Mirada Sur LXXXVII: Brasil define, Petro en caída, Bolivia, Paraguay y hackers
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- Choque de titanes en Brasil
Y llegó el momento. En apenas dos días, los brasileños acudirán a las urnas para definir el futuro del país, en una decisión que claramente tendrá impacto en toda América Latina. Se enfrentan dos liderazgos totalmente en las antípodas. Por un lado el actual presidente Jair Bolsonaro, un hombre con claras ideas conservadoras en lo social, pero que de la mano de su ministro de Economía Paulo Guedes, ha seguido una agenda de reformas liberales en lo económico. Por otro, el ex presidente Lula da Silva, de alguna forma “padrino” de los grupos de izquierda y ultraizquierda regionales, bajo cuyo gobierno Brasil vivió momentos de gran éxito y profundo fracaso en lo económico, además de protagonizar lo que seguramente sea el escándalo de corrupción más grande de la historia de su país.
Este viernes de noche, ambos candidatos se enfrentarán en el último debate nacional, televisado por la cadena Globo, oportunidad final de torcer el rumbo de una campaña que está mostrando una paridad impactante. La mayoría de los sondeos de última hora concuerdan en dar una ventaja promedio de cinco puntos en favor de Lula da Silva. Pero los fuertes errores cometidos por estas empresas en la primera vuelta electoral, donde todos sobreestimaron la votación de Lula, pero sobre todo subestimaron la de Bolsonaro, hacen que los analistas anticipen un final muy parejo. Los expertos en opinión pública han recordado que los resultados en segundas vueltas suelen ser más fáciles de anticipar que en las primeras. Pero también que ha habido un movimiento de rechazo de parte de partidarios de Bolsonaro a las encuestas, que ello puede incidir en las predicciones.
Tensión. El clima parece haber cambiado drásticamente durante este mes de campaña “extra” en ambos cuarteles de candidatos. Durante las primeras semanas, fue el comando de Bolsonaro el que se mostró más optimista y con más pujanza para dar vuelta el resultado. Pero en los últimos días, el entorno de Lula es el que parece haber tomado la iniciativa. El caso de un ex aliado de Bolsonaro que atacó a la policía al resistirse a un arresto, así como algunos reveses del actual presidente en su pelea con el Tribunal Supremo Electoral, habrían sido clave para cambiar el ánimo en esta recta final.
Economía. Bolsonaro ha apelado en las últimas horas a los buenos números económicos que viene mostrando Brasil en este mes. El desempleo ha bajado al 8,7% el menor en más de una década, y los datos de crecimiento e inflación están mostrando cambios positivos. Por el lado de Lula, éste ha prometido respetar los equilibrios económicos, y se ha mostrado cercano a las posturas de los sectores religiosos. Pero ante un panorama tan parejo, lo que ocurra en el debate de esta noche parece que será definitorio. Según relevamientos de última hora, siete de cada diez votantes, observarán el debate para confirmar su postura. Si el amable lector de Mirada Sur extraña en esta “pastilla” las opiniones de expertos amigos, es tanta la ansiedad que se vive en Brasil que preferimos incomodarlos para analizar el “día después” de los comicios.
2. Se derrumba popularidad de Petro
El flamante presidente colombiano, Gustavo Petro, asumió en medio de una masiva expectativa, sobre todo mediática e internacional. Se trataba (vaya originalidad) del “primer gobierno de izquierda” de la historia del país. Y el mandatario prometía estremecer las raíces de Colombia, para volverlo un país más justo e igualitario. Pero a pocos meses de haber asumido, el apoyo popular a Petro ha caído en picada. E incluso han habido ya manifestaciones y protestas en contra de algunas de sus reformas.
La encuestadora Invamer, una de las firmas más respetadas de opinión pública, reflejó una caída del 10% en la aprobación de Petro. Pero, más que la caída en la aprobación, el punto clave parece estar en un aumento significativo del rechazo. Al inicio de su gobierno sólo un 20% de los colombianos decían rechazar a Petro. La cifra se ha duplicado en dos meses.
