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“Si algo no falta en Brasil son personas expertas en eludir la ley para no pagar el impuesto sobre la renta”, dijo Lula. Y agregó que “la propuesta es justa y sensata” y que espera que el Congreso Nacional “proteja a los más pobres en lugar de a los más ricos”. Más allá del discurso que fomenta una especie de lucha de clases 3.0, Lula parece reflotar una visión típica de los gobernantes socialistas, que creen que los problemas de falta de recursos en el estado siempre vienen de personas mala que no aportan lo suyo, en vez de venir de gobiernos que gastan en frivolidades en lugar de hacerlo en lo importante. Pero para entender mejor el tema, contactamos a Magno Karl, del Instituto Livres, que decía lo siguiente:

“El gobierno de Lula ha esbozado una agenda fiscal integral que incluye compromisos ambiciosos para varios sectores, al tiempo que proyecta un presupuesto equilibrado para 2024. Sin embargo, no hay planes concretos para reducir los gastos. La capacidad de estos cambios impositivos propuestos para cumplir con las proyecciones de ingresos sigue siendo una cuestión abierta. Esta incertidumbre se ve subrayada por las salidas de capital de R$ 71,4 mil millones de estos “fondos exclusivos” desde el anuncio de la política fiscal, lo que indica un riesgo tangible de fuga de capitales”.

Según Magno, “el Presidente ya ha comenzado a enmarcar el discurso en torno a la reticencia de los ricos a contribuir equitativamente a las finanzas públicas. Esta narrativa pasa por alto convenientemente casos en los que sus propias políticas han tenido efectos regresivos, como el programa de incentivos para los fabricantes de automóviles. La estructura tributaria en Brasil, es notablemente regresiva e impone una carga desproporcionada a los hogares de bajos ingresos. Desde este punto de vista, cualquier política destinada a aumentar las obligaciones tributarias de los ricos puede interpretarse como una medida correctiva. Sin embargo, la eficacia final de la política depende de varias variables, incluida la movilidad de los ricos y su capital. Son mucho más capaces de cortar sus vínculos con Brasil que otros miembros de la base fiscal del gobierno”.

Magno concluye que uno de los temas centrales de estas reformas es que sus beneficios pueden ser inmediatos, pero los efectos negativos como fuga de capitales o reducción de la inversión, probablemente se haga evidente en el mediano y largo plazo.

Desde que aceptó su lugar al frente del Movimiento Construye, las imágenes que lo muestran a través de los medios no son las de un periodista. Tampoco las de un político. En cambio parece un soldado. Cada vez que sale a la calle debe llevar puesto casco y chaleco antibalas. Y un gran séquito de custodios armados a guerra lo siguen a todas partes. Todos en alerta por un ataque que puede llegar en cualquier momento. Como ocurrió con Villavicencio. Y, según dijo el excandidato, “Yo no espero eso para mi vida”.

Además, tiene planeado para antes del 15 de setiembre, publicar un trabajo periodístico revelador, que probablemente enoje aún más a quienes lo consideran un enemigo. Tratará sobre la deuda Ecuatoriana con la República popular China y de todas las irregularidades y problemas que generaron. A pesar de todo Zurita aseguró que “una salida inmediata del país no es posible. Hay condiciones y espacios que cumplir y no puedo renunciar hasta que se encuentren encaminados. Ya habrá tiempo para pensar qué viene en el futuro”.

Trasfondo. Ecuador, que hasta hace unos pocos años era uno de los países más pacíficos de la región, vive una crisis de seguridad histórica fruto de guerras entre las diversas organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. La violencia arrecia y si la tendencia se mantiene, terminará el año con una tasa de 40 homicidios por cada 100 mil habitantes, cifra que lo ubicará como el país más violento de la región. Masacres carcelarias, atentados con explosivos, sicariato, marcan la realidad del actual Ecuador.

Todo esto sucede en medio de unas elecciones anticipadas, decretadas por el Presidente Guillermo Lasso al verse impedido de gobernar por las presiones y denuncias de la oposición, y cuya segunda vuelta prevista para el 15 de octubre enfrentará a Luisa González y Daniel Noboa. En las últimas horas, Quito, capital del país, sufrió dos atentados con coches bomba, los primeros en su historia. El primero ocurrió en el sector residencial La Mariscal, al norte de la ciudad, donde un vehículo cargado con dos cilindros de gas, combustible, dinamita y mecha lenta explotó a las puertas de un edificio gubernamental. El segundo detonó cerca de las 2 de la madrugada en una zona donde hay universidades y colegios. Fue el cierre de una jornada agitada. Policías y militares habían intervenido la cárcel de Cotopaxi, a unos 100 kms de la capital, para trasladar a un grupo de reclusos hacia otros centros penitenciarios. Uno de los detenidos es Luis Arboleda, conocido como el gordo Luis, segundo en la jerarquía de la banda criminal Los Lobos, una facción del cartel Nueva Generación, aliado del pesado cartel Jalisco Nueva Generación en México.

Pero más allá de esta noticia, hay otro fenómeno relevante ocurriendo tras bambalinas. Y es que si se toma en cuenta que en el oficialismo, quien tiene más chance de llegar a la candidatura es la exjefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se hace cada vez más probable que una mujer sea la próxima presidenta del país. Algo sin antecedentes en la historia mexicana, y que choca de alguna manera con la extendida idea de que México es un país todavía muy machista, y lento a la hora de adaptarse a los cambios sociales. Para tener una voz local autorizada, y desde la óptica de las ideas de la libertad, consultamos a Ana Lilia Moreno, economista y directiva del centro de estudios México Evalúa, y le preguntamos si se trata de un cambio cultural en el país, o un fenómeno estrictamente electoral.

“Creo que sí es un fenómeno natural, auténtico, el hecho de que es prácticamente casi seguro que una mujer llegará a presidenta. Todavía falta que ahora en septiembre se nominen las precandidatas y bueno, en una de esas podría ser que Marcelo Ebrard saliera con el premio. El caso es que con las fichas, digamos, del tablero como están ahorita, en este momento parece que sí podríamos tener una presidenta. ¿A qué responderá este fenómeno? Pues yo creo que es a la tendencia mundial de espacios de poder que se están abriendo para las mujeres”.

Según Ana, “en el caso del partido del presidente López Obrador, él ha cargado los dados a favor de su candidata. Porque él quiere pasar a la historia como aquel que le delegó el poder a una mujer. ¿Y por qué responde el presidente a este deseo? Pues también porque tiene prestigio hoy en día que las mujeres accedan al poder. Entonces, López Obrador, pues sin duda, quiere pasar a la historia como el que le delegó y le abrió las puertas a una mujer, de su confianza, claro”.

Un detalle interesante que nos explicaba Ana es que “ni Xóchitl ni Claudia Sheinbaum provienen de las filas feministas. Provienen de otras filas científicas, tal vez de protesta, pero no del grupo feminista ultra, que se reconoce como su principal prioridad. De hecho, en el libro que recientemente salió al mercado con la biografía de Sheinbaum, ella dice que reconoce al movimiento feminista, pero dentro de muchos otros, o sea, uno más, no le da la prioridad al movimiento feminista.  Xóchitl, por su lado, viene desde las filas empresariales, luego su salto a la administración pública federal y a la política, y es una mujer también súper exitosa, claramente forjadora de su propio destino, pero tampoco una ferviente feminista, sino más bien alguien que en los hechos ha ido demostrando su capacidad y el lugar que le corresponde, y el mérito se lo ha dado la ciudadanía”.

“Yo creo que en resumen sí es algo positivo, que no garantiza un buen gobierno, pero que sí le va a dar un rostro muy distinto a la acción de gobierno cuando alguna de ellas gane, si es que no llega un candidato varón que las rebase”.

