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Figueres contra Chaves en Costa Rica
La primera vuelta de la elección en Costa Rica se saldó con un resultado algo sorpresivo. No tanto por la victoria inicial de José María Figueres, algo que anticipaban casi todas las encuestas. Sino porque quien competirá con él en el balotaje será el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves. Figueres, que fuera ya presidente entre 1994 y 1998, viene de una tradicional familia política costarricense. Es hijo de José María Figueres Ferrer, quien se levantó en armas y salió victorioso de la guerra civil del 48, fundó la Segunda República y pasó a la historia como el presidente que abolió el ejército en Costa Rica.
Para entender un poco mejor el contexto de esta elección hablamos con Luis E. Loria, reconocido analista y consultor local, a quien trasladamos dos preguntas.
– ¿Quién fue el gran ganador, y quién el gran perdedor de esta elección?
– Los grandes ganadores fueron el Partido Liberal Progresista (PLP), liderado por Eliécer Feinzaig, y el Frente Amplio (FA), liderado por José María Villalta. Ambos partidos, ubicados en extremos opuestos en términos ideológicos, con el PLP de corte liberal y el FA bastante hacia la izquierda con afinidad al socialismo del Siglo XXI, lograron elegir a 6 diputados, cada uno, lo cual equivale a un 10% de los votos en un Congreso unicameral de 57 diputados. Tanto el PLP como el FA lograron sumar importantes apoyos entre los electores jóvenes, con campañas llamativas y creativas.
El gran perdedor de la pasada elección fue el Partido Acción Ciudadana (PAC). Su candidato, Welmer Ramos, no alcanzó ni un 1% de los votos y el partido perdió su representación en el Congreso, al no lograr elegir diputados para el periodo 2022-2026. Se trata de un resultado desastroso para el PAC, después de lograr llevar a la presidencia de la República a Luis Guillermo Solís (2014-2018) y a Carlos Alvarado (2018-2022).
– ¿Cómo definiría para alguien de fuera de Costa Rica a los dos candidatos que van a disputar la segunda vuelta?
Para la segunda vuelta electoral, que tendrá lugar el 3 de abril, los costarricenses tendrán que elegir entre José María Figueres y Rodrigo Chaves.
Figueres tiene a su favor que es una figura muy conocida y que representa al Partido Liberación Nacional (PLN), uno de los partidos tradicionales que cuenta con una sólida base de apoyo. Adicionalmente, se le reconoce la fortaleza del equipo de trabajo que lo acompañaría en el gobierno, su red de contactos internacionales y su capacidad demostrada para la atracción de inversión extranjera. En su contra juegan señalamientos a miembros de su partido por casos de corrupción y por favorecer a empresas privadas desde la función pública. El PLN, históricamente, ha sido amigo de un estado grande e intervencionista y ha estado abierto a nuevos impuestos. Para el próximo gobierno, ofrece reformas moderadas en el ámbito económico y un compromiso con una agenda ambiciosa en materia ambiental.
Chaves llegó como una sorpresa a la segunda vuelta como candidato del Partido Social Democrático (PSD), gracias a un crecimiento importante durante las últimas dos semanas impulsado por un discurso fuerte de lucha contra la corrupción, los monopolios privados, privilegios con cargo al presupuesto e, incluso, algunos ataques a la prensa. Tiene a su favor su preparación técnica y su experiencia internacional en temas relacionados con desarrollo económico. Durante la primera vuelta, Chaves fue atacado por sus contrincantes por señalamientos de acoso sexual durante su paso por el Banco Mundial y se le intenta encasillar como un líder con tendencias autoritarias. En materia de política económica, se esperaría un compromiso con la responsabilidad fiscal, eliminación de distorsiones y una relación estrecha con organismos financieros internacionales.
