El presidente anunció medidas supuestamente para ayudar a quienes carecen de un empleo adecuado y de acceso al crédito. Fijar arbitrariamente el precio de dos factores de producción esenciales como el trabajo y el crédito no es novedoso. Estos son los mismos viejos controles de precios que siempre derivan en escasez y mercados negros.

La intención es lograr que los trabajadores ecuatorianos cada vez ganen más y que los ciudadanos tengamos acceso a créditos a tasas más bajas y de mayor volumen.

El código laboral parte de la idea de que es necesaria la intervención del Estado para proteger al trabajador del empresario explotador. Con esta concepción terminan diseñando regulaciones que solo se aplican a 32 de cada 100 trabajadores (32% de la Población Económicamente Activa hasta octubre de 2021). Solo un porcentaje de esta minoría de trabajadores con empleo adecuado se beneficiará del aumento del salario en $25. Otro porcentaje de este grupo será empujado hacia la informalidad por este y otros incrementos de costos que tendrán que soportar las empresas e individuos.

El aumento del salario mínimo afecta particularmente a las empresas pequeñas y medianas, que son las que generan 80% del empleo en Ecuador y la mayoría de estas no logra pagar el salario mínimo. En octubre de 2021, el ingreso real promedio de los trabajadores llegó a $283, muy por debajo del salario mínimo de $400 vigente antes del incremento anunciado.

La consecuencia no intencionada de la repetida y fracasada política de incrementar anualmente y de manera arbitraria el salario mínimo ha sido una exclusión de cada vez más trabajadores. La porción de trabajadores empujados hacia la informalidad ha crecido desde 39,7% en 2014 hasta llegar a 52,2% en octubre de 2021.

El Banco Central del Ecuador anunció una nueva metodología para seguir fijando un techo para las tasas de interés, práctica iniciada en 2007. La idea era (y sigue siendo) que si las autoridades intervienen en el mercado fijando un techo, las tasas bajarán y, consecuentemente, que si no intervendrían estas subirían.

Pero la consecuencia no intencionada es que desde que el BCE implementó los topes se han venido excluyendo cada vez más personas del mercado formal de crédito. Según Alberto Acosta Burneo, entre 2007 y 2019, el número de operaciones crediticias de la banca se redujo un promedio de 0,6% al año, mientras que el monto promedio se elevó 10,1%. Esto es, se prestó más dinero a un menor grupo de prestamistas, dejando fuera a un mayor número de personas que tuvieron que recurrir al crédito informal (“chulco”). El costo del financiamiento en este mercado puede ascender a 5% diario o hasta 1.300% anual, según un estudio de Equifax. La nueva metodología pretende mejorar la anterior al sumar componentes a la fórmula para calcular los topes, continuando así la fijación de precios fuera del mercado. Esto, sin querer queriendo, promueve el sector informal de crédito y no estimula el incremento de la oferta de crédito.

Si se desea que aumenten los salarios reales y el acceso al crédito, se requiere que haya una mayor acumulación de ahorro nacional y extranjero en el país. Para ello se requieren reformas que son contrarias a lo que ha venido haciendo el gobierno: bajar impuestos, reducir el gasto público, internacionalizar el sistema financiero y flexibilizar el mercado laboral.

¹es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador)