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Censo, pacto fiscal y coparticipación tributaria

Eric Cícero Landívar Mosiño

Abogado y Politólogo. Magister en Derecho Constitucional y Autonomías. Experto en materia electoral

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Dejando de lado la planificación nacional, para lo cual el censo es fundamental, uno de los efectos más esperados de un nuevo censo pasa por el incremento en los recursos de la coparticipación tributaria, puesto que estos se distribuyen en base al número de habitantes de cada municipio, para los Gobiernos Autónomos Municipales, y de la población departamental, en el caso de las universidades públicas.

Los grandes ausentes de la coparticipación de la mayoría de los impuestos nacionales (IVA, RC-IVA, IUE, IT, ICE, ISAE Y GA) son los Gobiernos Autónomos Departamentales. Debido a esto es que la ciudadanía seguramente habrá podido percibir un mayor interés en el censo por parte de los alcaldes de las grandes urbes que de las autoridades departamentales.

Sin duda alguna, las gobernaciones están llamadas a velar por los intereses regionales, pero en términos de beneficios institucionales que traerá un nuevo censo, los niveles intermedios quedan en desventaja frente a los niveles locales, precisamente por cómo está diseñado el modelo de la coparticipación tributaria que se encuentra vigente desde antes de la actual Constitución Política del Estado, y que fue ratificado de manera transitoria por la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

El escenario en el que el modelo transitorio de la coparticipación tributaria debe debatirse y modificarse de manera consensuada es el Pacto Fiscal, el cual conforme a la misma norma citada anteriormente debió realizarse luego del censo 2012. Sin embargo, han pasado casi 10 años, estamos frente a un nuevo censo nacional y hasta ahora se lo ha logrado concretar.

El gobierno nacional hizo evidente su deseo de retrasar el mayor tiempo posible el Pacto Fiscal y además fue enfático en su posición de excluir de la discusión cualquier intento de modificar los porcentajes de distribución de los impuestos mencionados, de los cuales percibe prácticamente el 75%.

Por tal motivo, pueden realizarse muchos censos en el futuro y los Gobiernos Autónomos Departamentales seguirán siendo los menos beneficiados de sus resultados y mantendrán su dependencia a la explotación de las materias primas y recursos naturales no renovables, cuyos ingresos varían según los precios internacionales.

Los recursos de la coparticipación tributaria son producto de los impuestos que pagamos y generamos todas las bolivianas y bolivianos. Cualquier ciudadano desea ver sus impuestos convertidos en obras y servicios públicos de calidad, responsabilidad que abarca a los tres niveles de gobierno de acuerdo con las competencias que debe ejercer cada uno de ellos.

Cabe destacar que para la realización del Pacto Fiscal no es necesario esperar el Censo 2022 por dos motivos en concreto que ya señalamos y los volvemos a remarcar. El primero de carácter legal, puesto que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización establece que se debía esperar hasta máximo seis meses de conocidos los resultados del “próximo censo”. Tomando en cuenta que esta ley data del año 2010 queda claro que esta condición previa fue cumplida con la realización del censo 2012. En segundo lugar, un nuevo censo no tiene incidencia sobre el modelo de distribución de la coparticipación tributaria, solamente sirve como información oficial para la actualización del criterio poblacional sobre el cual se realiza.

Si se desean hacer cambios reales al régimen económico financiero en beneficio de las autonomías, debe promoverse la realización del Pacto Fiscal. Bastante se habla de profundizar las autonomías y encaminar a Bolivia hacia un modelo federal. Pues si no se logra concretar el Pacto Fiscal mucho menos se logrará aquello.

En el periodo constitucional 2010-2015, con solo tres gobernadores opositores, se logró instalar el debate. Ahora que existen seis gobernadores que no pertenecen al partido oficialista del nivel nacional, nos invita a pensar que las circunstancias pueden ser más favorables. Esto no quiere decir que los Gobiernos Autónomos Municipales deban quedar fuera del debate. Es también la oportunidad para que el nivel municipal plantee mejoras al anquilosado régimen económico financiero heredado desde hace más de 20 años.

*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo


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Eric Cícero Landívar Mosiño

Abogado y Politólogo. Magister en Derecho Constitucional y Autonomías. Experto en materia electoral

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