Castillo cambia gabinete, otra vez
El nuevo gabinete designado por Pedro Castillo ya es historia. Apenas 4 días duró el anterior presidente del Consejo de Ministros del Perú, Héctor Valer. El sábado presentó la renuncia al cargo provocando un nuevo sacudón en el gobierno y volviendo a poner sobre la mesa el tema de la continuidad de Castillo. En un editorial publicado al día siguiente, el diario El Comercio de Lima calificó al malogrado primer ministro como “una persona confrontacional, autoritaria, misógina y con gravísimas denuncias en su haber”, cuya designación “ilustra el nivel de desconexión, desfachatez e incompetencia del jefe del Estado”. Además, el texto sentenció que “la presidencia de Pedro Castillo es insostenible”.
La voz local. Para tener otra opinión sobre la permanencia del mandatario peruano en su cargo, fuimos hasta Lima para consultar al amigo José Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. José nos dijo que “los políticos en Perú nunca mueren. Esta ilusión de que se va a ir, de que va a renunciar, es solo eso, una ilusión. Castillo no va a caer. Se va a quedar todo lo que pueda. Es lo que está haciendo. No hay mucha sorpresa con eso. Dudo que haya en este momento una vacancia, es imposible. En cambio va a tratar otra vez de darle ministerios a otro sector de la izquierda progresista. Imagínate: otra vez la centro izquierda progresista con Castillo en el poder. Y esto va a durar mucho tiempo. El país va a quedar empantanado y en mediocridad absoluta, porque no hay fuerzas que puedan sacar a Castillo. Y lo peor es que si esto sigue así, se fortalecerá la idea de la necesidad de un cambio radical, es decir, de una Asamblea Constituyente”
Olla a presión. Beteta aseguró que “La asamblea constituyente es un peligro, porque por más que sea inventada, por más que no sea necesaria, en la cabeza de la gente se ha convertido en una especie de verdad. Y es una olla a presión. Además de todo “el congreso está dividido. No tiene agenda, no tiene liderazgo. No tiene una propuesta alternativa, no tiene una reforma constitucional, no tiene reformas sólidas, duras, que plantear. Carmen Alva -Presidenta del Congreso- no lidera el Congreso. Ella es simplemente una mujer con valores, con ética, que está parada allí conteniendo. Pero eso no es suficiente”.
José concluyó su aporte a Mirada Sur diciendo cómo cree que va a seguir el rumbo del país: “yo lo veo así, más centroizquierda progresista, más progresistas en el gabinete. Ojalá moderando un poco el discurso de Castillo.”
Ortega se desquita con universitarios
La represión que ejerce el gobierno de Daniel Ortega sobre la población nicaragüense no cesa. Por el contrario, arrecia. Ahora el centro de sus ataques son los estudiantes universitarios. El Congreso de Nicaragua, dominado por el oficialismo sandinista, votó el pasado 2 de febrero el cierre de cinco universidades y la cancelación de su personería jurídica. El argumento dice que las citadas instituciones habían violado la ley contra lavado y terrorismo, al no reportar estados financieros. Mismo argumento empleado por el gobierno para explicar el encarcelamiento de 46 opositores, entre ellos siete candidatos a la presidencia, en los meses previos a las polémicas elecciones de noviembre, donde Ortega selló su cuarto mandato consecutivo. Con estas clausuras, suman 80 las organizaciones civiles sin fines de lucro ilegalizadas desde 2018.
Represión. Menos de una semana después, el 7 de febrero, el Congreso aprobó las leyes para que las universidades clausuradas pasen a manos del Estado. Una es la Universidad Politécnica (Upoli), de marcada postura opositora al gobierno. En 2018, muchos estudiantes de esta casa , formaron parte importante en las protestas contra el régimen, las que provocaron una violenta respuesta de parte del gobierno que acabo con la vida de más de 300 personas y precipitó el actual estado de represión. Además de las medidas anteriores, también redujo presupuestos determinados por ley a Universidades estatales que se han manifestado críticos a la gestión. Tal es el caso de la Universidad Centroamericana (UCA) a la cual le aplicó un recorte por cuarto año consecutivo. Así se refirió el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos a este asunto : “el régimen Ortega-Murillo continúa su estrategia de exterminio generalizado”.
