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Dos países de importancia clave se encuentran ante horas decisivas, con el riesgo de hundirse en la espiral descendente de lo que podríamos denominar el neochavismo: un prorroguismo provisto de urnas pero con una declinante separación de poderes, donde el sistema judicial sería el objetivo más obvio para un próximo asalto institucional.
En Argentina, en plena campaña electoral el kirchnerismo, ahora reciclado como massismo, impulsa un juicio contra los principales magistrados del país, evidenciando lo que pasaría si el candidato oficialista lograra hacerse con la presidencia en el balotaje del domingo que viene. Eliminar el control independiente que pueda sancionar la corrupción y los abusos de poder parecería ser el norte en una nueva fase de gobierno K.
Sergio Massa ha demostrado ser un demagogo tan hábil como camaleónico y a Javier Milei no se lo ha visto tan cómodo en los debates como en los monólogos. Así las cosas, el resultado puede ungir a cualquiera de los dos, a pesar de la deficiente gestión inflacionista del primero al frente del Ministerio de Economía.
Esperemos que, en los pocos días que restan, Milei logre reinstalar como asunto central de estas elecciones la imperiosa necesidad de desplazar del poder, ya no a una “casta” ubicua y abstracta, sino a la muy concreta y cleptocrática banda del kirchnerismo.
En España, y a pesar de haber quedado en segundo lugar en las elecciones generales, Pedro Sánchez ha ido tejiendo una exigua mayoría parlamentaria, a cambio de entregarle todo a un “separatismo” catalán apoyado por Vladimir Putin (de acuerdo a informes del Parlamento Europeo).
No sólo una amnistía inconstitucional para sus dirigentes y la condonación de la deuda pública (que será pagada por las demás regiones), sino también algo mucho más preocupante: la posibilidad de procesar a los operadores de justicia que, en cumplimiento de la Constitución, habían aplicado penas contra los impulsores de un referéndum ilegal.
De ahí que, también en España, se abra un riesgoso camino de eventual persecución contra jueces y fiscales, para beneficio de la omnipotencia del Poder Ejecutivo.
La convocatoria a nuevas elecciones, en busca de una mayoría más definida, sería lo deseable, pero no parece que vaya a ocurrir. Otra alternativa, con algo de presión desde la Corona, sería formar una gran coalición entre los dos partidos principales (fórmula ya ensayada en Alemania, con resultados aceptables), lo que exigiría cierta rebelión en las filas del PSOE contra el sanchismo.
El único liderazgo con capacidad de esto último, el presidente de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho que se opone a la amnistía y que “podría recurrir” ante el Tribunal Constitucional por el pacto fiscal de Sánchez y Junts, pero no se avizora que vaya más allá.
Urnas y fiscalización electoral serán los ejes definitorios en Argentina, mientras que en España se advierte un laberinto más complejo, donde se entretejen la movilización popular, las tensiones palaciegas y la influencia de una reticente Unión Europea, que podría hacer más para la solución de esta crisis institucional, que Sánchez intenta mostrar como “normalidad parlamentaria”.
