José Antonio Rivera: “Esperamos que en su informe final el relator de justicia emita recomendaciones más precisas”
José Antonio Rivera habló sobre las propuestas del grupo de juristas independientes al relator de Naciones Unidas, el análisis de la reforma judicial y del Ministerio Público, y qué podemos esperar del pronunciamiento de Diego García-Sayán.
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Rivera es abogado por la UMSS, con maestría en derecho constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, ex magistrado del Tribunal Constitucional, catedrático de las principales universidades de Bolivia, Perú, Brasil y Honduras, además de autor de varios libros sobre derecho constitucional y derechos humanos.
“El relator tiene la función de verificar la situación del sistema judicial. Le presentamos un relato cronológico y documentado sobre el deterioro de la independencia judicial, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que la menoscabaron, como las presiones directas desde el Órgano Ejecutivo. También sobre la no implementación de la carrera judicial y la persecución selectiva con fines políticos a ex autoridades y líderes cívicos”, señaló.
El jurista dijo que todo esto “generó preocupación e interés en el relator, quien preguntó cuál sería la ruta para resolverlo. Le presentamos una propuesta de transformación de la justicia sobre la base de una reforma parcial de la Constitución por iniciativa ciudadana. El artículo 411 de la CPE prevé la reforma parcial por iniciativa legislativa por 2/3 y sometida a consulta popular, o por una iniciativa ciudadana equivalente al 20% del padrón. Por la vía legislativa hay riesgo de que se incluyan otros temas”.
Rivera remarcó que el proceso de transformación debería incluir “acciones inmediatas, mediatas y de largo alcance, sobre tres ejes. El primero es garantizar una justicia democrática, pronta, oportuna y transparente con jueces independientes e imparciales, mediante una modificación constitucional para cambiar el sistema de selección. Hemos visto la inconveniencia de la elección por voto popular. Proponemos una comisión nacional de postulaciones sobre la comprobación de idoneidad y que posteriormente la Asamblea Legislativa designe por 2/3 en un plazo no mayor a 30 días”.
“El segundo eje es un presupuesto digno. Actualmente, el Órgano Judicial recibe un 0,33% del presupuesto, lo que no permite crear nuevos juzgados ni adoptar tecnología de punta. Proponemos incorporar a la Constitución un mínimo del 3% de todo el PGE para el sistema judicial”, indicó.
El constitucionalista dijo que el tercer eje sería “garantizar el acceso universal, justicia para todos. Eso implica fortalecer la justicia indígena originaria, crear juzgados de paz en cada barrio e impulsar centros de conciliación y arbitraje, administrados por las Facultades de Derecho y los Colegios de Abogados”.
Sobre el Ministerio Público, señaló que el Fiscal General debería ser designado sobre la terna elaborada en la comisión nacional de postulaciones. Los fiscales departamentales y superiores ingresarían a un “sistema de carrera fiscal con evaluación periódica”. Otro punto sería el incremento del presupuesto, ya que hoy en día hay sólo 500 fiscales para más de 11 millones de habitantes.
“En su informe preliminar, el relator ha reflejado la situación de crisis del sistema judicial, aunque con algunas limitaciones. Propone que se enfrente el problema restituyendo la independencia judicial, sobre la base de un acuerdo nacional. Hubiésemos esperado que fuera mucho más preciso y contundente. Expresamos nuestra incertidumbre sobre la hoja de ruta que sugiere para el acuerdo nacional. Esperamos que en su informe final emita recomendaciones precisas al Estado boliviano”, subrayó.
Rivera opinó que, analizando la Constitución y los tratados, el informe sí gozaría de fuerza vinculante, contrariamente a lo que se ha alegado recientemente desde el gobierno. “Pero no esperemos que el relator solucione la crisis. A quienes nos corresponde es a los bolivianos. La transformación de la justicia está en manos de la sociedad civil”, añadió.
En el cierre, Oscar Ortiz dijo que el problema de la justicia “es un obstáculo estructural de Bolivia para el desarrollo, la consolidación democrática y los derechos ciudadanos. La politización y la corrupción han socavado las bases fundamentales de la credibilidad del sistema judicial. Sin una justicia independiente tenemos una democracia mutilada”.
