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Detenciones arbitrarias, despidos ilegales de vocales, leyes persecutorias: el abuso de poder se hereda en Bolivia

Los editoriales de El Deber y Página Siete, además de una nota informativa de Los Tiempos, exponen casos concretos de abusos del actual gobierno.

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El Deber – Justicia para Schlink y Orellana

Las detenciones del ex viceministro del Tesoro Carlos Schlink y del ex funcionario de Entel Juan José Orellana son expuestas por El Deber, en su editorial de este viernes, como dos ejemplos atroces del abuso de poder del gobierno a través de autoridades policiales, fiscales y judiciales. Ambas detenciones se produjeron, en fechas distintas, en el aeropuerto de Santa Cruz sin que los afectados se hayan enterado de que existían alertas migratorias en su contra. Nunca recibieron una notificación formal como establece el procedimiento penal. Tomaron conocimiento de que el Ministerio Púbico había tomado medidas en su contra cuando el primero emprendía un viaje de luna de miel y el segundo se disponía a realizar un viaje de vacaciones.

Schlink y Orellana fueron trasladados a La Paz y encerrados en el penal de San Pedro. Un mes después, el ex viceministro logró que su encierro sea en su domicilio de Santa Cruz. Tristemente, El Deber anota que “se trata probablemente del primer caso de una exautoridad del Gobierno de transición detenida que consigue el beneficio, si se puede calificar así”, en una suerte de suspiro cuando las detenciones preventivas deberían ser el último recurso en casos de alta gravedad. Orellana no tuvo la misma suerte y permanece encarcelado en San Pedro pese a que no existe evidencia alguna de que pudo haber cometido un delito en las tres semanas que trabajó en Entel, también el gobierno transitorio.

Orellana, un joven cruceño ingeniero de sistemas, recibió en su cuenta 41.000 bolivianos por un finiquito irregular dispuesto por Elio Montes, alejado de la Gerencia General de Entel por actos de corrupción. Orellana devolvió el dinero que no solicitó pero sigue con detención preventiva en la cárcel paceña. “Lo correcto sería que tanto Orellana como otros detenidos sean juzgados en libertad, como corresponde legalmente. La justicia suele beneficiar rápida y fácilmente a detenidos cercanos al Movimiento Al Socialismo, pero no así a ciudadanos que no son parte de ese partido ahora en función de Gobierno”, concluye el editorial de diario cruceño.

Página Siete – El Órgano Electoral bajo asedio

Otro ejemplo del abuso de poder del masismo es analizado por el editorial de Página Siete. Se trata de al menos cinco ataques contra el Órgano Electoral desde que Luis Arce asumió la presidencia del país, pero destaca dos que son graves y muestran hasta donde está dispuesto a llegar el poder político para controlar la institucionalidad democrática de los bolivianos. La remoción vía decreto de seis vocales electorales departamentales, designados como manda la Ley por la expresidenta Jeanine Áñez, y la cesación de cuatro de los cinco vocales del Tribunal Departamental del Beni mediante un fallo del Tribunal Constitucional.

Página Siete recopila las expresiones de preocupación de Diego García Sayán, relator de la ONU para la independencia de magistrados y abogados; de José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch y de 13 instituciones de la sociedad civil de Bolivia. “Pero (…) en el país no hubo mayor remezón, pese a que se está poniendo en juego la transparencia de futuros procesos electorales. Tal vez la lejanía de nuevas elecciones nacionales sea motivo de tranquilidad de los actores políticos, pero el desmontaje ya está en marcha para llegar a futuros comicios con tribunales electorales azules”, advierte el diario de La Paz.

Y después de retratar ataques directos de un diputado del MAS contra el expresidente del Tribunal Supremo Electoral Salvador Romero y contra los nuevos conductores de ese alto tribunal, Página Siete sostiene con cierto sarcasmo que “no sería de extrañar que algunos vocales nacionales que fueron destituidos bajo la acusación de fraude electoral, sean restituidos en sus cargos, ahora que la Fiscalía cerró el caso y dispuso su sobreseimiento”. Más allá de la ironía, queda claro que los abusos de poder del gobierno del MAS no encuentran hasta ahora una respuesta decidida de partidos y organizaciones de oposición.

Los Tiempos – Escuchas telefónicas sin orden judicial

El periodista Wilson Aguilar del periódico Los Tiempos informa este viernes que la Ley que otorga poderes ilimitados a la Unidad de Investigaciones Financieras, sancionada la madrugada de este jueves por el Senado, prevé en otras atribuciones discrecionales que esa entidad pueda disponer y coordinar escuchas telefónicas de cualquier persona en el país sin que exista una orden judicial, solo con la presunción de movimientos sospechosos de carácter financiero.

“La oposición en la Asamblea Legislativa denunció que esta ley le da un ’superpoder’ a la Unidad de Investigaciones Financieras que podrá tener acceso irrestricto y directo a las comunicaciones, cuentas bancarias e información de Derechos Reales de cualquier persona natural o jurídica, con el pretexto de indagar movimientos financieros sospechosos”, escribió Aguilar luego de anotar que la ley a ser promulgada por el presidente Luis Arce establece que puede ser modificada por decretos, normas de menor jerarquía legislativa.

El abuso del poder fue una de las marcas imborrables del régimen de Evo Morales. La administración de Luis Arce la replica pero ya no solamente contra enemigos políticos o buscando el copamiento de instituciones democráticas, sino que apunta a meterse a la vida privada de los bolivianos.


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