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La Semana Política

10 al 16 de octubre de 2021

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Comisiones por juicios

El pasado fin de semana, el ministro de justicia Iván Lima dijo que los juicios de responsabilidades contra la ex presidente Jeanine Añez deberían ser tratados en la próxima legislatura, alegando que “si después de la primera votación y de una segunda no se tienen los dos tercios, el caso se archiva”.

La postura emitida fue respaldada el martes por el presidente de la comisión de justicia plural de la Cámara de Diputados, Andrés Flores, siguiendo la habitual cadena de mando oficialista que va del Ejecutivo al Legislativo.

A diferencia de otros periodos, la nueva legislatura comenzará en noviembre de este año, tras la recomposición de las directivas camarales y de las comisiones legislativas. Lo que está en juego, más allá de los plazos de votación, es la posibilidad de utilizar como moneda de cambio la otorgación de espacios parlamentarios claves a opositores “flexibles”, que puedan retribuir esas canonjías viabilizando los juicios de responsabilidades que blinden la narrativa sobre el “golpismo”.

El fallido retorno del jacobino

También el martes, el ex vicepresidente Álvaro García Linera intentó una nueva entrada en el escenario político, aunque el movimiento fallido tuvo algo de comedia, terminando con golpe y porrazo.

El “último jacobino” dio una entrevista a un medio internacional (Jacobin América Latina, por supuesto) donde instruyó al “gobierno popular” a “vigilar las cuentas bancarias, mirar las propiedades y los impuestos” de quienes se le opongan.

Casi de inmediato, como si García Linera hubiera expuesto la jugada en marcha, el gobierno de Luis Arce puso retro al proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, con el que se procuraba, precisamente, establecer esa “vigilancia de cuentas”, de naturaleza política como dejó en claro el ex vicepresidente.

Rebelión del capitalismo popular

Mucho tuvo que ver con la marcha atrás gubernamental la rebelión de los sectores del capitalismo popular (gremialistas, cooperativistas mineros, transportistas) contra el proyecto de ley. Sectores que ya anuncian una segunda batalla, con advertencias de paro indefinido, si no se dejan sin efecto otras normas y proyectos que complementan al archivado.

Este es un tema de fondo para la comprensión del panorama político y social del país: con un 80% de la economía a cargo de emprendedores informales, es difícil que el proyecto hegemónico avance sin trabas como en Venezuela, donde el aparato económico ya estaba centrado en PDVSA aún antes de Hugo Chávez.

Por otra parte, los sectores mencionados tienen una práctica de mercado que no se corresponde con el proyecto estatista del Movimiento Al Socialismo, que ha logrado reclutarlos ante la ausencia de ofertas alternativas desde las fuerzas democráticas, que deberán encarar esa asignatura pendiente más temprano que tarde.

Control electoral a la cubana

Cualquier proceso de revisión o estudio en el campo que sea, donde se conozca el resultado de antemano, puede ser calificado objetivamente como “farsa”. Esto se aplica al dedillo a la simulación de escrutinio llevada a cabo por el Procurador General del Estado en la semana que acaba de terminar, donde de acuerdo a lo anunciado antes del proceso se “demostró” la inexistencia de un fraude en las elecciones del 2019.

La “demostración” encontró irregularidades en “sólo 7 de las 35.000 actas”, cifra tan inverosímil que haría de los comicios bolivianos los más transparentes del planeta.

Para más credibilidad de la revisión, se invitó a Cuba a ser parte de la misma, dando una pauta sobre los criterios de imparcialidad democrática que maneja el Procurador. En efecto, podemos decir que la puesta en escena vista en El Alto fue un “control electoral a la cubana”, uno de esos procesos donde, al decir de Josef Stalin, “no importan los votos, sino quién los cuenta”.

La Sibila del TCP

La semana cerró con una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional tan polémica como borrosa y contradictoria, abierta a una interpretación polisémica, sobre las sucesiones en la Cámara de Diputados y en la presidencia del Estado.

Como la Sibila de la antigüedad, que emitía sus oráculos de forma enigmática, el TCP acudió al enredo deliberado para salir del paso de las presiones gubernamentales, que procuran alinear al órgano de control constitucional con el relato del “golpe de Estado”.

El resultado es un texto que tanto sirve para cuestionar como para validar la sucesión ipso facto, según el color del cristal jurídico-político con el que se mire.

Lo cierto es que la reconstrucción de la democracia republicana en Bolivia necesitará sin duda de un control de constitucionalidad independiente y esa debería ser una de las prioridades en las iniciativas de reforma de la justicia.

*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo


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Emilio Martinez

Escritor y analista político

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