales referentes a su razón de existencia y funcionalidad: población, territorio y soberanía. Sobre estas tres dimensiones, el Estado ejerce el monopolio del uso de la fuerza; es decir, es la única autoridad legítima y competente sobre su población y territorio determinados para usar la violencia como mecanismo de garantía del cumplimiento de las leyes. Es este cumplimiento de las leyes, a su vez, el instrumento par excellence que asegura el orden y la convivencia pacífica entre ciudadanos de un mismo Estado.
Lo ocurrido la semana pasada en Las Londras contempla un crimen sumamente grave. El Estado Boliviano tiene la obligación moral y jurídica de hacer justicia, tanto en la dimensión correctiva y reparativa para los avasallados, como punitiva en contra de los avasalladores convertidos en terroristas. Sin embargo, el Estado demora en cumplir sus funciones y manda efectivos policiales a la zona, en una medida que, por ahora, se reduce exclusivamente a una manifestación demostrativa del cumplimiento de sus atribuciones, que guarda poca relación con la verdadera consecución de justicia. Daría la impresión de que el gobierno busca diluir lo ocurrido, para luego presentar un chivo expiatorio terriblemente reducido en vista de los presuntos setenta delincuentes, que solamente agravaron sus delitos, pues el avasallamiento en Santa Cruz es un crimen sistemático y muy bien establecido desde hace años.
La inoperancia del Estado frente a este crimen sistemático en escalada de violencia puede resultar en problemas aun más graves para el Estado y principalmente para su población. Si el Estado no hace uso de su fuerza coercitiva para hacer cumplir la ley, en este caso —desde el derecho a la propiedad privada hasta la obligación del respeto de la integridad física de los individuos—, entonces existe el riesgo de que los ciudadanos, cuyos derechos han sido vulnerados, busquen medios privados para la consecución de justicia. Esto implicaría para el Estado la pérdida del monopolio de violencia sobre su territorio, lo que generaría violencia, caos y finalmente un debilitamiento sistémico.
No obstante, el Estado indudablemente buscará la forma de evitar un debilitamiento sistémico causado por su inoperancia y afinidad partidaria con los avasalladores. ¿Cuál sería la forma de mantener vigente su monopolio del uso de la fuerza en caso de que las personas, cuyos derechos han sido vulnerados, decidan buscar justicia más allá del Estado? Evidentemente, volver a ejercer su violencia bajo el argumento de su legitimidad. En ese marco, vale la pena preguntarse: ¿Castigaría el Estado boliviano a sus ciudadanos, que defiendan sus derechos vulnerados con la misma fuerza que son violentados, a pesar de no haberlos protegido como manda la ley?
Si ese fuera el caso, estaríamos frente a la constatación de un Estado que no cumple las leyes a cabalidad; un Estado que arbitrariamente niega protección a algunos, mientras encubre los delitos de otros; un Estado que discrimina a sus ciudadanos abierta- y deliberadamente según su afinidad política. Si bien esta constatación no representa nada nuevo a primera vista para el ciudadano boliviano, cuando se trata de la propiedad privada y de la tierra, históricamente es un terreno de conflicto muy peligroso para un Estado. La represión de quienes defienden legítimamente su territorio debido a la falta de protección estatal podría desencadenar una espiral de violencia, cuya magnitud ni el mismo Estado es capaz de cuantificar. Por el bien de la sociedad boliviana, esperemos que, al menos una vez, el gobierno piense bien antes de actuar.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