El intenso tráfico marítimo se debe a que la Administración del Canal de Panamá (ACP) ha decidido imponer restricciones al tránsito diario de buques, debido a la sequía récord que afecta al país centroamericano. Los lagos artificiales suministran el agua necesaria para llenar la serie de esclusas del canal que se reponen con lluvias que suelen ser abundantes en el istmo de Panamá. Sin embargo, la peor sequía en 100 años ha dejado a los lagos en niveles bajísimos. Para tener una idea, para gestionar cada cruce de un barco, se utilizan unos 50 millones de galones de agua.

Según datos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), las lluvias en la zona han disminuido hasta un 50% de los niveles pronosticados para estas fechas en años pasados, lo que en combinación con la rápida evaporación experimentada en las reservas del Lago Gatún, ha provocado que expertos en la materia duden sobre si el Canal de Panamá podrá resistir la alta demanda de tránsito comercial en 2023. Este fenómeno se atribuye al inicio de un episodio de “el Niño” que promete ser particularmente fuerte, sumado a altas tempreaturas que han aumentado la evaporación en los lagos.

Leyendo esta noticia, y viendo como comenzaban las distintas teorías conspirativas en relación a la misma, le escribimos a nuestro habitual “corresponsal” en Panamá, el empresario y líder gremial Surse Pierpoint, a ver si había algún trasfondo. Pero la respuesta de Surse fue contundente: “Es totalmente un fenómeno climático. Es interesante como noticia, pero nada que ver con rumores de mala gestión”.

El convenio, que aún precisa la aprobación del Parlamento, busca ayudar al país a convertir su estructura digital, poniendo el foco en la modernización de El Salvador en tres áreas fundamentales: atención médica, gobierno digital y educación, de acuerdo a un comunicado que el gigante tecnológico norteamericano publicó en su sitio web. El presidente, cuya postura a favor del desarrollo tecnológico es bien conocida, está convencido que “la audacia de El Salvador combinada con la experiencia global de Google, redefinirá el panorama tecnológico”.

Bukele anunció en redes sociales que “Google será el socio estratégico de innovación de El Salvador, ayudando al país a digitalizar de forma segura los procesos y proyectos gubernamentales, incluyendo la facturación electrónica, permisos y otras iniciativas”

Entre los planes del acuerdo, figura el establecimiento de una entidad legal así como de una oficina de Google Cloud en El Salvador. También iniciar una instancia de Google Distributed Cloud (GDC) en dicho país y establecer un Centro de Excelencia en la Nube para brindar orientación técnica a empresas y organizaciones acerca de cómo obtener los mayores beneficios de la tecnología y las innovaciones en la nube.
La digitalización gubernamental, según se explicó a través de la Secretaría de Prensa de El Salvador, permitirá a todas las carteras del estado ser más eficientes, lo que se traduce en un servicio más efectivo para los ciudadanos.

Trasfondo. El perfil en favor de la tecnología e innovación que define a Nayib Bukele, como se dijo, es harto conocido. Ya lo dejó claro al convertir a El Salvador en el primer país del mundo en adoptar la divisa digital Bitcoin como moneda de curso legal en el país. Además, el 4 de mayo de este año, el congreso sancionó la Ley de incentivos para la fabricación de innovación y tecnología. Sus principales cometidos son  eliminar los impuestos a las innovaciones tecnológicas y atraer inversiones de empresas del sector tecnológico e informático. La legislación rige para los ingresos, la propiedad, las ganancias de capital y los aranceles de importación en la actividad tecnológica que se desarrolle dentro del territorio. Eso incluye la programación de software y aplicaciones, la inteligencia artificial o la fabricación de hardware de computadoras y comunicaciones.

El gran dilema aquí es que Bukele es una figura populista, con un trasfondo autoritario y poco amable con las sensibilidades políticamente correctas que marcan el discurso público de muchas mega companías como Google. En especial, aquellas que tienen base en California. ¿Es esto una señal de cambio de tiempos a nivel de políticas corporativas? ¿Es una lavada de cara para la mala imagen de Bukele en los sectores que toman decisiones? ¿O acaso otra muestra de que más allá de los discursos y posturas, las corporaciones siguen priorizando el ganar dinero y lo demás es simple retórica?