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La realización del Censo Nacional de Población y Vivienda en noviembre de 2022, debe propiciar una oportunidad para avanzar hacia la superación de problemas pendientes de fundamental importancia para el progreso económico y social del país. Debe ser la base de grandes acuerdos nacionales, como el pacto fiscal, y al mismo tiempo, proporcionar información veraz para que el estado y el sector privado puedan orientar sus inversiones hacía políticas y proyectos que impulsen el desarrollo nacional.
Es imprescindible no cometer nuevamente los errores del Censo del 2012, el cual se realizó sin haber concluido la cartografía, habiendo levantado la encuesta censal en partes con la cartografía del Censo del 2001, lo que dio como resultado que muchas áreas no sean efectivamente censadas. La cartografía es la que nos permite ubicar donde reside la gente, y, por lo tanto, donde deben ir los encuestadores. Sin una cartografía adecuada, el Censo tendrá una cobertura insuficiente, arrojando resultados por los cuales muchos municipios y departamentos queden infrarrepresentados.
Un Censo está orientado a conocer cuanta población tiene un país, donde vive y en qué condiciones reside. Por ello es ineludible que la discusión sobre distribución de recursos y la representación política, ocupe un primer lugar en el debate público. Al final del día, la redistribución de ambas, recursos y representación, son las primeras consecuencias prácticas del Censo.
Es entendible que este proceso genere tensión, en un país donde hay marcados movimiento de migración interna y un acelerado proceso de urbanización, que concentra la población en las ciudades capitales de departamento, incluyendo a El Alto, que se ha convertido en la segunda ciudad más poblada de Bolivia. Al mismo tiempo, también están experimentando un gran crecimiento poblacional decenas de ciudades intermedias, que reflejan el movimiento económico de diversas provincias y por lo tanto necesitan mayores recursos para atender las demandas de infraestructura y servicios de su creciente población.
Consecuentemente, no sólo las grandes ciudades como El Alto y Santa Cruz necesitan mayores recursos sino también ciudades intermedias como Montero, Riberalta, Quillacollo, Yacuiba o Uyuni. La redistribución de recursos según la población tiene una razón muy fuerte, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y esto vale tanto para lo económico como para la representación política. En este último caso, por ejemplo, uno de los espacios donde existen mayores diferencias en el peso del voto de los ciudadanos es en las Asambleas Legislativas Departamentales, en las cuales existe una gran subrepresentación de los principales centros urbanos, lo que genera desigualdad y problemas de gobernabilidad, puesto que no hay correlación entre el voto que reciben los gobernadores y su representación parlamentaria.
Esto no significa que no se reconozca la necesidad de contar con fondos de desarrollo para los departamentos que tienen menores niveles de progreso económico y social. A nadie le conviene que la mayor parte del territorio quede atrapada en la pobreza y el despoblamiento que esta provoca. Para esto es el Pacto Fiscal, el cual debe contemplar una redistribución de recursos acorde a la asignación de competencias de la Constitución del 2009 y también asignar fondos adicionales para el progreso de los departamentos con menor población.
Esta discusión es solo el inicio; el Censo debe ofrecer tanto al sector público como al sector privado, la información que necesitan para orientar sus inversiones en base al conocimiento cabal de la distribución geográfica de la población y de su realidad económica y social. El conocimiento de esta realidad permitirá al Estado, en sus distintos niveles, orientar la inversión pública, y al sector privado, conocer las necesidades de las personas para ofrecerles los bienes y servicios que necesitan, promoviendo así la creación de empleos y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