Integridad nacional. En un juicio a puertas cerradas, el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa, fue condenado el martes a 8 años de prisión, acusado de haber conspirado para cometer “menoscabo a la integridad nacional”. Al día siguiente le llegó el turno al periodista opositor Miguel Mora, con una condena de 13 años por el mismo delito. Ambas sentencias se dieron en el marco de proceso de limpieza de líderes opositores que viene ocurriendo desde principios del año pasado. Mora, que había sido candidato a presidente representando al opositor partido Restauración Democrática, ya había sido encarcelado entre diciembre de 2018 y junio de 2019, bajo los cargos de”fomentar e incitar al odio y la violencia” y de “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”, todo relacionado con las protestas antigubernamentales.
Droga adulterada mata en Argentina
Usted dirá, ¿qué tiene que ver el presidente Alberto Fernández con un caso de cocaína adulterada? La verdad, en principio nada. Pero la foto oficial de Fernández durante su reciente y polémica visita China, con esa sonrisa pretendidamente espontánea, y casi de cantante melódico al estilo Sandro, distribuida además por la propia oficina de la Presidencia argentina, era demasiado buena para dejarla pasar.
Pero vamos a la noticia. Al menos 25 personas murieron esta semana en Argentina, y otro medio centenar terminaron hospitalizadas, tras consumir cocaína adulterada con un derivado del opio, que se suele usar como anestésico para elefantes y grandes animales, que se había distribuido en barrios marginales cercanos a la capital Buenos Aires. No existen antecedentes de episodios similares ni en Argentina, ni en países cercanos, lo cual encendió la alarma en toda la región sobre la eventualidad de que embarques adulterados de igual forma pudieran estar circulando en otros países.
La tragedia pudo haber sido mucho mayor, si las autoridades no lograban confiscar unas 400 dosis de la cocaína adulterada en el asentamiento Villa Puerta 8 y casi 20.000 dosis en el barrio de Aquino, ambos en la periferia noroeste.
La voz local. A nivel regional, no es habitual que Argentina sea mencionada como un país con problemas de narcotráfico significativo. Entonces, para entender mejor por qué ocurrió esto, hablamos con Alejandro Bongiovanni, de la Fundación Libertad.
– “Argentina hoy ya no es sólo un distrito de mero tránsito sino también de producción de droga, al menos para lo que se denomina “narcomenudeo”. Rosario es un claro ejemplo de este problema. Bandas que rivalizan por los monopolios de ciertos territorios y utilizan la violencia más cruda no sólo para eliminar competidores sino para dar mensajes de estética macabra: los homicidios son expresamente crueles y a plena luz del día, para que no queden dudas de la demostración de fuerza. La violencia narco se instaló con total facilidad por la apatía e inacción de una clase política que no estuvo a la altura de la problemática, con excepción del trabajo realizado durante la gestión de Bullrich a cargo de la cartera de Seguridad de la Nación. El gran problema es que Argentina carece de recursos y decisión política para combatir al narco, que ha permeado entre las fuerzas de seguridad, la justicia y hasta alguna parte del sector privado”.
– ¿Qué puede hacer un gobierno para evitar episodios como éste?
– “Acaso Argentina tiene varias ventajas comparativas para solaz del negocio narco. Fronteras porosas, largas rutas y vías navegables difíciles de controlar, un sistema institucional anémico, una justicia gangrenada de corrupción, un sistema de partidos políticos que permite financiamientos turbios y, vale decirlo, décadas de una cultura que homologaba seguridad pública con represión antidemocrática y se rasgaba las vestiduras con el ejercicio de la fuerza legítima del Estado”.