Esta situación ha llevado a que varios analistas comparen la situación de Petro con la de otro presidente regional, el chileno Gabriel Boric. Las similitudes saltan a la vista: dos gobernantes de izquierda, pero además de una izquierda populista, de alguna manera insurreccional, que llegan al poder por las urnas prometiendo cambios drásticos en las sociedades de sus países, y medidas gubernamentales que cerrarían heridas de décadas, y generarían en poco tiempo países casi idílicos. Pero a los que el choque con la terca realidad, genera un rápido divorcio con la opinión pública. Para no quedarnos con análisis externos, fuimos a hablar con una voz experta local, Andrés Espinosa Fenwarth, miembro del Consejo Directivo del Instituto de Ciencias Políticas de Colombia.
– ¿Qué explica la rápida caída de apoyo a Petro?
– De acuerdo con la más reciente encuesta de opinión Invamer, la percepción de los colombianos muestra un deterioro en los primeros meses de la administración del presidente Gustavo Petro de 48 a 64 puntos, equivalente un aumento de 27 puntos en este breve periodo. Para los colombianos, el principal problema que explica este deterioro tan fuerte es la economía, cuya desaprobación aumentó de 61 a 80 puntos. A pesar de los mensajes recientes sobre el respeto de la regla fiscal, el manejo prudencial de la economía y el rechazo al control de cambios sugerido por el jefe de Estado, del ministro de Hacienda, Jose Antonio Ocampo, se necesitan medidas tangibles para estabilizar estos elementos en el corto plazo. La ausencia de certidumbre política, la falta de coherencia al interior del Gobierno y los trinos del presidente Petro contribuyen a minar la confianza en Colombia. La débil posición de equilibrio externo de Colombia y una retórica política oficial “menos favorable al mercado” han provocado un desempeño inferior de los activos colombianos frente a las economías de referencia.
– ¿Qué medida concreta ha priorizado en el inicio de su gestión?
– Para la administración Petro, la prioridad en sus primeros 100 días de Gobierno ha sido, a nivel político, la consolidación de una coalición política en el Congreso Nacional que le permita hacer de manera rápida las numerosas reformas propuestas en campaña. De ellas, la prioridad en lo económico ha sido el trámite de una nueva reforma tributaria que, en principio, buscaba recaudar el 5% del PIB, ahora reducida a 2.2% PIB. La elevada carga tributaria propuesta a las empresas, al sector minero-energético y a las personas naturales, ha despertado enorme oposición, por su negativo impacto en materia de crecimiento económico e inversión productiva. La semana entrante entra el proyecto de reforma tributaria a segundo debate en el Congreso. Actualmente continua el fuerte cabildeo para aterrizar una reforma impositiva que, en su concepción original, es considerada expropiatoria y perjudicial para el buen desempeño de la economía nacional.
3. Paro masivo y negociación en Bolivia
El clima político en Bolivia se encuentra en punto de máxima crispación. EL departamento de Santa Cruz, zona históricamente hostil al poder de la capital, y en particular a los gobiernos del MAS de Evo Morales y el actual presidente Arce, se encuentra inmerso en un paro total e indefinido desde hace una semana. ¿El motivo? La demora por parte del gobierno de implementar un censo. Los manifestantes aseguran que existe un subregistro de la población en esta región del país que ha derivado en menor asignación de recursos y participación en el Parlamento. Sin embargo, el Gobierno de Luis Arce ha decidido demorar el procedimiento. La decisión ha generando fuertes enfrentamientos entre oficialistas y opositores, en las que se ha producido al menos un muerto.
Al momento de redactar esta edición de Mirada Sur, gobernadores, alcaldes y rectores de toda Bolivia se reunían en la ciudad de Cochabamba en el denominado “Encuentro Plurinacional por un censo con consenso”. Los gobernadores de los departamentos de La Paz, Pando, Chuquisaca, Beni, Potosí, Cochabamba, Tarija y Oruro participarán de esta “cumbre”, pero el gran ausente será justamente el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que inicialmente había manifestado que asistiría, pero luego se retractó afirmando que será “una reunión de masistas”.
¿Por qué ocurre todo esto? ¿Cuál es el trasfondo de esta polémica? Se lo preguntamos al economista y analista local, Roberto Laserna, que nos decía lo siguiente:
“La demanda por un Censo Nacional en 2023 se debe a la importancia decisiva que tienen sus datos para la asignación de recursos públicos a las regiones y municipalidades, y para la asignación de escaños parlamentarios a las regiones. El último censo fue en 2012 y se lo considera de mala calidad, por lo que se espera que un nuevo censo corrija sus errores e incorpore los cambios demográficos de los últimos años. Adicionalmente, hay un problema serio de confianza en el gobierno. Si bien el padrón electoral es independiente del censo, éste permite estimar la cantidad de votantes y puede ser un parámetro de verificación de la calidad del padrón. Las comparaciones entre ambos han mostrado hasta ahora grandes discrepancias. El hecho de que el gobierno no muestre voluntad para depurar el padrón electoral, y tampoco para realizar el Censo el 2023, después de haber prometido su realización este año, erosiona aún más su credibilidad”.
