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¿Qué consecuencias tendrá el Informe Corchado? ¿Quién es el docente español? ¿Qué validez tiene la consultoría que dirigió?

Página Siete y El Deber explican en sus editoriales de este jueves lo que puede pasar si el informe de la consultora BISITE cobra condición de verdad. Mateo Rosales, articulista de Cabildeo Digital, retrata en ocho puntos a Juan Manuel Corchado, BISITE, el informe y las intenciones del gobierno.

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Página Siete

La pericia española busca lavar la imagen de Evo Morales. Es la conclusión del editorial de Página Siete de este jueves luego de contrastar ese ejercicio con la auditoría in situ que realizó un equipo de expertos de la Organización de Estados Americanos. Además por la actitud del cuestionado Fiscal General de darle más valor a un trabajo de consultoría que a una auditoría de carácter vinculante. Destaca dos diferencias y una coincidencia no menor: que hubo usuarios ajenos al Tribunal Supremo Electoral con acceso al sistema informático de procesamiento de resultados y la existencia de servidores externos. Veamos las diferencias.

“La pericia fue elaborada por un docente con doctorado en Ciencias de la Computación y en Inteligencia Artificial y dos estudiantes de informática, ninguno con experiencia forense electoral, mientras que la auditoría fue realizada por 36 especialistas y auditores de 18 nacionalidades, entre ellos abogados electorales, estadísticos, peritos informáticos, especialistas en documentos, en caligrafía, en cadena de custodia y en organización electoral”, anota Página Siete.

“La pericia se realizó más de año y medio después del cuestionado proceso electoral y la auditoría a los días y con base en el trabajo previo de seguimiento que hizo la OEA antes, durante y después de la elección, fruto del cual emitió un informe preliminar que alertó que había varias inconsistencias en el proceso, con lo que además coincidió la misión de la Unión Europea”. A partir de estas comparaciones planteadas por el diario paceño, queda claro que el objetivo político detrás de la consultoría es embriagar de impunidad a Evo Morales.

El Deber

El editorial de El Deber apunta a una consecuencia más inmediata, tras la presentación del “estudio privado” que es como haber llevado una tela al sastre para tener un traje hecho a medida y en el color requerido esta vez por el cuestionado fiscal Juan Lanchipa, habiendo una auditoría vinculante acordada formalmente entre Evo Morales y la Organización de Estados Americanos. “Ese es el estudio, el de la OEA, que la Fiscalía debe tomar en cuenta en el proceso, y ningún otro solicitado por encargo”, afirma El Deber.

Pero, ¿cuál la consecuencia política del trabajo de consultoría hecho a distancia? “… todo apunta a que se pretende encarcelar a los líderes políticos de la oposición, como ya lo vienen haciendo con los jefes militares de aquel año, y si según el fiscal (Juan Lanchipa) no hubo fraude, entonces probablemente darán por válidos los resultados del 20 de octubre de 2019, y con esa nueva ‘verdad’ legalizada, sellada, judicializada, se podría pretender el retorno de Evo Morales al poder, como candidato que según ese juicio habría ‘ganado’ las elecciones en primera vuelta”, sostiene el periódico cruceño.

Según El Deber, quienes podrían activar esa línea de acción política teniendo la justicia boliviana a su disposición son los exvocales electorales sobreseídos a la luz del estudio por encargo y, por supuesto, prominentes dirigentes del MAS que coincidentemente aplaudieron los resultados de la consultoría. “Así, los que hicieron el fraude pueden aparecer como las víctimas y los que lo denunciaron, como culpables. A su manera, tristemente nuestro país se ha convertido en un reino del revés”, termina el editorial del influyente diario de Santa Cruz.

Mateo Rosales – Cabildeo Digital

El abogado boliviano radicado en Madrid Mateo Rosales escribió un extenso artículo de opinión en el portal Cabildeo Digital de la periodista Amalia Pando que analiza al principal autor de la consultoría pagada por la Fiscalía General del Estado, las conclusiones del estudio privado y lo parecido que es al estudio de investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que el gobierno trató de mostrar como valedero. Aquí resumimos los ocho puntos mencionados y analizados por Rosales.

  1. Juan Manuel Corchado. Si bien fue docente en la Universidad de Salamanca, actualmente no ejerce ningún cargo de responsabilidad en la entidad académica.
  2. El Grupo de Bioinformática, Sistemas Informáticos Inteligentes y Tecnología Educativa (BISITE) es una consultora privada. Su estudio no puede establecerse como emitido o rubricado por la Universidad de Salamanca, sino únicamente por la consultora, bajo el criterio discrecional y exclusivo del equipo que emite el informe.
  3. BISITE no tiene experiencia en sistemas y procesos de integridad electoral.
  4. El informe de Corchado y BISITE habla de negligencias de NEOTEC en el manejo del sistema informático TREP, pero Marcel Guzmán de Rojas, ejecutivo de NEOTEC, afirmó el 31 de octubre de 2019 que esa empresa sólo se encargaba del flujo de información, no del conteo de votos.
  5. BISITE no investigó las acciones deliberadas halladas por la auditoría de la OEA de 2019 como la manipulación de actas, falsificación de firmas y suspensión temporal e intencionada del TREP.
  6. El informe de BISITE no contempla la falsificación de firmas y alteración de actas en los centros de votación y a través de sistemas informáticos al momento de la transmisión de datos.
  7. Las conclusiones de la consultoría no pueden ser consideradas ciertas porque es extemporánea y los parámetros de estudio pueden haber sido sujetos a muchas variaciones, manipulaciones o limitaciones de contenido por parte de los solicitantes.
  8. El gobierno masista replica el estudio de un grupo de investigadores pertenecientes al Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en marzo del 2020, pero que la oficina de comunicación del MIT negó que esa institución haya publicado dicho estudio.

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