“La guerra contra el narco es una tarea titánica y compleja que no parece dar demasiado resultado en ningún lado. Acaso el objetivo no sea eliminar las drogas (cuya demanda parece sostenerse en todo el mundo) sino eliminar la violencia vinculada al consumo y venta. El problema es que Argentina es un país quebrado que no tiene recursos para ningún tipo de política pública, ni represiva, ni de minimización de daños. El consumo de chicos “ni, ni” que ni estudian ni trabajan, la cooptación de niños para que sean soldados del paco, el aumento del poder de los “empresarios” narco se debe a que la economía argentina está totalmente rota. El narco es uno de los pocos negocios que funcionan. Más allá del debate entre las políticas represivas o de minimización de daños (me inclino por las últimas) creo que si Argentina no ordena la macro, no hay mucho para hacer ni en un sentido ni en otro”.
Libertad de prensa bajo ataque
Esta semana se conoció la nueva edición del índice de democracia de la revista The Economist, que mostró que América Latina fue la región del planeta con mayor caída en este “ranking”. Uno de los motivos podría ser la precaria situación de la prensa regional que, además de enfrentar los desafíos por todos conocidos de la era digital y la competencia injusta con plataformas como Facebook y Google, debe lidiar con la presión de políticos y gobiernos. Esta semana tuvimos tres ejemplos bien claros de eso.
El primero ocurrió en México, donde el presidente López Obrador, que siempre ha tenido una actitud entre prepotente y victimista con la prensa, dedicó una de sus conferencias “mañaneras”, a despotricar contra una de las profesionales más respetadas del país, Carmen Aristegui. “Conocí gente que veía en Carmen Aristegui el modelo de comunicación a seguir. La paladina de la libertad (…) era muy venerada”, sin embargo -dijo- “a la hora de las definiciones, se fue, o así pensaba siempre, pero simulaba, está a favor del bloque conservador”, sentenció. “Gritan como pregoneros cuando se trata de atacarnos y callan como momias cuando se trata de defender a la mafia del poder”, dijo López Obrador, desatando una ruidosa polémica, en un país que tiene una de las tasas de asesinatos de periodistas más altas del mundo.
Esta misma semana, en Venezuela se concretó la expropiación de la sede del diario El Nacional, el último que resistía los embates del gobierno y mantenía una cierta independencia del chavismo. Un juicio sin ningunas garantías obligó a los dueños del periódico a entregar el edificio a Diosdado Cabello, como “compensación” por haber replicado un informe del diario ABC de España que indicaba que el líder chavista era investigado por Estados Unidos por narcotráfico. Con esta acción, se consolida el cerco del chavismo sobre cualquier esbozo de prensa independiente.
Pero incluso en Uruguay, país que según el ranking de The Economist es la única “democracia plena” de América Latina, han habido problemas con la prensa. Esta semana una fiscal y una juez autorizaron un allanamiento contra una radio local y la casa de un periodista, buscando requisar equipos y archivos que permitieran identificar la fuente de unos audios clave en una investigación de una violación grupal contra una mujer. El caso desató una ola de indignación y polémica popular, en un país muy sensibilizado por casos de violencia contra la mujer. Pero el accionar de la juez va contra el derecho constitucional de reserva de la fuente que tiene todo periodista, y fue tal la reacción que el mismísimo Fiscal de Corte tuvo que hacer una conferencia de prensa reconociendo que no se había medido correctamente la implicancia de la acción judicial.
Los ejemplos, ocurridos tan solo esta semana, muestran las enormes carencias institucionales y de garantías que persisten en la región, y que en buena medida son un freno para la consolidación de sistemas democráticos fuertes, que den garantías para un desarrollo económico e individual sostenido y sostenible de las personas. Como dijo la periodista mexicana Carmen Aristegui en su respuesta al presidente López Obrador, “el ejercicio del poder requiere miradas críticas y requiere ejercicios que no resultan simpáticos al poder. Eso es parte de la naturaleza democrática”.
Así cerramos otra edición de Mirada Sur. Esperamos que le haya sido útil. Esta newsletter es parte del nuevo Centro de Atlas para América Latina (CLA).
Martín Aguirre | Director El País, Uruguay, y Advisory Council member, Center for Latin America
Rodrigo Caballero | Editor
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