Otro analista y lector asiduo de Mirada Sur, José Rafael Vilar, nos explicaba que “Lo fundamental es que si hay resultados del Censo en 2024 (censo en 2023 y presión para resultados), sabríamos cuántos realmente viviríamos en Bolivia y, sobre el famoso padrón de 2009, sabríamos —con exactitud— cuántos podríamos votar en Bolivia. Pero si el Censo fuera en 2024, y sus resultados en 2025 o 2026, “se patea la pelota” para las elecciones de 2030 y todo podría suceder en elecciones”.
Para cerrar, Laserna nos explicó que “Luis Arce llegó a la presidencia con una votación muy sólida y con la clara promesa de promover la conciliación política y moderar la polarización. La gente percibe que hace lo opuesto, es decir, que agudiza los conflictos concentrando su atención en el control de su partido, donde el rival es Evo Morales, y no busca acuerdos con la oposición. En esa dinámica, se aleja cada vez más de la imagen de un gobernante moderado e incluyente para asumir el rol de un agitador partidista”.
4. Muere cabecilla de grupo guerrillero
Osvaldo Villalba, alias el Comandante Alexander, uno de los principales cabecillas del grupo terrorista Ejercito del Pueblo Paraguayo, fue abatido el pasado domingo a unos 300 kilómetros de Asunción. Su muerte, a manos de la Fuerza de Tarea Conjunta, un equipo militar y policial creado en 2013 para combatir a la guerrilla, representa el golpe más fuerte que el gobierno le ha dado al grupo insurgente desde su aparición, en 2008. Junto a Villalba, por cuya cabeza el gobierno ofrecía 15.000 dólares, también fueron muertos otros dos integrantes de la banda: Luciano Argüello y un miliciano identificado con el nombre de Simón. El propio Presidente, Mario Abdó Benítez, fue quien dio la noticia a la población y destacó que el hecho logró consumarse “después de un año y más de trabajo de inteligencia”. Además, formuló “un llamado para que haya paz en el Paraguay” e instó a los rebeldes a entregarse. “Que depongan las armas y nosotros le damos todas las garantías de someterse al debido proceso”, aseguró el mandatario.
Un clan familiar. Según las autoridades locales, el EPP es un grupo pequeño, casi un clan familiar, que no llega a sumar más de un centenar de miembros. Aún así, a punta de secuestros y asesinatos, han logrado sembrar el terror en el Paraguay. Comenzaron a operar hace 14 años en Concepción, una rica zona ganadera en el centro del país, y desde entonces se le atribuyen 74 muertes entre civiles, militares y policías. Su manera de trabajar es similar a la de las guerrillas rebeldes latinoamericanas de ideología marxista, como las colombianas Farc, el Partido Comunista Militarizado (ex Sendero Luminoso) en el Perú o el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en México. De hecho, los primeros líderes del grupo recibieron entrenamiento y preparación militar de parte de varios de estos grupos guerrilleros regionales.
Al igual que ellos, reivindican las expropiaciones y el blanco de sus secuestros suelen ser empresarios, banqueros y terratenientes. Tales crímenes son su principal fuente de financiación. También dirigen sus ataques hacia policías, militares y autoridades gubernamentales. Uno de los casos más sonados es el del exvicepresidente Oscar Denis, quien fue secuestrado por el EPP el 9 de setiembre de 2020 y nunca más se supo de él.
Por qué importa. En lo que va de 2022, los principales grupos guerrilleros de la región han sufrido importantes bajas. Quizá la más notoria ha sido la del histórico Ivan Márquez, jefe de la Segunda Marquetalia, en territorio venezolano. Si bien su fallecimiento no ha sido del todo confirmado, existen serios indicios de que “El Comandante” está muerto o bien fuera de combate. Otro pesado cabecilla que encontró un final violento fue el líder de las disidencias de las Farc, Miguel Botache Santanilla, alias “Gentil Duarte”, ultimado en una maniobra con explosivos en una zona fronteriza con la vecina Venezuela. Su muerte fue atribuida por el entonces ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, a “un enfrentamiento entre ellos mismos, entre esos grupos de traficantes y terroristas”. Sin embargo, los guerrilleros acusaron al “Estado colombiano junto a la Embajada de los Estados Unidos” de haberlo “asesinado cobardemente mientras dormía”. También cayeron este año los cabecillas Seuxis Paucias Hernández, alias “Jesús Santrich”; Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña”, y Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa”.
