OpiniónPolítica

El acceso a la justicia

Escucha la noticia

El acceso de la justicia, derecho a la jurisdicción o derecho a la tutela judicial efectiva, se ha configurado como un auténtico derecho fundamental. La tutela no se limita a recibir la demanda o querella, sino es un derecho instrumental porque permite la defensa jurídica de todos los demás derechos mediante un proceso que se desarrolle con todas las garantías constitucionales. 

El acceso a la justicia exige ir más allá del reconocimiento formal de derechos en el sistema jurídico. Para diagnosticar el nivel de respeto y protección de un derecho, es preciso echar mano a saberes y metodologías diferentes a la mera argumentación jurídica o a las interpretaciones dogmáticas de las normas. Por tanto, es necesario abrir un diálogo interdisciplinario con sociólogos, estadísticos, economistas, antropólogos, etc. para tener una visión jurídica integral y más abierta al enfoque de las políticas judiciales. Aquí confluyen una dimensión propia del campo jurídico, un desarrollo histórico de esa noción que tiene que ver con el modelo de Estado, por cuanto el Órgano Judicial tiene una dimensión política cuando en sus relaciones trata de la distribución del poder.

La lucha por el acceso a la justicia es, en efecto, un programa político ambicioso, que tiene que hacerse en conexión con la desigualdad social, económica y política; además, demanda una nueva noción de Estado, más sensible a los desafíos de la realidad, menos atado a tradiciones y repeticiones automáticas. Todo este cuestionamiento se debe a que una sociedad decente debe aspirar a la igualdad de recursos (en un sentido amplio) y éstos incluyen los recursos organizativos, institucionales, educativos, etc. tendiente a garantizar la promoción y el respeto de los derechos.      

Para el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, el acceso a la justicia es un concepto que hace referencia a las posibilidades de las personas de obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas y cuyo ámbito material de aplicación se delimita mediante el análisis del conjunto de derechos de los ciudadanos y la valoración de la naturaleza y extensión de la actividad pública y de los mecanismos o instrumentos jurídicos necesarios para garantizarlos.

El verdadero acceso a la justicia exige, en realidad, una transformación del Órgano Judicial, y una estrategia que debe asentarse sobre tres pilares fundamentales: ampliación de la cobertura estatal, incorporación al sistema de justicia de los mecanismos tradicionales y comunitarios de resolución de conflictos y focalización de las políticas públicas en los grupos más vulnerables y desprotegidos de la sociedad. Estas políticas buscan constituir una unidad de actuación lógica, cuya puesta en marcha ―dependiendo de que haya un correcto funcionamiento de cada una de ellas― favorece y genera los espacios que las demás políticas requieren para reequilibrar el sistema. 

Esta nueva ingeniería de acceso a la justicia obedece a que la ONU estableció que la mayoría de las personas pobres no sólo que no tienen acceso a la justicia, ni viven bajo el amparo del derecho, sino que están alejadas de las oportunidades que ésta ofrece; sin embargo, pueden salir del pozo si se les otorgan las protecciones del Estado Constitucional de Derecho. 

A tiempo de aclarar que el estudio lo realizó una comisión conformada por 25 ex jefes de Estado y de gobierno, ministros, la ONU asume la defensa de los más pobres y demanda el empoderamiento legal que supone un cambio sistémico, mediante el cual las personas pobres y excluidas sean capaces de utilizar la ley, el sistema legal y los servicios jurídicos con el fin de proteger y fomentar sus derechos e intereses como ciudadanos y actores del sector económico (LA LEY: CLAVE PARA EL DESARROLLO SIN EXCLUSIONES, Volumen I, Informe de la Comisión para el Empoderamiento Legal de los Pobres y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, publicación propia, 2008). 

Compartimos con la Organización de las Naciones Unidas en el sentido de que para concretar el acceso a la justicia y el empoderamiento legal de todos los excluidos, se necesita transformar la sociedad en el plano legal, político, social y económico. 

*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo


Cuentanos si te gustó la nota

50% LikesVS
50% Dislikes

Publicaciones relacionadas