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Llega septiembre, el mes de Santa Cruz, que siempre es apropiado para la reflexión, más aún cuando coincide con el tránsito de los cien primeros días de la nueva administración de la Gobernación. Luis Fernando Camacho, el segundo gobernador electo desde la instauración de la autonomía departamental, pronosticó los primeros frutos de su gestión para el mes de los cruceños.
En medio de la pandemia, el gobernador juró a su cargo comprometiéndose a vacunar a toda la población hasta septiembre, y que no faltarían camas para los enfermos de coronavirus. Aseguró que compraría 3 millones de dosis de la vacuna Pfizer, pero pese a la urgencia, esperó complacientemente la autorización de compra del gobierno nacional —desconociendo las facultades estatutarias—, y cuando ésta llegó, no adquirió una sola dosis. La ciudadanía tuvo que resignarse al lento plan de vacunación gubernamental. Un doble castigo al departamento que más sufre los embates del virus.
La ley departamental para la Adquisición de Vacunas contra el COVID-19, anunciada al estilo Bukele, quedó como testimonio de la ineficacia. La inauguración parlamentaria no pudo ser peor, con una norma que llegó tarde, mal e inútil. Ahora el problema no es la oferta, sino la demanda. El ritmo de vacunación ha caído considerablemente, pese al esfuerzo extraordinario de los trabajadores sanitarios, sin que aún se vislumbre acciones para reforzar la inmunización. Si no se establecen nuevos centros de vacunación, más cerca de los vecinos; incorporan brigadas móviles y una campaña eficiente para convencer antes que imponer, la inmunización de grupo será una quimera.
El mayor drama sigue estando en las Unidades de Terapia Intensiva de los hospitales, que desbordados en su capacidad, se vieron obligados a realizar un doloroso triaje. Lejos quedó la promesa de que ningún paciente se quedara sin cama, el sistema descartó a muchos enfermos sin darles una opción digna, ni siquiera cuentan en las estadísticas. Innumerables familias quedaron con deudas impagables y otras vieron apagarse la vida de sus seres queridos en la impotencia más absoluta, sin respiradores ni oxígeno. La mirada simplista y cortoplacista se enfocó solo en la vacunación, desatendiendo otros espacios impostergables. La lucha contra el COVID-19 es integral. Medidas de prevención, rastreo y detección de casos; atención sanitaria a los infectados y vacunación, son parte de un todo.
Desgraciadamente el fuego nuevamente hace estragos en la Chiquitanía, los incendios parecen una maldición inacabable que solo la lluvia puede apaciguar. A pesar de las acciones para instalar la Comisión Agraria Departamental, ante el desconocimiento grosero y falaz del gobierno, la misma sigue inactiva. Una cumbre, el anuncio de un bloqueo y una acción legal no han sido suficiente para desbloquear el embuste del INRA. La última convocatoria a la CAD en la sede del INRA, cancelada ante el acecho de la violencia, demuestra que el discurso visceral y polarizador no resuelve los problemas, por el contrario atiza la confrontación con efectos perturbadores. Un tiro en el pie.
La problemática de la tierra requiere un abordaje más amplio y un enfoque transversal. El reduccionismo de responsabilizar exclusivamente a los interculturales de todos los males, puede llevarnos a la autocomplacencia discursiva, pero también a desaprovechar una oportunidad vital para revisar nuestro compromiso con el cambio climático. Los enormes recursos naturales y la vocación productiva de Santa Cruz, nos obligan a repensar en una economía productiva sostenible y resiliente. Aquí se define buena parte de nuestro futuro y nuestra visión de progreso.
La pérdida de liderazgo institucional y la incapacidad de articular propuestas efectivas se han hecho palpables en la ausencia de una estrategia sobre el pacto fiscal, el inexistente plan de recuperación de empleos, la pasividad en elaborar una ruta de acompañamiento del censo, la carencia de un programa que ayude a las familias que sufren la brecha digital, el abandono de la región metropolitana, la nula actuación contra la inseguridad creciente, el tímido fortalecimiento provincial y la falta de un proyecto de implementación plena del Hospital Óscar Urenda en Montero.
En algunos de estos temas pudiera ser clave el papel del vicegobernador, un cargo que estrena el gobierno departamental, pero que parece condenado a la irrelevancia después de la aprobación de la ley de organización del ejecutivo que le dejó sin facultades.
El diferimiento de la propuesta de federalismo y la retoma de la agenda de profundización de la autonomía, evidencia un gobierno que no logra definir un horizonte propio, preso de las indecisiones, los vaivenes, impulsos y retrocesos, sostenido por golpes de efectos como si se tratara de un proyecto artificial.
La gestión no se alimenta de soflamas, de discursos ni de promesas; la gestión solo se nutre de hechos. Gobernar requiere actuar; sin acciones, las palabras acaban siendo solo eso, ruido. Los cruceños hemos oído ya muchas palabras, muchas promesas, muchos desafíos, en estos cien primeros días, mucho ruido y pocas nueces.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