5. La amenaza del “terrorismo digital”
La amenaza hacker no cesa. Dos ediciones atrás, informábamos sobre la invasión a los sistemas informáticos que sufrieron empresas mineras y petroleras, así como organismos gubernamentales en diferentes países de América Latina. Millones de documentos con información sobre planes militares, informes de inteligencia y demás secretos de Estado, fueron revelados. La finalidad de estas maniobras, aseguraron los autores, sería desestabilizar instituciones y gobiernos por considerarlos responsables de los problemas ambientales que aquejan a la región y de oprimir a las poblaciones nativas. Pero también es una manera contundente de mostrar sus músculos atrás del objetivo principal: lucrar mediante la extorsión.
Trasfondo. Los casos de ciberataque a los gobiernos latinoamericanos comenzaron en abril de este año. La banda pirata Conti, de origen ruso, tomó el control del sistema del Ministerio de Hacienda de Costa Rica y violó los servidores de otras varias instituciones, entre ellas la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Trabajo. La gravedad del golpe fue tal que el presidente recién asumido, Rodrigo Chávez, anunció un estado de emergencia nacional. Los delincuentes pidieron 10 millones de dólares para no causar daños, tras lo cual el gobierno de los Estados Unidos salió inmediatamente al cruce ofreciendo 15 millones a quien pudiera brindar cualquier tipo de información sobre la pandilla atacante.
Apenas un par de semanas atrás, los secuestradores de datos entraron en Perú, Chile y México. El grupo autodenominado Guacamaya hackeó información sensible de los tres gobiernos, que luego fue revelada al público en un sitio web desarrollado para tal fin. En este caso no hubo extorsión económica sino que se trataron de maniobras de desprestigio. La más reciente: el domingo 23, los piratas asaltaron los servidores del Ministerio de Salud de Argentina y revelaron, entre otras cosas, una estrategia del gobierno de Alberto Fernández para subsidiar un programa de TV con los personajes más notorios de la farándula local a cambio de que elogien la gestión de la cartera. También difundieron supuestas listas de portadores del VIH en el país.
La voz del experto. Para entender mejor este fenómeno consultamos en Montevideo, Uruguay, a Agustín Vázquez, especialista en ciberseguridad. Agustín nos dijo que “existen múltiples factores que son caldo de cultivo para este escenario que se está viviendo: digitalización, convergencia de comunicaciones, identidades digitales, desarrollo de criptomonedas, participación de grupos de poder del lado de los ciberdelincuentes. Evidentemente las defensas están bastante atrás respecto a los atacantes. Actualmente la encriptación de archivos y la extorsión para su desencriptación se vende como un servicio para su uso por parte de gente tecnológicamente no apta”.
– ¿Qué podemos esperar para el futuro?
– Que las cosas empeoren. Si bien existen grupos de ciberdelincuentes que no siempre buscan rédito económico, la gran mayoría sí lo hace. Es un negocio extorsivo lucrativo que ha aumentado exponencialmente en los últimos años. Las sumas que se manejan son muy elevadas y el riesgo de caer es mucho menor que el de entrar a un banco con un revólver.
– ¿Qué recaudos se pueden tomar?
– Hoy el hincapié está en el “user awareness”. Ese es el talón de Aquiles de la ciberseguridad. Hay que tomar conciencia que estamos conviviendo con este problema. Que tenemos una identidad digital a la cual debemos cuidar. No hay que regalar nuestros datos en registros desconocidos. Tratar de no abrir mails que no estamos esperando. No entrar en apps de bancos o páginas de intercambio de datos sensibles desde wifi públicas. Son cosas básicas que tienen que ver con lo primero. Hay que cambiar el paradigma de que estas cosas sólo pasan en otros continentes o países. Pasan en todas partes.
6. Los 5 gráficos destacados de la semana en América Latina
Nota publicada originalmente en Mirada Sur
Martín Aguirre, Director El País, Uruguay, y Advisory Council member, Center for Latin America
Rodrigo Caballero, editor
